La Procuraduría General de la Nación realizó este miércoles la tercera visita esta semana en la que inspeccionó las instalaciones y oficinas de la Nueva EPS. Esta aseguradora se encuentra bajo intervención para administrar de la Superintendencia de Salud desde abril de 2024.
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El objetivo de esas inspecciones del ente de control para conocer los factores que están influyendo en el deterioro de sus indicadores financieros, como lo muestran cifras de la Supersalud y de la Contraloría.
Según el cronograma establecido por el Ministerio Público, se busca esclarecer las razones por las que esa entidad promotora de salud tiene a la fecha un alto volumen de cartera, así como identificar las causas del aumento de peticiones, quejas y reclamos por parte de sus afiliados.
Durante su visita, esa entidad solicitó a los funcionarios informes sobre el estado de las tutelas y demandas y el estado actual de la facturación, las contrataciones, los estados financieros, la cartera y los indicadores de cumplimiento.
En ese sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que incluyó a la secretaria general de la entidad y un grupo de funcionarios de aproximadamente 15 personas, recolectó y revisó la documentación entregada para elaborar un informe.
El organismo de control verificará toda la información recaudada junto a con otras fuentes institucionales para generar un análisis y dictamen integral de la EPS.
Vale recordar que según las cifras de la Superintendencia de Salud que miden el número de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en 2024 fueron presentadas 358.316 reclamos contra Nueva EPS: casi un 30 % más de las presentadas en 2023, cuando recibieron 277.033. Entre tanto, en los dos primeros meses de 2025 se recibieron 81.455 quejas.
Así mismo, según la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, a junio de 2024, cuando estaba en ejecución la intervención, la deuda de Nueva EPS con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), sumando los dos regímenes en los que opera, era de $4,2 billones aproximadamente, con una cartera en mora de $2,2 billones (53 % en mora).
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