El nombre de Kendry Téllez Álvarez cobró notoriedad la semana pasada, luego de que la Fiscalía lo señalara como una pieza clave en la estructura que habría planeado y ejecutado el magnicidio del senador Miguel Uribe.
Conocido como “Yako”, este exintegrante de las Farc, desmovilizado tras la firma del acuerdo de paz, habría continuado vinculado a la Segunda Marquetalia, disidencia fundada por los desertores del proceso de paz alias Iván Márquez y Jesús Santrich.
De forma paralela, alias Yako, figuraba en procesos de reincorporación y había sido admitido por la JEP, condición que le permitió acceder a beneficios judiciales, como libertad condicionada, participación en procesos restaurativos y suspensión de las sanciones e inhabilidades.
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De acuerdo con los antecedentes, Téllez Álvarez tiene dos condenas vigentes, una de 28 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas de fuego, y otra de 51 meses por tentativa de extorsión.
Al momento de su sometimiento al sistema transicional, la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP le concedió el beneficio de libertad condicionada. Desde entonces quedó vinculado a ese modelo de justicia, tras su desmovilización como integrante del frente 53 del Bloque Oriental de las extintas Farc.
Pese a esos antecedentes y a señales que apuntaban a un comportamiento que no se ajustaba plenamente a los compromisos del sistema transicional, Téllez Álvarez continuó vinculado a la JEP.
Desde al menos un año antes de las recientes revelaciones, ya existían alertas sobre dificultades para ubicarlo y garantizar su comparecencia ante la jurisdicción, lo que empezó a generar inquietudes sobre el cumplimiento de las condiciones que sustentaban su libertad.
En los registros del proceso quedó constancia de reiterados intentos por establecer contacto con él. Uno de esos episodios se remonta a marzo de 2022, cuando una magistrada auxiliar, a través de su defensa, buscó comunicarse sin éxito.
El número suministrado permitió únicamente hablar con un familiar, quien atribuyó la falta de respuesta a problemas de conectividad en la zona donde se encontraba.
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“Una funcionaria de este despacho adelantó las gestiones necesarias para establecer contacto telefónico con Téllez Álvarez; sin embargo, no fue posible lograr comunicación directa con el compareciente. El abogado informó que tampoco ha tenido un resultado positivo”, se lee en la decisión de ese momento.
Años después, en julio de 2025, un mes después del magnicidio, la defensa volvió a entregar datos de contacto y aseguró que Téllez Álvarez se mantenía activo dentro del proceso de reincorporación.
Según esa versión, desarrollaba un proyecto productivo de avicultura en zona rural de Albán, Cundinamarca, donde las limitaciones de señal dificultaban la comunicación telefónica tradicional, por lo que se priorizaban canales como aplicaciones de mensajería. Aun así, el tiempo pasó y nunca se presentó.
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La semana pasada, cuando la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz emitió un auto con el que pidió que se evalúe si el compareciente incumplió las condiciones que le permitieron acceder al beneficio de la libertad, en particular los compromisos de no repetición y sujeción a la legalidad.
En concreto, la JEP analizará si los hechos que hoy se le atribuyen constituyen un incumplimiento de las condiciones que sustentaron su vinculación al organismo. Esa evaluación será determinante para definir si será o no expulsado.
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