14 días después de que la congresista María del Mar Pizarro denunciara que Coca-Cola habría cubierto con cemento varios manantiales, el Ministerio de Ambiente recién emitió su primer pronunciamiento sobre el tema.
Contexto: Coca-Cola está tapando con cemento varios manantiales en La Calera, según denuncia María del Mar Pizarro: “Todo con vista gorda de las autoridades”
Este consistió en pedirle a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) (la que da el aval o no a Coca-Cola de seguir explotando los recursos) evaluar con rigor la concesión de agua otorgada a Coca-Cola en La Calera, Cundinamarca. La ministra encargada, Irene Vélez, advirtió que el recurso debe destinarse en primer lugar al consumo humano y no a fines industriales.
Según la funcionaria, la normativa vigente, en especial el Decreto 1076 de 2015, establece que las concesiones solo pueden prorrogarse en el último año de vigencia y, aun así, deben garantizar primero el acceso de la población al agua potable. Por ello, enfatizó que tras cuatro décadas de explotación no puede darse una renovación automática sin un análisis técnico profundo.
El Ministerio convocó para el 3 de octubre una mesa técnica y una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la CAR. En esos espacios deberán entregarse detalles sobre el estado de la prórroga, la posibilidad de abrir un nuevo trámite de concesión y la incorporación de observaciones ciudadanas; a su vez que también se revisarán los soportes técnicos y jurídicos que sustenten cualquier decisión.
Vélez subrayó que toda la información del proceso debe ser pública y reiteró que la prioridad del Gobierno será defender el derecho fundamental al agua: “El agua es para la gente”, sostuvo, al insistir en que cada decisión debe basarse en evidencia científica, el principio de precaución y criterios de justicia ambiental.
La denuncia que inició el debate
Las declaraciones del Ministerio se producen dos semanas después de la denuncia de la congresista María del Mar Pizarro, quien señaló que la multinacional había tapado con cemento varios manantiales en La Calera.
Según la legisladora, la situación se habría presentado con la “vista gorda de las autoridades” ambientales. La empresa negó la acusación y afirmó que instaló tapas sobre los nacederos para cumplir con las normas sanitarias.
Las críticas apuntan a que el embotellamiento afecta la quebrada San Lorenzo, una de las principales fuentes de agua del municipio, en el que habitantes y organizaciones ambientales sostienen que el uso industrial reduce la disponibilidad para la población.
Por otro lado, informes de la Procuraduría y de la Alcaldía local señalan que el problema de acceso al recurso responde también a la falta de infraestructura de acueducto y a un aumento de la demanda por el crecimiento poblacional.
En febrero de 2024, la administración municipal ordenó racionamientos por la reducción del caudal; mientras tanto, la planta de Coca-Cola continuaba embotellando agua para su venta comercial, por lo que las comunidades denunciaron que había agua disponible para la multinacional, pero no para los hogares del municipio.
Incluso se realizó una audiencia en la que la empresa defendió su actuación y reiteró que paga el valor establecido por las autoridades locales: once millones de pesos anuales por el acceso a los manantiales.
Otros problemas que ha tenido Coca-Cola
Este no es el primer antecedente. En 2010, la CAR encontró que la compañía había explotado nacederos durante cuatro años sin contar con licencia ambiental. En audiencias posteriores, la multinacional sostuvo que el uso era válido mientras no existiera una orden explícita de suspensión por parte de la autoridad.
Por otro lado, un informe técnico de 2023 de la propia CAR señaló inconsistencias entre los reportes entregados por Coca-Cola y las cifras reales de consumo. El documento recomendó exigir registros precisos sobre la cantidad de agua embotellada en la planta, evidenciando la necesidad de un control más estricto.
Las comunidades de La Calera insisten en que el acceso al agua potable debe ser la prioridad antes de mantener un permiso de explotación de más de 40 años. La discusión se centra en si la concesión debe continuar en manos de la empresa o replantearse en beneficio del municipio.
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