El caso de presunto acoso sexual en el que está involucrado Hollman Morris, director de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), ha dado un giro luego de que la Fiscalía General de la Nación redireccionara el proceso presentado por Lina Marcela Castillo a un despacho con asignación especial dentro del ente investigador.
Cabe recordar que Castillo denunció a Morris por presunto acoso sexual y laboral en 2019, cuando este último se desempeñaba como concejal de Bogotá y ella trabajaba en su equipo de prensa.
De acuerdo con su testimonio, el entonces funcionario le habría hecho comentarios de connotación sexual sobre su manera de vestir y, en una ocasión, le habría pedido que se sentara a su lado para luego tomarla de las piernas sin su consentimiento.
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Sin embargo, el hoy director del medio estatal respondió interponiendo una denuncia penal contra Castillo por injuria y calumnia, asegurando que las acusaciones son falsas y buscan afectar su buen nombre.
Uno de sus argumentos fue que Castillo la habría contratado para trabajar con él de manera verbal y no mediante documentos firmados, ya que le habría dicho, cuando ella trabajaba inicialmente como consejera distrital de Juventud en el Concejo Distrital de Planeación Territorial, que le pagaría “400.000 pesos semanales mientras tú te pones en la tarea de buscar noticias y prensa sobre la crisis de salud pública en Bogotá”.
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Esto llevó a que la Fiscalía, en 2023, investigara y llamara a juicio a Castillo y no a Morris, al menos en una primera etapa, en el marco de la denuncia por presunta injuria y calumnia contra el funcionario.
No obstante, el ente investigador emitió un comunicado este martes para informar que se cambiará el fiscal que lleva la investigación sobre el escrache, que ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
“La jurisprudencia también ha señalado que, en caso de que el agresor denuncie a la víctima por injuria y calumnia, es deber de la Fiscalía evaluar dicha denuncia con enfoque de género, para que esta no tenga un efecto ‘silenciador’ en las víctimas y evitar que se presuma el dolo de dañar el buen nombre o la honra del agresor cuando, en realidad, la víctima actuó en ejercicio legítimo de un mecanismo de resistencia y autoprotección”, se lee en el comunicado.
En una audiencia, la defensa de Lina Marcela Castillo solicitó la preclusión parcial de la investigación, debido a que la denunciante se había retractado de las afirmaciones realizadas en 2019, en las que indicaba que la camioneta de seguridad de Hollman Morris la había atropellado y le había generado una incapacidad de 15 días. Sin embargo, un juez negó la solicitud, al encontrarse el caso en etapa procesal.
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