Hasta el Puente Internacional Simón Bolívar en la frontera colombovenezolana llegaron este sábado los familiares de 38 colombianos detenidos hace más de un año, cada uno en extrañas circunstancias, por el régimen venezolano. El objetivo fue hacer un plantón con madres, padres, esposas, hijos y hermanos que están “luchando por la libertad de nuestros familiares retenidos ilegalmente en Venezuela (...) estamos unidos por un solo dolor”.
Desde el centro de Cúcuta, los familiares, vestidos de blanco, con globos, pitos y pancartas, caminaron hasta la frontera, donde se concentraron e intentaron hacer un bloqueo. “No sabemos qué más hacer”, dicen en los videos.
Pasado más de un año, han hecho casi todo: viajes infructuosos hasta Caracas, marchas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, protestas en el Congreso, huelgas, advertencias de encadenarse en edificios públicos, grupos en redes sociales, cadenas de oración y pedidos reiterados de una reunión con el presidente Gustavo Petro que no han sido atendidos. La insistencia y desesperación tienen asidero.
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Están convencidos —y así lo demuestra la evidencia hasta ahora— que sus familiares fueron detenidos arbitrariamente y que son chivos expiatorios con los que la dictadura chavista negocia políticamente con Colombia y otros países, pues también hay presos de otras nacionalidades en la cárcel Rodeo I, en las afueras de Caracas.
En ese centro penitenciario se cometen abusos de autoridad y “posibles torturas”, según varias organizaciones de derechos humanos. La historia de cómo fueron detenidos es distinta en cada caso, pero tiene elementos en común: no hay un proceso o causa judicial abierta, no les permiten su derecho a la defensa, las comunicaciones con el exterior han sido contadas con una mano y todos fueron tratados como “paramilitares” en un programa de televisión por el número dos del régimen, el ministro Diosdado Cabello, sin mostrar ninguna prueba contundente.
La cercanía del gobierno Petro con el régimen de Maduro no ha servido para que los liberen pues ni siquiera el embajador de Colombia en ese país, Milton Rengifo, ha podido ingresar a la cárcel para conocer el estado de salud de los connacionales. Aunque la Cancillería, en cabeza de Rosa Villavicencio, ha anunciado algunas gestiones, lo cierto es que este asunto parece no ser una prioridad para el Gobierno empezando por el presidente Petro.
El mandatario condena con vehemencia las detenciones en otros conflictos, como el de la Franja de Gaza, pero no comenta públicamente ni una sola palabra de los colombianos que llevan más de un año en poder del chavismo. En privado, el Gobierno reconoce que son “detenciones arbitrarias” e incluso dice que el próximo 19 de octubre podrían ser liberados algunos de los detenidos, aunque no está muy claro ese escenario, según los familiares.
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Los 38 “secuestrados”
Son 35 hombres y tres mujeres los colombianos encarcelados por el régimen, pero se calcula que son más de 2.000 los detenidos en todo el país tras las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que Nicolás Maduro se autoproclamó presidente de Venezuela, tras el fraude electoral en el que realmente ganó Edmundo González Urrutia en representación de la oposición comandada por María Corina Machado, recién laureada con el Premio Nobel de Paz.
Ante la presión internacional, la dictadura chavista, en medio de su desespero y actuar criminal, ordenó detener a cientos de personas arbitrariamente en las fronteras y otras regiones, bajo sospechas infundidas y con el objetivo de tener presos como moneda de cambio con países amigos y enemigos.
En septiembre de 2024, el cuestionado ministro Cabello dijo en su programa de televisión en vivo, con lista en mano, que “capturaron” a colombianos que querían desestabilizar al régimen con “acciones terroristas”. Al ser Colombia un país con exmilitares que pelean en otros conflictos como en Haití, Sudán o Ucrania, la primera conclusión es que se trataría de mercenarios.
Pero al indagar con sus familiares y según información reservada del propio gobierno colombiano, todo indica que no es así.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Geraldine Enciso, esposa de Danner Barajas, relató que él, un ayudante de construcción, viajó desde Facatativá (Cundinamarca) hasta el estado Cojedes, en Venezuela, para visitar a su madre, quien reside allí desde hace más de 20 años.
“Tenía cinco años que no la veía. Ahorramos para que pudiera viajar y lo hizo legalmente por la frontera en Arauca el 7 de septiembre (de 2024). Pasando el punto de migración, acompañado de un mototaxista, le dijeron que Danner estaba vinculado a una investigación para saber por qué motivos visitaba el país, pero que lo iban a soltar al siguiente día. No fue así”, dice Geraldine.
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Tras la insistencia de los familiares por su paradero, las autoridades venezolanas afirmaban desconocer que esa detención hubiera ocurrido, pero uno de los guardas les dijo que Danner estaba en Caracas. Pasaron ocho meses hasta que se pudieron comunicar con él telefónicamente por unos segundos. “Me dice que está detenido, que hiciéramos gestiones con el Gobierno, pero no pudimos hablar más”.
En julio volvieron a hablar y el tono cambió: “Estaba muy preocupado por la salud de su mamá y abuela, por las deudas y que ellos sabían que el único que podía negociar con ellos es el presidente Petro”.
La hermana de Arley Espitia, Lorena, también describe con angustia cómo fue la detención de su familiar. “Él está secuestrado desde el 13 de septiembre de 2024. Mi hermano viajó con una amiga venezolana y en el puente en Cúcuta la guardia le pidió sus documentos; llevaba todo al día, pero lo ingresaron a un cuarto para hacerle una entrevista y cuando salió no le devolvieron el pasaporte sino que se lo llevaron sin razón hasta Caracas. De ahí no volvimos a saber nada de él hasta octubre cuando el señor Diosdado Cabello mostró un organigrama en el que sale mi hermano acusado de ser un jefe paramilitar y terrorista”.
Arley era agricultor en Colombia. “En mayo pudimos hablar muy poco con él y nos dijo que no estaba en las mejores condiciones, que le daban una o dos veces agua al día, una hora al patio con capuchas y esposados. Él está enfermo, tiene gastritis y alergias en las manos y muñecas”, agrega.
De los 38 colombianos detenidos, hay otros que también están enfermos. “No están recibiendo medicamentos ni atención médica”, dice Lorena en diálogo con este diario.
También conocimos la historia de David Josué Mise, a través de su hermana Nubia. “El 22 de octubre cumple un año de secuestrado. Él era mototaxista de años allá en la frontera y estaba haciendo un servicio a un señor peruano con pasaporte estadounidense. Por ese simple hecho se lo llevaron”.
Ese peruano también fue detenido, pero hace algunas semanas lo liberaron tras gestiones de Estados Unidos. A David, en cambio, lo tienen recluido en Rodeo I. “Ni siquiera sabemos cómo se encuentra. Lo único que sabemos es que no tienen ningún tipo de proceso penal porque viajamos hasta Caracas, mi mamá fue y averiguó. No hay expediente en la Fiscalía ni en ningún lado”.
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Entre los colombianos encarcelados también está Manuel Tique, un defensor de derechos humanos capturado en Apure cuando cumplía una misión humanitaria en septiembre de 2024. Por este caso en particular, la canciller Villavicencio envió notas diplomáticas a su homólogo Yván Eduardo Gil, que no han servido hasta ahora. En total, por los 38 colombianos, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que ha enviado más de 20 notas diplomáticas. Parecen un saludo a la bandera.
La reunión cuestionada
EL COLOMBIANO conoció en primicia la grabación de una reunión a principios de octubre, liderada por la canciller Villavicencio y sus funcionarios con los familiares de los 38 colombianos detenidos. De entrada, ellos se quejan porque fueron avisados “casi que el mismo día y nos tocó asistir virtual” y lo que ocurrió dejó más interrogantes y desesperanza que respuestas y claridad.
Villavicencio admitió que son “detenciones arbitrarias”, que el embajador colombiano no ha podido ingresar a las cárceles y que saben que a los detenidos no se les ha permitido defenderse con un abogado; pero, agregó la canciller, hay otros intereses nacionales y “si se cierra la frontera es peor”.
También contó que en el evento reciente de Naciones Unidas en Nueva York se cruzó con el canciller venezolano Gil y le recordó este tema. Al momento en que iba a intervenir una de las familiares, Villavicencio dijo que tenía que irse a una reunión con el presidente Petro: “le voy a recordar este tema. Pero no sé hace cuánto no habla con el presidente Maduro”.
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La funcionaria reveló que el memorando de entendimiento a nivel comercial que fue firmado hace poco “está parado precisamente por este tema”. En esta y en otras reuniones, ha asistido Karmen Ramírez, representante a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico de la circunscripción internacional, radicada en Suiza.
Según los familiares de los colombianos detenidos, ella ha dicho que “supuestamente han tenido debido proceso en Venezuela. A ella no le consta, ella no ha ido a averiguar. Nos trató a dar de entender que nuestros familiares tenían la culpa de algo. Y nos dice que ella tuvo unos familiares detenidos y que sabe cómo son las cosas”, dice Nubia Mise, hermana de David Josué.
La reunión de los familiares con el presidente Petro fue pedida formalmente a principios de julio cuando la excanciller Laura Sarabia dejó su cargo, pero hasta ahora no han obtenido respuesta.
Sobre la fecha de liberación de algunos de los detenidos, que según ha dicho la Cancillería sería el 19 de octubre, los familiares no tienen claridad. “No sabemos por qué dicen eso. Quedaron en nada”, agrega Nubia y dice que “la señora canciller de forma grosera no nos dejó hablar, yo le dije ‘señora canciller, escúcheme’ porque este tema me pone muy sensible, ella igual se paró, me dejó con la palabra en la boca. Sentimos que estaba de cuerpo presente, pero de mente ausente en la reunión. Dijo que tenía que verse con el presidente Petro y que nos iba a dar razón. Esta es la hora en que no sabemos nada”.
Este diario le envió un extenso cuestionario al vicecanciller de asuntos multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, también al frente de este asunto, y a la congresista Karmen Murcia, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Los familiares de los 38 colombianos detenidos tampoco.
Los testimonios de los familiares
“Arley está secuestrado. No se le puede decir de otra manera”
Lorena Espieta cuenta que su hermano Arley está muy enfermo desde que fue “secuestrado” por el régimen venezolano hace más de un año. “En mayo pudimos hablar muy poco con él y nos dijo que no estaba en las mejores condiciones, que le daban una o dos veces agua al día, una hora al patio con capuchas y esposados. Él esta enfermo, tiene gastritis y alergias en las manos y muñecas”, dice con indignación. Arley era agricultor en Colombia, pero sus manos ya no tienen la tierra que labraba sino las esposas y los barrotes del Rodeo I, la cárcel donde se cometen toda serie de abusos e incluso torturas a los presos políticos en Venezuela, según organizaciones de derechos humanos.
“Mi esposo Danner solo iba a visitar a su mamá que no veía hace años”
Geraldine Enciso, una de las familiares más activas en la liberación de los 38 colombianos, cuenta que su esposo hacía varias labores como ayudante de la construcción. “Tenía cinco años que no veía a su mamá. Ahorramos para que él pudiera viajar y lo hizo legalmente en la frontera en Arauca el 7 de septiembre (de 2024). Ahí lo secuestraron” .En medio de su dolor, Geraldine dice que las notas de protesta de la Cancillería son insuficientes: “Nosotros les hemos dicho que es momento de tomar otras acciones como Gobierno”, entre ellas pedir que los deporten a Colombia urgentemente.
“Mi hermano David era mototaxista en la frontera”
Cuando Nubia Mise habla de su hermano, David José, piensa también en su madre y en lo que les ha tocado hacer como familia: “El 22 de octubre cumple un año de secuestrado. Él era mototaxista de años allá en la frontera y estaba haciendo un servicio a un señor peruano con pasaporte estadounidense. Por ese simple hecho se lo llevaron”.A diferencia de otros familiares, ella no sabe cómo está su hermano: “Ni siquiera sabemos cómo se encuentra. Lo único que sabemos es que no tienen ningún tipo de proceso penal porque viajamos hasta Caracas, mi mamá fue y averiguó. No hay expediente en la Fiscalía ni en ningún lado”.
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