Rechazo oficial al reclutamiento forzado en Guaviare
En un comunicado, el procurador general, Gregorio Eljach, condenó de manera enfática el reclutamiento ilegal de menores por parte de las disidencias y calificó esta práctica como una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
“La Procuraduría expresa, en primer lugar, su más profunda condena frente al crimen atroz del reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de estructuras criminales al margen de la ley”, señaló Eljach, quien lamentó “la pérdida de estas vidas inocentes”.
El Ministerio Público insistió en que ningún grupo armado puede justificar la presencia de menores en la guerra y aseguró que este delito deja una huella irreparable en las comunidades.
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El pronunciamiento también incluyó un llamado directo a las Fuerzas Militares. La Procuraduría pidió “observar y perfeccionar” sus prácticas en operaciones sensibles como los bombardeos, y anunció que revisará si hubo fallas durante la intervención realizada contra la estructura de Mordisco.
El órgano de control insistió en su pronunciamiento oficial que si se detectan errores, habrá sanciones. “Los colombianos no toleramos que los criminales arrebaten de ese modo aleve la vida de nuestros hijos y nietos”, afirmó el Ministerio Público, insistiendo en que este crimen no es amnistiable ni socialmente perdonable.
Contexto del operativo militar en Calamar
El operativo del 10 de noviembre se dirigió específicamente contra los hombres de alias Iván Mordisco. Las Fuerzas Militares reportaron en total 20 muertos, la recuperación de tres menores y la evacuación de tres adultos para procedimientos médicos y de verificación.
Durante la semana hubo incertidumbre sobre las edades de las víctimas, hasta que Medicina Legal confirmó que siete eran menores de edad.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ha defendido desde el inicio la actuación de la Fuerza Pública, argumentando que el bombardeo se realizó para proteger a la tropa en tierra. Según dijo, los militares estaban bajo una amenaza inminente.
El presidente Gustavo Petro también respaldó la operación, insistiendo en que se actuó dentro de los parámetros del Derecho Internacional Humanitario.
La Procuraduría aseguró que investigará con “serenidad, imparcialidad y rigor” si los funcionarios que participaron en la operación incurrieron en fallas disciplinarias.
“El Ministerio Público reconoce la difícil labor y los sacrificios de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional y exhorta a continuar su misión dentro de los más altos estándares éticos y jurídicos”, añadió la entidad.
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