Siguen las alertas de las organizaciones del sector salud sobre el proyecto de decreto que prepara el ministerio del ramo para darle un cambio drástico al sistema. Este documento instaura, a grandes rasgos, los postulados de la reforma que el Gobierno Nacional ha impulsado en el Congreso desde febrero de 2023.
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Vale recordar que el proyecto busca institucionalizar el “Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo” que promueve el presidente Gustavo Petro como una política en salud para los habitantes del país.
Sobre esto, el movimiento “Todos por la Salud” lanzó diez advertencias sobre este documento y lo que implicaría para un sector golpeado por una crisis financiera, que incluye problemas en la atención de pacientes, deudas con hospitales y clínicas y sobreocupación de salas de urgencia.
En primer lugar, señalan que el proyecto de decreto no resuelve los problemas de atención para los pacientes y elimina la libre elección de asegurador y prestador para los usuarios, pues “genera nuevos cuellos de botella para la atención de los pacientes, debilita la gestión integral del riesgo, genera riesgos de corrupción y profundiza la crisis de la salud”.
Por otro lado, alertan que no atiende las causas fundamentales de la crisis de financiamiento del sistema, lo cual, a juicio del grupo, se ha traducido en una crisis de confianza entre los actores del sector y ha desencadenado un problema humanitario “sin precedentes” que está afectando la vida de los colombianos.
En tercer lugar, advierten que el proyecto establece cambios que exceden lo que puede hacer el ministerio por vía administrativa, debido a que invade competencias reservadas al Congreso de la República. En ese sentido, explican que hace cambios estructurales en el modelo de aseguramiento; redefine funciones de las entidades promotoras de salud (EPS), las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) y entidades territoriales; hace una territorialización con efectos jurídicos sin soporte legal, y crea instancias de participación ciudadana no contempladas en leyes estatutarias.
De igual manera, aseguran que desconoce el principio de participación libre y voluntaria en esquemas asociativos de ordenamiento territorial que están en leyes de la república, así como que genera inseguridad jurídica por falta de claridad en competencias, gobernanza y resolución de conflictos interinstitucionales.
Por otra parte, consideran que el documento genera confusión sobre la Atención Primaria en Salud (APS). Para “Todos por la Salud”, el proyecto confunde ese término con servicios de baja complejidad. Al respecto, explican que las APS “incluye todos los niveles de atención y se diferencia del modelo asistencialista en que en la APS la puerta de entrada al sistema de salud no es el CAP sino cualquier espacio de la vida cotidiana (hogar, lugar de trabajo, etc.)”. Tampoco, sostienen, no se distingue de manera clara entre prevención, promoción y atención curativa.
En sexto lugar, exponen que hace cambio en las normas de habilitación de redes de IPS y los roles de EPS, pues asigna al Ministerio de Salud la habilitación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales en Salud (RIITS), quitándole esta función a las entidades territoriales, que son las secretarías municipales, distritales y departamentales. “La exclusión de las EPS en procesos esenciales como la conformación de redes o referencia y contrarreferencia desvirtúa su rol de gestión integral del riesgo”, agregan.
Así mismo, ponen el dedo en la llaga sobre el financiamiento. Es decir, que haya recursos suficientes para poner en marcha todos los postulados y cambios que el Gobierno quiere hacer. Así pues, el movimiento critica que se propone financiar nuevas funciones y acciones con los mismos recursos que se pagan las atenciones del sistema. Sobre esto, dicen que “se busca financiar funciones no cubiertas por la UPC, lo cual es inconstitucional y ha sido advertido por la Corte Consitucional (Auto 007 de 2025) y que “las inversiones previstas para infraestructura y formalización laboral carecen de respaldo presupuestal real”.
Siguiendo con sus advertencias, “Todos por la Salud” prende las alarmas por los riesgos económicos y jurídicos que puede implicar para los actores del sistema porque obliga “a EPS e IPS privadas a asumir responsabilidades e inversiones sin garantías jurídicas ni un claro sistema de incentivos y responsabilidades”.
En noveno lugar, dicen que el proyecto de decreto no tiene un respaldo claro a la formalización laboral. Si bien apoyan la
intención de formalizar al personal del sector, critican que no se presentan fuentes de financiamiento ni incentivos para el sector privado.
Finalmente, apuntan a que “es ambiguo en el diseño del sistema de información”, debido a que no define cómo ni con qué recursos hará la integración de datos del sector.
Recalcan la alerta de que si se promulga el decreto se profundizarían los problemas operativos y financieros que actualmente atraveiesa el sistema de salud, así como que empeorará las barreras de acceso a pacientes y usuarios. Y consideran que “aún no está clara la ruta de atención al paciente”.
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