La controversia por el incremento acelerado de la contratación estatal en los días previos a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías no para. Hace tan solo unas horas, se conoció que el Gobierno nacional habría firmado más de 85.000 contratos de prestación de servicios por un valor cercano a los $5,1 billones solo entre el 1 y el 28 de enero.
Las cifras se suman a las denuncias previas en distintas entidades, entre ellas el Ministerio del Trabajo, el Dapre, el Fondo de MinIgualdad, la Cancillería, entre otros.
Justamente, la Ley de Garantías, que restringe la contratación estatal y el gasto público durante el periodo electoral, entrará a regir plenamente desde hoy, razón por la cual distintos sectores han advertido sobre una “avalancha” de contratos suscritos a contrarreloj.
Esta nueva denuncia revela que, entre el 1 y el 28 de enero de 2026, la administración del presidente Gustavo Petro suscribió 85.826 contratos, por un valor que asciende a $5,1 billones.
Y es el ritmo de la contratación lo que ha generado nuevas alertas, teniendo en cuenta que, en promedio, se firmaron cerca de 3.100 contratos diarios, una cifra que refuerza las denuncias sobre una avalancha de contrataciones “exprés”.
Este aumento de la contratación contrasta con el discurso oficial sobre austeridad y crisis fiscal. Hasta ahora, el Gobierno no ha entregado explicaciones detalladas sobre el crecimiento en el número y valor de estos contratos ni sobre los mecanismos de control implementados en la antesala de la Ley de Garantías.
La denuncia la dio a conocer el exconcejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien a través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), aseguró que “la crisis no existe para la burocracia” y agregó que “aún faltan los datos del 29 y el 30 de enero. El derroche en contratos de presentación de servicios para alimentar la campaña de Cepeda y el Pacto Histórico es absolutamente vergonzosa”.
Las contrataciones previas
Sin embargo, este comportamiento no es reciente. En los últimos días también se conoció que, durante los tres años y medio de la actual administración, la contratación por servicios habría aumentado en cerca de 7.000 cargos, con un costo acumulado de $19,3 billones. La denuncia fue realizada por José David Castellanos, experto en gestión pública y candidato a la Cámara de Representantes por el partido Nuevo Liberalismo.
Para dimensionar el impacto fiscal, Castellanos advirtió que este incremento equivale a casi la mitad de los $16 billones que el Gobierno pretendía recaudar con su más reciente reforma tributaria.
Según una auditoría independiente citada por el denunciante, el valor de estos contratos pasó de $12,1 billones en 2022 a $19,3 billones en 2025, lo que representa un aumento de $7,2 billones en apenas tres años.
La alarma es importante porque, ahora, según la denuncia de Briceño, tan solo en un mes se habrían suscrito contratos por más de 5 billones de pesos. Justamente, este aumento en la contratación difiere del discurso oficial sobre austeridad y crisis fiscal que quiere transmitir el Gobierno.
Además, lo llamativo no es solamente el incremento de las contrataciones, sino que estas suceden en medio del inicio de un año electoral. Voces expertas ya han advertido que este uso masivo de contratos de prestación de servicios podría convertirse en un mecanismo para asegurar apoyos políticos en plena antesala electoral.
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