Nicolás Petro estuvo a un paso de ir a prisión. La Fiscalía le solicitó a un juzgado de Barranquilla la imposición de una medida de aseguramiento en su contra, en el marco de un proceso por presuntos hechos de corrupción ocurridos en el departamento del Atlántico. No obstante, el despacho judicial negó la petición y determinó que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro continúe en libertad mientras avanza la investigación.
En su decisión, el juzgado concluyó que, si bien los hechos atribuidos a Petro Burgos, relacionados con su paso por la Asamblea del Atlántico, revisten gravedad, no existen elementos suficientes para establecer que en la actualidad represente un riesgo para la seguridad de la comunidad ni que haya un peligro de reiteración de las conductas investigadas. El análisis se centró en su situación personal y funcional actual, distinta a la que tenía cuando ejercía como diputado.
Según el despacho, no es posible comparar el riesgo actual con el que pudo existir en el pasado, dado que Petro Burgos ya no ejerce cargos de elección popular y, además, tiene prohibido participar en política por orden judicial. A ello se suma que ha sido señalado públicamente por presuntos actos de corrupción a nivel nacional, circunstancia que, de acuerdo con el juzgado, incide en su actual capacidad de influir o de incurrir en nuevas conductas irregulares.
“Hoy día para este despacho no es posible hacer esa misma predicción que quizás en aquel momento sí se podía hacer cuando era diputado, pero no en este momento debido a las siguientes razones: primero, hace años no ejerce la política y hoy día lo tiene prohibido por orden judicial, habiendo sido señalado públicamente por actos de corrupción a nivel nacional, del cual se deriva un posible etiquetamiento o sospecha por parte de al menos buena parte de la sociedad, lo cual dificultaría incurrir en presuntos nuevos actos de corrupción”, sostuvo el juzgado en su argumentación.
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El proceso penal está relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública en el Atlántico, departamento del cual Nicolás Petro Burgos fue diputado entre 2020 y 2023. En etapas previas del caso, la Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. La investigación continuará con Nicolás Petro en libertad.
Los contratos
Al hijo del presidente se le señala de haberse interesado indebidamente en dos contratos por $400 y $572 millones, usando su influencia política como diputado para direccionar la contratación a favor de la fundación FUCOSO.
La Fiscalía sostiene que esta conducta se dio a través de su participación en dos contratos firmados por la Gobernación del Atlántico con la entidad sin ánimo de lucro.
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Aunque como diputado no tenía la facultad de firmar contratos, al parecer, su influencia política, respaldada por haber sido uno de los candidatos más votados en las elecciones a la Gobernación, le habría permitido presuntamente incidir en las decisiones.
De acuerdo con la imputación, Petro habría usado su investidura y sus contactos para direccionar los convenios y garantizar que FUCOSO fuera seleccionada directamente, no por mérito ni por licitación, sino por su influencia. El propósito, según la Fiscalía, no era beneficiar a los adultos mayores a los que estaban dirigidos los programas, sino obtener dinero para sí mismo, su entonces esposa Day Vásquez y otras personas cercanas.
El interés indebido no se limitó a la adjudicación de contratos, sino que se extendió a su ejecución, en un esquema que habría permitido apropiarse de los anticipos y repartir fondos públicos entre los involucrados.
En palabras del ente acusador, todo formó parte de un “acuerdo corrupto” para desviar recursos del Estado. Según el ente, para que Petro se hiciera a los anticipos y aparte del contrato en sí, “se habrían canalizado recursos mediante la entrega de cheques y dinero en efectivo de manera fraccionada”.
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Aunque el juzgado reconoció la gravedad de las conductas investigadas y destacó que estas involucraron promesas incumplidas a comunidades vulnerables, como los adultos mayores atendidos en centros geriátricos, el despacho concluyó que esos elementos, por sí solos, no resultan suficientes para justificar el envío a prisión del procesado.
El juzgado insistió que desde hace años Nicolás Petro tiene expresamente prohibido hacer actividades políticas por orden judicial. A ello se suma que ha sido señalado públicamente a nivel nacional por presuntos actos de corrupción, una exposición que, según el análisis judicial, genera un alto nivel de escrutinio social y un eventual “etiquetamiento” que dificultaría la posibilidad de incurrir en nuevos hechos de esa naturaleza.
Otro de los elementos valorados fue su comportamiento durante el tiempo que ha permanecido en libertad. El despacho destacó que, en más de dos años, no se ha evidenciado que haya delinquido nuevamente, ni que lo haya intentado, ni siquiera que existan actos preparatorios orientados a ello.
En ese sentido, el juez precisó que no obra en el expediente ningún medio probatorio que permita inferir una conducta reiterativa. Asimismo, se consideró que, dadas las actuales circunstancias, resultaría inconveniente y riesgoso para terceros del poder público emprender eventuales actividades corruptas con Nicolás Petro, precisamente porque se encuentra bajo el foco permanente de la sociedad y de los medios de comunicación.
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Los cargos de corrupción que enfrenta Nicolás Petro
El caso de presunta corrupción en el Atlántico es el segundo proceso penal que enfrenta Nicolás Petro. El primero, que actualmente se encuentra en etapa de juicio, está relacionado con la posible financiación irregular de la campaña Petro Presidente. En ese expediente, el hijo del mandatario fue imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
- ¿Por qué Nicolás Petro no fue enviado a prisión a pesar de las acusaciones de corrupción?
- El juzgado determinó que, aunque los cargos son graves, no hay pruebas suficientes para justificar su encarcelamiento. Además, su actual situación, sin poder participar en política, dificulta la posibilidad de cometer nuevos actos de corrupción.
- ¿Cuáles son los cargos que enfrenta Nicolás Petro en el caso del Atlántico?
- Nicolás Petro está acusado de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, peculado por apropiación, y falsedad en documentos públicos y privados relacionados con dos contratos por más de $900 millones en el Atlántico.
- ¿Qué sucederá con el caso de Nicolás Petro en el futuro?
- Aunque Nicolás Petro ha sido dejado en libertad, la investigación sigue en curso y enfrentará un juicio en relación con estos cargos. Además, Petro enfrenta otro proceso por financiación irregular de la campaña presidencial de su padre.
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