La solicitud de extradición había sido presentada por el Gobierno colombiano mediante una nota de urgencia, buscando que González enfrentara los cargos por los delitos que se le imputan y que llevaron a que se le dictara medida de aseguramiento, la cual no está cumpliendo. La respuesta negativa fue ya notificada a la Cancillería colombiana, complicando los avances en la investigación y limitando la posibilidad de que el exfuncionario sea procesado de manera inmediata en el país.
El Gobierno de Nicaragua explicó que a González Merchán “le fue otorgado asilo político, con base en la Constitución Política de la República de Nicaragua, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos y de Asilo Político”.
Añadió que, al estar amparado por esa figura, “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.
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Con esta decisión, se prevé que González permanezca fuera de Colombia por un tiempo indefinido, mientras se mantienen pendientes las investigaciones contra otros implicados en el caso UNGRD, entre los que se encuentran exfuncionarios como el exministro Ricardo Bonilla, Luis Fernando Velasco y otros que, al parecer, habrían hecho parte de un esquema para desviar recursos públicos a través de contratos de la UNGRD destinados a atención de emergencias.
La decisión se conoció el mismo día en que un juez en Colombia avaló el principio de oportunidad suscrito entre Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y la Fiscalía.
Pinilla, quien admitió su participación en los hechos y se convirtió en testigo clave, podría entregar información relevante que complique aún más la situación de González.
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Al respecto, la defensa de Pinilla solicitó que se refuercen sus medidas de seguridad, considerando los riesgos que ha asumido al denunciar sobornos y actos de corrupción dentro de la entidad.
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