En medio de la disputa legal por injuria y calumnia que ahora adelanta Keralty contra el presidente Gustavo Petro luego de que éste último señalara a los dueños de la EPS como “criminales”, otra denuncia contra el jefe de Estado (por el mismo motivo) sigue su curso en la Cámara de Representantes.
Se trata del proceso que adelanta Julián Quintana, abogado que representaba a Coosalud EPS antes de la intervención. Quintana y sus representados acusan al mandatario de haber realizado declaraciones “falsas e irresponsables” que, según ellos, afectaron gravemente el buen nombre de la EPS. Ahora, la denuncia también fue escalada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que decidirá si inician las investigaciones preliminares. ¿Cuál es el lío?
La controversia se remonta a una alocución presidencial del 22 de noviembre de 2024, cuando Petro afirmó que “dineros de la salud se fueron a los paraísos fiscales” y que estos hechos estaban relacionados con Coosalud, una EPS que, en ese momento, aún no había sido intervenida. “Hay personas vinculadas a escándalos anteriores (...) que han construido una red de empresas que sacaban dineros de clínicas y hospitales hacia paraísos fiscales”, sostuvo el presidente en ese entonces.
En respuesta, Quintana afirmó en su cuenta de X, el pasado 26 de febrero, que la intervención a Coosalud fue una “cortina de humo para tapar la corrupción presidencial”. Luego, en entrevista con Blu Radio, sostuvo que las acusaciones del presidente carecen de sustento y que “ni el banco que maneja las cuentas maestras ni la misma EPS han encontrado pruebas de tales movimientos ilegales”. Según él, los señalamientos sobre el envío de recursos a paraísos fiscales están completamente desvirtuados.
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La Comisión de Acusaciones abrió un proceso preliminar el pasado 18 de junio para evaluar si las declaraciones del presidente constituyen una falta que amerite una investigación formal.
El contexto de la denuncia legal se complica por la grave situación financiera y administrativa que atraviesa Coosalud, la quinta EPS más grande del país. Desde el 22 de noviembre de 2024, la entidad está bajo intervención directa de la Superintendencia Nacional de Salud. El agente interventor, Mauricio Camaro Fuentes, fue designado para asumir el control tras descubrirse presuntas irregularidades en la gestión de recursos públicos.
En un comunicado del 25 de junio, la actual administración de la EPS se desmarcó de la acción legal presentada por Quintana. “Las decisiones tomadas por la administración anterior fueron hechas a título personal y no representan la postura de la gerencia actual”, señala el documento. Asimismo, la intervención ha reportado hallazgos preocupantes, como la presunta pérdida de recursos millonarios destinados a la salud.
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Una de las operaciones más controvertidas ocurrió en diciembre de 2022, cuando Coosalud EPS actuó como garante de un crédito por $221.000 millones solicitado por Coosalud Inversa, una empresa privada con vínculos directos a la EPS. El incumplimiento de pagos llevó al embargo de $206.000 millones en recursos públicos. Según Supersalud, estos fondos provenían directamente del sistema de salud, lo que encendió las alertas sobre su posible malversación.
Adicionalmente, se reveló que la EPS otorgó un préstamo de $10.000 millones a Inversa S.A. para la compra de un inmueble, por el cual luego pagaba un arriendo mensual de $1.000 millones. Esta operación, calificada como insostenible y cuestionable, fue parte de un patrón de manejos financieros entrelazados que involucran a Coosalud Inversa, la EPS y la Cooperativa Coosalud. Las tres eran dirigidas por Jaime González Montaño hasta noviembre de 2024.
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