Además de pagar una multa de 700 millones de pesos, el exfuncionario se comprometía a brindar asesoría técnica y acompañamiento a las comunidades de La Guajira que siguen esperando el acceso al agua.
Un juez de la República negó el principio de oportunidad al que habían llegado Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Fiscalía General. Según altas fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, esto obedeció a faltas de la Fiscalía en el procedimiento y podría poner todo el caso en riesgo.
Como parte de ese acuerdo con la justicia, López no solo se comprometía a delatar a otros involucrados, sino también a pagar una multa superior a los 700 millones de pesos y a ofrecer una serie de medidas de reparación simbólica y material dirigidas a las comunidades guajiras, algunas de las cuales ya han generado polémica.
La decisión tiene una implicación inmediata y es que todas las delaciones que hasta ahora ha hecho Olmedo López corren el riesgo de no tener consecuencias en la justicia. Justamente, hoy María Alejandra Benavides, la entonces asesora del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuvo dos declaraciones extensas en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en donde se refirió a por lo menos siete congresistas que pudieron haber cometido delitos en su interlocución con el Gobierno. Esta relación tenía el objetivo de conseguir contratos en las regiones a cambio de votos favorables para los proyectos o solicitudes del Ejecutivo.
De acuerdo con la información a la que accedió este periódico, la Fiscalía cometió errores en la argumentación para solicitar el principio de oportunidad, que le garantizaba a Olmedo beneficios penales si delataba a otras personas, incluyendo a funcionarios que estuvieran en cargos superiores. “Así como sus colaboraciones tuvieron un efecto dominó para capturar a varias personas, esta decisión también genera un efecto dominó para que todos los procesos se caigan”, dijo una fuente relacionada con la historia.
El juez aseguró que, a pesar de que los aportes de la información de Olmedo López han sido fundamentales, no fue así la sustentación de la Fiscalía General lo que llevó a que se negara el principio.
Las revelaciones de López fueron claves para la captura y órdenes de captura de altos funcionarios de Presidencia como la exconsejera de las regiones, Sandra Ortiz, y el exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, quien permanece fuera de Colombia.
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Por sus testimonios también fueron implicados en el caso ministros y exministros que todavía están pendientes de responder ante la justicia. Pero, sin el principio, esas colaboraciones quedarían en vilo y con la posibilidad de que los delatados no puedan ser acusados por la Fiscalía usando la información de López.
Este periódico conoció que la defensa de López, quien fue nombrado por el presidente Gustavo Petro como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, está trabajando en un comunicado tras la negación del principio de oportunidad. La Fiscalía no ha comunicado la decisión pero representa el mayor riesgo para el caso, que es la historia de corrupción más grande del Gobierno nacional hasta ahora. En la Corte Suprema también hay preocupación por los procesos que se adelantan allí.
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