El abogado constitucionalista José Mauricio Gaona Bejarano está más preparado que un yogur. Los títulos se le caen del bolsillo: después de hacer su pregrado en la Universidad Externado, estudió maestrías en derecho constitucional de la Unión Europea en la Universidad Sorbona de París (Assas) y en derecho internacional en la Universidad de California; luego hizo un doctorado en derechos humanos con doble residencia en las universidades de McGill y Harvard.
Con ese palmarés, la semana pasada se batió en un debate con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, sobre la consulta popular que el Gobierno Nacional había convocado por decreto y sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, la férrea defensa por la institucionalidad colombiana que mostró en ese espacio —realizado por W Radio, Caracol Radio y El País de España— no es fortuita y estuvo cargada de mensajes influenciados por una razón personal que lo une con uno de los hechos más trágicos de la historia contemporánea de Colombia: el holocausto del Palacio de Justicia, en 1985.
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Gaona: un casi exiliado
Además de su experiencia en la academia, a sus 47 años ha sido asesor de la Fiscalía General de la Nación, exsecretario del presidente del Consejo de Estado y excontralor Nacional Delegado. Su paso por esas entidades, sin embargo, le dejó amargos recuerdos que lo alejaron del país. Tuvo que investigar casos de corrupción que le dejaron algunos enemigos que no lo querían cerca.
“Me fui porque hubo una combinación de factores en los que me tocó investigar mucha corrupción y me di cuenta desde muy joven que tenemos un país supremamente corrupto. Hay servidores públicos que han sido excelentes, pero no son la gran mayoría, y eso explica los problemas que tiene este país”, dijo el abogado a este medio.
Así las cosas, emigró a Estados Unidos por una oportunidad de ser profesor en la Universidad de Yale, en donde en 2008 fue profesor invitado para el programa global Alianza Internacional de Investigación. De ahí en adelante su presente y futuro quedaron ligados a ese país y a Canadá, en donde ha sido asesor legal ante el Departamento de Seguridad Nacional gringo; investigador del delegado especial de Naciones Unidas en Derechos Humanos; investigador y becario del Gobierno de Canadá en el Consejo Nacional de Ciencias, Investigación y Humanidades, y jefe de investigaciones del Centro de Investigación Avanzada HRC de Indianápolis.
Cuenta que ha pensado varias veces en regresar al país, pero que siempre le sale “algo más”. “Cuando me fui a mirar para atrás, ya estaba muy metido en la academia y los proyectos resultaron más interesantes”, agrega. En agosto de 2007, siendo contralor delegado, presentó su carta de renuncia alegando intimidaciones y “riesgos inminentes” para él y su familia. Llevaba un mes recibiendo llamadas y cartas amenazándolo de muerte.
Huella de su padre magistrado
A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Manuel Gaona Cruz estaba en sesión con tres colegas de la misma sala y su secretario. Leía su ponencia sobre una de las demandas contra el tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos. A esa hora, 28 guerrilleros del Comando Iván Marino Ospina del M-19, bajo órdenes de Luis Otero y Andrés Almarales, irrumpieron en el Palacio de Justicia armados y vestidos de civil. Las arengas que gritaban y los disparos que hicieron terminaron con la normalidad de ese día y dieron inició a la toma de la sede judicial.
El resultado de esa acción militar en contra de la Justicia tuvo como respuesta la retoma por parte del Ejército y la Policía. En medio de esos hechos, que terminaron el 7 de noviembre, resultaron muertos 101 personas: 11 eran magistrados. Gaona Cruz fue uno de los que perecieron.
A casi 40 años de esa tragedia, y con un parecido físico innegable con su padre, el profesor y abogado José Mauricio Gaona, al final del debate con el ministro Montealegre, les hizo “un llamado a través del tiempo” a los magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y al Registrador Nacional. “Hay un momento en la historia de cada país donde el carácter de sus líderes se une al destino de esa nación. Ese momento ha llegado, señores magistrados”, expresó el constitucionalista.
Luego, recordando sentencias de su padre y otros magistrados en las que hicieron control previo a decisiones políticas del siglo pasado, agregó: “Esos magistrados dieron la vida defendiendo ese orden constitucional, que hoy el Ministro (de Justicia) y el Presidente quieren cambiar. ¡Hónrenlo! ¡Protéjanlo! Ustedes tomaron un juramento de defender la Constitución y la Ley. Cumplan con ese juramento. La historia se los exige”.
Así terminó su participación en el “Debate Jurídico del Año” en el que, para políticos de oposición y juristas, le dio sopa y seco a Montealegre. Gaona le recordó al Ministro que “el bloqueo institucional que usted llama, la ciencia política y constitucional en el mundo le llama oposición, y permítame recordarle que la oposición es el precio que se paga por tener una democracia” y que “la consulta popular es el efecto distractor. Realmente el proyecto es la Asamblea Constitucional”, en referencia a que haber convocado una consulta popular por decreto violaba las normas constitucionales del país.
En 2010, su hermano, Manuel Gaona Bejarano, anunció una denuncia internacional contra Belisario Betancur (Presidente para la época de la toma) y los ministros Augusto Ramírez, Jaime Castro y Noemí Sanín. Según expuso entonces, tenía evidencias que demostraban que su padre fue víctima de una ejecución extrajudicial por el Ejército tras salir vivo del Palacio, y que después llevaron su cadáver a la sede judicial.
La “fusión democrática”
En junio de 2018, el profesor Gaona escribió el ensayo Democratic Blending: The New Model of Dictatorships in Latin America (“Fusión democrática: el nuevo modelo de dictaduras en América Latina”). Allí expuso cómo las dictaduras del siglo XXI en América Latina usan “la democracia como herramienta para legitimar su autoridad, consolidar el poder y reprimir a sus ciudadanos”. Expuso cómo los regímenes de Nicaragua, Honduras y Venezuela usan la democracia “no solo para alcanzar el poder, sino también para conservarlo, legitimando así su autoridad política”. Fenómeno que llamó “fusión democrática” con el que “gobiernos electos pero crecientemente autoritarios” se benefician de “la apariencia democrática mientras construyen las reglas de una dictadura”.
Entre las herramientas que, según él, usan estos gobiernos está la Asamblea Nacional Constituyente: el mecanismo que, justamente, advirtió en el debate con Montealegre que era el objetivo real del Gobierno. En ese sentido, recordó que en Venezuela Nicolás Maduro convocó una en 2017 con la que cerró el Congreso de ese país y con la que ordenó la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, y el gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa.
Así mismo, mencionó cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron perpetrarse en el poder en Nicaragua controlando la Corte Suprema y el Consejo Supremo Electoral, lo que les permitió sacar una reforma para postularse por tres periodos presidenciales seguidos y bajar el número de votos necesarios para ganar.
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