Hasta 20 millones de pesos podría estar costando la obtención de títulos irregulares en la Fundación Universitaria San José a través de supuestos “gestores”, que contactan a los interesados mediante cadenas de referidos y chats de WhatsApp, según investigó EL COLOMBIANO.
En el marco del caso de una persona que obtuvo un diploma presuntamente irregular en la San José, este diario accedió a facturas electrónicas de venta registradas ante la DIAN que evidenciarían que el pago ingresó directamente a la Fundación de Educación Superior San José. En esos documentos, además, el correo asociado al emisor de la venta corresponde al departamento contable de ese centro educativo así como el NIT.
Esta modalidad, que es un secreto a voces en las entidades donde exigen algunos títulos académicos para ejercer funciones, se habría disparado bajo este Gobierno. La congresista Catherine Juvinao denunció un presunto “cartel de diplomas” en la San José al identificar 24 funcionarios en 16 entidades con contratos que superan los $1.100 millones del erario. La alerta se centró en la obtención de títulos “exprés”, sin la presentación de las pruebas Saber Pro —requisito legal— o realizándolas apenas meses después de haberse graduado.
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Entre los casos señalados por la representante figura el de Héctor Julio García Orduz, analista de la DIAN, quien, de acuerdo con la investigación, habría recibido cuatro títulos profesionales el mismo día, el 5 de julio de 2024, en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Marketing Internacional.
Pero las denuncias también tocan el corazón del poder. La más reciente involucra a Nelfy Melo Morales, secretaria privada del presidente Gustavo Petro, conocida en el entorno presidencial como Nelfita. La funcionaria habría obtenido tres títulos académicos en año y medio en el cuestionado centro universitario, un hecho que encendió nuevas alertas sobre su presunta operación irregular.
Melo Morales, en un comunicado, respondió a los señalamientos: “Estudié desde el año 2019 en el Politécnico Gran Colombiano, institución universitaria, hasta mi homologación en la Fundación San José; cursé la totalidad de mis materias y cumplí con cada uno de los requisitos académicos exigidos, tal como lo manifestó el representante legal de la Fundación Universitaria San José, señor Francisco Pareja, en declaraciones a la revista Semana. Cumplí de manera estricta las indicaciones de la universidad y nunca presioné ni gestioné de forma indebida mi proceso de grado”.
En paralelo, según conoció este diario, la Fiscalía avanza en las pesquisas del fraude de títulos en la San José a partir del caso de Juliana Guerrero, exfuncionaria del presidente Gustavo Petro que intentó llegar al viceministerio de la Juventud con un título falso.
Sobre ese caso, que fue el primero que conoció la opinión pública, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, reveló facturas de la DIAN que demuestran que presuntamente Guerrero pagó aproximadamente 8 millones de pesos por dos títulos en la Fundación Universitaria San José.
Las tres facturas (matrícula en gestión contable, matrícula en contaduría y derechos de grado) se emitieron después de que los títulos ya habían sido otorgados el 1 de julio de 2025, lo que sugiere una presunta operación de regularización académica ficticia. En este caso, precisamente, se confirmó que el pago de Guerrero fue hecho directamente a la Fundación San José, como se observa en la factura siguiente donde se muestra que el vendedor fue “Fundación de Educación Superior San José”.
Se confirmó que Guerrero no presentó las pruebas Saber Pro, requisito obligatorio por ley para graduarse, y según testimonios de la propia universidad, nunca asistió a clases. En noviembre de 2025, la institución educativa retiró formalmente los títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable tras admitir las irregularidades.
Lo que denunció Pedraza coincide con la modalidad de pagos que investigó este diario y que sería la punta del iceberg de una red más grande.
Así funcionaría la red
EL COLOMBIANO habló con el abogado Miguel Ángel Ruiz, quien en este momento lleva dos casos de personas que accedieron a títulos de la San José mediante el sistema de referidos, con el fin de cumplir con requisitos de contratación en dos empresas privadas, bajo la promesa de obtener el grado en apenas seis meses.
Uno de estos clientes actualmente firma contratos como administrador, a pesar de no cumplir con los requisitos habilitantes necesarios. Tanto él, como el otro cliente, dicen que actuaron de buena fe bajo la premisa de que los pagos de entre 15 y 20 millones de pesos “realizados directamente a la universidad correspondían a derechos de grado legítimos”.
“Mis clientes terminaron involucrados tras recibir la recomendación de amigos o conocidos que les sugirieron que en la San José podían ‘ayudarles con homologaciones’ para obtener el título rápido para sus procesos de contratación. Se les prometió obtener títulos en un periodo de seis meses para programas específicos, omitiendo requisitos como las prácticas, los créditos académicos”, dice el jurista, quien prefiere no identificar a sus clientes.
El fraude radicaría en la entrega de títulos que omiten los pilares de la educación superior, vulnerando la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015.
“Ellos se presentan ofreciendo ayuda para obtener títulos sin necesidad de presentar las pruebas Saber Pro, que son obligatorias por ley para cualquier carrera profesional en Colombia”, afirma el abogado Miguel Ángel Ruiz.
La red, que el abogado considera podría estar conectada con el área administrativa y financiera de la Fundación no utiliza folletos ni publicidad formal. Su funcionamiento es completamente indirecto y se sostiene con referidos.
Según otras fuentes, el contacto inicial nunca se realizaría por las oficinas de admisiones ni por la página web institucional, sino a través de gestores por WhatsApp que operan exclusivamente por esa red. Los intermediarios ofrecerían el proceso como “homologaciones”, “validaciones internas” o trámites administrativos.
Los líos y qué dice la U
Uno de los puntos más sensibles del esquema es que los pagos se realizan directamente a la universidad, y no a cuentas externas, según lo que ha podido establecer la defensa. “Aunque no en todos los niveles del esquema la universidad pueda estar involucrada de manera directa, la institución no puede quedar por fuera de la investigación”, explica Ruiz.
Es decir, que los pagos que realizarían los beneficiarios —de 8, 15 o 20 millones de pesos por título— entran a las cuentas oficiales de la universidad, y una vez ese dinero ingresa, no se sabe en dónde terminan; no se sabe con certeza cómo se distribuyen esos pagos ni a qué áreas se direccionan internamente. Pero el abogado plantea dos hipótesis, soportadas en las pruebas y testimonios de sus clientes.
Primero, que los recursos se repartirían entre distintas personas una vez ingresan a la cuenta institucional; segundo, presuntas irregularidades relacionadas con las facturas y la trazabilidad de las mismas.
“El mecanismo podría consistir en facturar oficialmente los derechos de grado y dejar por fuera los otros diez millones, que luego se distribuirían internamente. Y precisamente por eso es un esquema altamente rastreable: el dinero entra al sistema financiero formal de la universidad”, sostiene el abogado. Esa circunstancia hace indispensable una intervención y una auditoría fiscal para seguir el rastro de los recursos y establecer responsabilidades.
Mientras los derechos de grado ordinarios tienen valores muy inferiores, en este esquema los pagos alcanzarían cifras de hasta 20 millones de pesos, pero por “homologar” todo un programa, que vendría a ser simplificar un recorrido académico de 5 o 4 años a 2 o incluso menos.
Para el abogado Ruiz, el principal delito a investigar sería el fraude procesal, que se configura cuando se usa un título irregular para inducir en error al Estado y obtener contratos o cargos públicos. A ello se sumarían la falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir.
Desde EL COLOMBIANO contactamos a Francisco Pareja González, directivo de la Fundación Universitaria San José —señalado de tener cercanía con el ministro del Interior, Armando Benedetti—, pero aseguró que por ahora no se pronunciará sobre el escándalo de títulos.
En paralelo, el abogado Ruiz pidió que el Ministerio de Educación intervenga la institución y realice una auditoría integral, al advertir posibles indicios de corrupción privada y administración desleal. El ministro Daniel Rojas anunció la apertura de un pliego de cargos contra la San José tras una inspección que habría detectado una posible expedición de títulos sin requisitos legales, incluido el Saber Pro.
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