El Gobierno y la organización criminal Clan del Golfo acordaron continuar con la mesa de conversaciones de paz que estaba suspendida desde el pasado 4 de febrero.
En ese entonces, el cartel decidió frenar el proceso tras conocer que, durante la cumbre presidencial en Washington, Gustavo Petro le propuso a Donald Trump una operación conjunta para capturar a su líder, el extraditable Jobanis Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
El 9 de febrero se llevó a cabo una reunión de emergencia en Bogotá, entre delegados de ambas partes, para tratar de salvar los diálogos. Lo que se habló fue reservado, sin ruedas de prensa posteriores, como ha sido la característica de esta mesa de paz en particular, que no ha contado con el escrutinio de la opinión pública.
Solo hasta el 17 de febrero siguiente hubo un escueto comunicado, en el que contaron que “la sesión se desarrolló en un ambiente constructivo”, que ya “se dio por superada” la contingencia y que “se han acordado los compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz”, aunque sin detallar qué tipo de compromisos fueron los pactados en la reunión.
Pero, ¿en qué van esas conversaciones entre el Gobierno y el cartel, que suma cerca de 9.000 integrantes en su estructura?
Es importante recordar que la sede de la mesa es Doha, Catar, donde ya se han realizado dos ciclos de conversaciones. El más reciente concluyó el 24 de noviembre de 2025.
A la fecha, las partes han acordado una lista de municipios para “implementar acciones piloto que permitan desarrollar la etapa de consolidación de confianza”, en la cual figuran Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré (Córdoba); Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá (Antioquia); El Carmen de Bolívar y San Jacinto (Bolívar); Unguía, Acandí, Riosucio y Belén de Bajirá (Chocó).
También anunciaron la creación de “un mecanismo de monitoreo al proceso”, aunque todavía no concretan un cese el fuego.
Regístrate al newsletter