En el complejo ajedrez de la política exterior, la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, abrió un debate jurídico y diplomático poco habitual. El escenario es atípico incluso para los estándares de Washington: un jefe de Estado invitado a la Casa Blanca, pero sin visa americana e incluido en la Lista Clinton; y una canciller que renunció públicamente a su visado estadounidense semanas atrás.
En medio de una concentración en la Plaza de Bolívar, donde el mandatario confirmó su diálogo con Trump, este miércoles Armando Benedetti (ministro del Interior) hizo referencia a si el gobierno colombiano aprovechará las ‘mieles’ de la coyuntura para pedir que los saquen de este listado: “Esa expectativa no quiero que crezca dentro de mí”.
The New York Times publicó este jueves un reportaje donde dio a conocer que Petro, en entrevista con ese medio antes de la llamada, confesó que temía un ataque de EE. UU. a Colombia después de que el mandatario de Estados Unidos lo calificar a de “enfermo con “cocinas de cocaína” en el país.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el abogado norteamericano Jay White, quien lleva casos de narcotráfico, entre otros, en Miami y Tampa (Florida), explica que la situación de Gustavo Petro no es un simple trámite burocrático, sino una “pena de muerte económica” que le impide tener cuentas, tarjetas o recibir dinero sin permisos especiales del Departamento del Tesoro. Sin embargo, White enfatiza que el presidente de los Estados Unidos tiene facultades absolutas para resolverla de manera inmediata si así lo desea.
“Trump puede decirle en un minuto a Pam Bondi, la fiscal general de la Nación: ‘Mire, dele la visa (a Petro). Llame al Departamento del Tesoro, ese hombre ya no debe estar ahí’. Trump es el presidente y en un minuto puede ordenar retirar de la Lista Clinton a Petro, pero en los casos normales esto es una pelea enorme de mucho tiempo y el proceso de retiro de una persona de esa lista se demora meses para poder demostrar o justificar lo que se está haciendo. En este caso, con Trump y Petro, es algo muy, muy diferente”, señaló.
Este abogado ha defendido a connacionales acusados por distintos delitos en Estados Unidos, como el caso de Rosa Edelmira Luna Córdoba, la esposa del ex paramilitar ‘Macaco’ y a quien le logró pagar una condena menor a diez años en Miami.
White sostiene que la discrecionalidad de Trump se podría extender a todo el equipo de Petro: “Trump tiene el poder para quitar a quien sea” de las sanciones, permitiendo que tanto el presidente como sus acompañantes recuperen el acceso a sus facultades financieras y de movilidad si la relación política entre ambos mandatarios se restablece.
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En diálogo con este diario, Carlos Andrés del Basto Perdomo, profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, dijo que para que la visita de Petro sea viable el Departamento del Tesoro tendría dos caminos: excluir temporal o definitivamente al mandatario colombiano de la lista, o concederle una licencia especial que le permita su desplazamiento y cumplir la agenda oficial. Del Basto agrega que a Trump le resultaría conveniente desescalar el conflicto para neutralizar críticas del Partido Demócrata sobre su manejo de la situación en Venezuela.
Una opción adicional que trascendió fue que el presidente Petro pudiera hacer uso de su segunda nacionalidad, la italiana, para viajar a Estados Unidos. Al respecto, Carlos Patiño, profesor de estudios políticos en la Universidad Nacional, plantea que un pasaporte italiano de Petro representa un asunto individual y particular que no le permite representar a la nación colombiana en el ámbito diplomático y consular, como sería el marco del viaje que emprendería a Estados Unidos por invitación de Trump, y eso lo expone a un riesgo administrativo mayor: cualquier funcionario consular, ya sea en Estados Unidos o en otro país, podría simplemente no admitir su entrada.
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Esta encrucijada se suma a una compleja realidad jurídica en territorio estadounidense. Patiño aclara una distinción técnica clave: Petro no figura en la conocida Lista Clinton que está asociada al narcotráfico y terrorismo, sino que se encuentra incluido en otra lista de la OFAC que agrupa a personas investigadas por actividades financieras que se consideran delitos contra el Tesoro de los Estados Unidos y sus reglas financieras. Aunque ambas listas suelen confundirse, el experto enfatiza que sus procedimientos y naturalezas son distintos.
Desde una óptica más cautelosa del derecho internacional, otro experto, Ricardo Abello, profesor de la Universidad del Rosario, advierte que salir de la Lista Clinton no es un trámite sencillo, aun cuando dependería exclusivamente de una decisión política de las autoridades estadounidenses. Abello recuerda que tener visa no equivale a tener derecho de ingreso y que, en este caso, cualquier autorización sería específica, excepcional y limitada al tiempo que dure la visita oficial.
Como antecedente, cita el caso del expresidente Ernesto Samper, a quien en su momento se le restringió el desplazamiento en Nueva York únicamente al perímetro de las Naciones Unidas, eran los años del Proceso 8.000, como se le llamó a la investigación penal de los ‘narcocasetes’ que salpicaron al mandatario con la presunta financiación del narcotráfico, especialmente del Cartel de Cali, a la campaña presidencial de Samper (1994-1998). Por eso Petro, advierte el analista, podría enfrentar restricciones similares de movilidad si así lo determina Washington.
La situación de la canciller Rosa Villavicencio quien públicamente renunció a su visado norteamericano hace unas semanas, tiene otro camino. Al tratarse de una visita de Estado, los requisitos ordinarios de visado podrían ser sustituidos por una autorización especial o una especie de pase diplomático, dado que los funcionarios no ingresan como turistas sino como invitados por un gobierno.
El presidente Petro parece entusiasmo en visitar a Trump, pues en su discurso más reciente le dijo a la canciller: “Aliste un buen traductor”.
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