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¿Al fin habría responsabilidad de extrabajador del colegio donde estudiaba Valeria Afanador? Esto contestó el colegio

A través de un comunicado oficial en redes sociales, la institución educativa reveló más detalles sobre lo que se había hablado de la presunta responsabilidad de un extrabajador en el caso.

  • Valeria Afanador es buscada desde hace varios días. FOTO: El Colombiano y cortesía
    Valeria Afanador es buscada desde hace varios días. FOTO: El Colombiano y cortesía
hace 53 minutos
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Luego de conocer un video de pocos segundos, pero de alto impacto, que sacudió a la comunidad del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, la institución educativa se pronunció a través de un comunicado para hablar sobre la presunta relación de un extrabajador en el caso.

Le puede interesar: “No ha habido colaboración del colegio, los niños están jugando en la escena del crimen”: abogado de la familia de Valeria Afanador

La grabación, difundida por Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador, la menor desaparecida, mostró a la rectora Sonia Ochoa expresando que un exfuncionario de la institución “es un posible sospechoso” en el caso de la menor.

Sin embargo, el colegio emitió un comunicado en el que asegura que la rectora solo estaba citando una de las tantas hipótesis que hay sobre la desaparición de la menor, y no dando una versión propia ni una declaración por la que pueda ser investigada.

Y es que en una entrevista con EL COLOMBIANO, el abogado defensor Julián Quintana, aseguró que “no ha habido colaboración del colegio”, en lo que va de la investigación, donde hay más de 200 personas implicadas en la búsqueda, pero no hay ninguna pista concreta del paradero de Valeria.

Por eso desde el colegio contestaron que, “Conforme a la normatividad procesal penal colombiana, la conservación, aseguramiento y custodia de la escena constituye una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y de las unidades de policía judicial (arts. 200 y ss., Código de Procedimiento Penal)”.

Además, señalaron que la institución educativa, “no tiene facultades legales para intervenir en estas diligencias. Cualquier afirmación en contrario desconoce el marco normativo vigente y distorsiona la verdad jurídica del proceso”.

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