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MinIgualdad dejó amarrados $30.275 millones para contratar 1.270 personas de Jóvenes en Paz

El contrato fue suscrito con una empresa de servicios temporales y garantiza la operación del programa hasta finales de octubre, cuando el Ministerio de la Igualdad ya habrá desaparecido.

  • Presidente Gustavo Petro y su fracaso con el Ministerio de la Igualidad. Foto: Colprensa
    Presidente Gustavo Petro y su fracaso con el Ministerio de la Igualidad. Foto: Colprensa
hace 5 horas
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Mientras el Ministerio de la Igualdad avanza en su liquidación, una de las entidades que hacen parte de esa cartera dejó firmado un millonario contrato para garantizar la continuidad de uno de los programas del presidente Gustavo Petro.

Se trata de un contrato celebrado entre el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad) y la empresa de servicios temporales Laborando S.A.S., cuyo objeto es suministrar el talento humano que ejecutará el programa Jóvenes en Paz durante los próximos cuatro meses.

El documento, publicado por el congresista Daniel Briceño, compromete recursos por hasta $30.275.999.986 y autoriza la vinculación de 1.270 trabajadores en misión, quienes estarán distribuidos entre las áreas de dirección, apoyo gerencial, atención a jóvenes en contextos críticos y, principalmente, en los equipos territoriales encargados de ejecutar el programa en diferentes regiones del país.

Lea aquí: La ANT de Petro tuvo un presupuesto histórico, pero Duque logró más con menos recursos y menos contratistas

De las 1.270 personas previstas, 1.016 corresponden al Equipo Territorial, que constituye el componente operativo más grande del programa. A ellos se suman 164 profesionales para la atención integral de jóvenes en contextos críticos y de emergencia social, 75 funcionarios para la Unidad de Gestión y 15 integrantes del Equipo Gerencial de Apoyo.

El propio contrato aclara que esa cifra no es definitiva. Señala que corresponde a una proyección de necesidades operativas y que podrá incrementarse, disminuirse o redistribuirse durante la ejecución, dependiendo de las necesidades del servicio, la ampliación o reducción de cobertura y la disponibilidad presupuestal.

La contratación tendrá una vigencia comprendida entre el 1 de julio y el 31 de octubre de 2026, lo que significa que continuará ejecutándose durante casi tres meses del próximo gobierno, pese a que el Ministerio de la Igualdad ya no existirá como cartera independiente y Gustavo Petro concluye el próximo 7 de agosto.

Un aspecto que llama la atención es que Laborando S.A.S. recibirá un anticipo de $9.082.799.996, equivalente al 30 % del valor estimado. El documento establece que esos recursos serán desembolsados una vez se perfeccione el contrato, se aprueben las garantías y se suscriba el acta de inicio, para lo cual el contratista deberá constituir una póliza que respalde el adecuado manejo del dinero público.

Aunque el contrato corresponde al suministro de personal temporal y no a la creación de una planta permanente, en la práctica deja asegurada la operación de uno de los programas más representativos del Gobierno Petro cuando el Ministerio de la Igualdad ya se encuentra en proceso de liquidación y el país se prepara para el cambio de administración.

Jóvenes en Paz ha sido una de las principales apuestas sociales del Gobierno y también uno de sus grandes fracasos.

“Hay que comenzar a hablar del fracaso de la política de Jóvenes en Paz. Habíamos planteado 100.000 jóvenes. 432 es nada. La intención de esa política es competir con las mafias en la atracción de los jóvenes, para que no ingresen en actividades ilícitas”, reconoció Petro el año pasado en uno de los consejos de ministros televisados.

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En ese momento, el mandatario explicó que esa política “proponía pagarles a los jóvenes por estudiar (...) La magnitud de este programa hoy es pírrica, porque la derecha lo atacó”, concluyó. En el diagnóstico expuesto por Petro se identifica que ni él mismo conoce para quién y cómo, por lo menos en el papel, está diseñado Jóvenes en Paz.

Con la decisión de comprometer más de $30.000 millones y contratar hasta 1.270 trabajadores en la recta final del Gobierno, críticos advierten que se trata de una estrategia conveniente y será el Gobierno entrante el que deba asumir la ejecución, supervisión y continuidad de un contrato que se extenderá hasta finales de octubre.

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