En su respuesta por el hundimiento de la consulta popular en el Senado el miércoles pasado, el presidente Gustavo Petro anunció que el próximo lunes presentará una nueva pregunta para la consulta popular que planea impulsar nuevamente. Según dijo, habrá una pregunta sobre el acceso a medicamentos.
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Sobre esto, el mandatario dijo que la pregunta girará en torno a “que baje el precio de los medicamentos en el país y permita al Estado comprar y producir los medicamentos esenciales y los de las principales enfermedades que padecen las personas”. Justificó esa decisión en evitar el acaparamiento y poner fin a la especulación en sus precios. Esta se sumará a las otras doce incluidas en la propuesta de consulta que fue archivada por el Senado de la República.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el exministro de Salud Alejandro Gaviria (2012-2018) explicó cómo funciona el control de precios de fármacos que existe en el país e hizo su análisis sobre lo que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro incluyendo una pregunta en ese sentido en la nueva propuesta de consulta popular.
¿Cómo funciona el control de precios de medicamentos en Colombia?
Esa historia comienza en 2012 de una manera muy sencilla: coger un conjunto de medicamentos que se venden en países europeos y otros como Canadá, Australia, Argentina y Ecuador y se observaba para un medicamento particular los precios de esos países y se comparaba con el precio de Colombia. Si el precio de Colombia estaba por encima del tercero o cuarto país que tenía los precios más bajos, se bajaba el precio de Colombia a ese nivel. Primero había un ejercicio sobre qué medicamentos controlar y se controlaban aquellos donde había un marcado poder monopólico de las compañías farmacéuticas o la concentración del mercado, o sea, que dos o tres empresas controlaran más del 80 % del mercado.
Esta metodología se implementó en el Gobierno de (Juan Manuel) Santos cuando yo era ministro. Hicimos cuatro rondas de regulación de precios. Se controlaron miles de medicamentos con un ahorro estimado del sistema, en su momento, entre 1 y 2 billones de pesos anuales; el gobierno de Duque la continuó y recientemente el Gobierno del presidente Petro, recientemente, hizo algunos ajustes en una circular que publicaron hace unos meses.
Entonces, si existe ese control, ¿para qué cambiarla?
Por toda esta historia, es que resulta un poco inquietante o misterioso porque, si el marco normativo existe, si todas las atribuciones legales están y el gobierno tiene la posta regulatoria, ¿por qué se planea meter esa pregunta a la consulta cuando no es necesario? Es como si uno quisiera en la consulta meter la pregunta, esperar que la gente vote afirmativamente, cuando lo haga llevar esa pregunta al Congreso, convertir la pregunta en una ley, cuando la ley ya existe. O sea, es como una vuelta sin sentido absurda.
¿Qué se puede hacer a partir de este tema con una consulta popular?
Lo único que podría ayudar es que existiera una parálisis en el Congreso; que el Gobierno no tuviera la potestad regulatoria; que los precios de los medicamentos no pudieran bajarse por decreto o una circular; que existiera un lobby paralizante, por ejemplo, de las compañías farmacéuticas en el Congreso. O sea, usted hace una consulta, con una pregunta general, y convierte esta pregunta aprobada por la gente en una especie de bandera que le da legitimidad al Gobierno para aprobar esa ley que estuviera paralizada en el congreso. Pero esas circunstancias hipotéticas que estoy describiendo no son las circunstancias actuales.
¿El Gobierno estaría usando un tema complejamente técnico como este para sus intereres políticos?
Sí. Hablamos de la regulación de precios de medicamentos, pero los altos precios de los medicamentos no son hoy el problema más prioritario ni más prominente de este tema. El problema es la falta de acceso. Los problemas del sistema de salud están llevando a que mucha gente no reciba sus medicinas y creo que el Gobierno es consciente de que este problema —por el desfinanciamiento del sistema y el caos en las EPS intervenidas— está teniendo un costo político. Lo que creo que está pasando es que el Gobierno quiere meter esa pregunta ahí para, de alguna manera, invertir la ecuación política y mostrarse como preocupado por el tema y lograr amortiguar o contener los problemas políticos derivados de esa dificultad del sistema.
En los últimos años se ha visto un incremento en las quejas por falta de acceso a medicamentos. ¿Qué considera que ha fallado en la cadena de suministro para que la situación este así?
Las causas son variadas y son múltiples, pero la principal es que las EPS no le están pagando lo esperado a los operadores logísticos porque los recursos no les están alcanzando por las mismas decisiones del Gobierno en cuanto a la UPC (unidad de pago por capitación), pero también por una demanda creciente de servicios que viene después de la pandemia, por el nerviosismo de la gente con los problemas del sistema y porque la plata no alcanza. Hay una siniestralidad que supera el 110 %. Al no alcanzar la plata, las deudas de las EPS con los operadores logísticos crecen, las deudas de estos están creciendo con las compañías farmacéuticas y estas están recibiendo un mensaje de sus casas matrices en otros países diciéndoles que no acumulen más deudas con los operadores ni con las EPS. “Si no les pagan de manera inmediata, no entreguen medicamentos”.
Ese problema financiero nace con las intervenciones a las EPS y a los operadores lingüísticos, se traslada a las compañías farmacéuticas. Estas tienen una cartera que nunca habían tenido y eso pone muy nerviosos a todos, locales y extranjeros. Eso hace que la distribución de medicamentos esté muy por debajo de lo que la gente está necesitando. Para resolver este problema, lo que se necesita es atacar las causas de raíz, que tienen que ver con el desfinanciamiento del sistema y con el caos de las EPS intervenidas. Entre los actores de ese sector no hay confianza.
Esto ha generado un descontento porque el Gobierno no está atacando el problema y simplemente echa una pregunta ahí, para nada porque no va a tener ningún impacto y es hacer una especie de statement (declaración) político y enarbolar una bandera cuando lo que está pasando es todo lo contrario. Si uno quisiera verlo, incluso, de manera más cínica, podría decir que el Gobierno lo que está haciendo es protestando contra su propia ineficacia.
Ese tema de la confianza entre actores ustedes lo han alertado desde el movimiento “Todos por la Salud”...
Es una crisis de confianza y de incertidumbre, de que no hay soluciones eficaces, el Gobierno está evadiendo los mandatos de la Corte Constitucional y del desfinanciamento creciente. Nosotros lo hemos llamado una crisis humanitaria porque está afectando a mucha gente. Primero fueron los pacientes con enfermedades raras, después los pacientes con enfermedades crónicas de menor frecuencia, después los oncológicos, después los diabéticos y este problema está creciendo. De todos los problemas del sistema de salud actual, es el más grave. Yo creo que esa fue la razón por la cual el Gobierno decide mandar este mensaje ahí en la consulta, como diciendo que le preocupa el problema, cuando sus acciones parecen demostrar lo contrario.
A fin de cuentas, ¿incluir una pregunta sobre precios de medicamentos no va a ayudar en nada a solucionar este problema?
Tal cual. Incluso, es algo similar a lo que ha ocurrido con el Fomag, que es el sistema de salud de los maestros, en donde el Gobierno y Fecode (Federación Colombiana de Educadores) llaman a organizaciones para protestar contra lo que está ocurriendo en el sistema, cuando el causante evidente es el mismo Gobierno. Entonces sí, es un tema que demuestra un poco las paradojas, contradicciones y otras situaciones que ocurren en la política. Esa pregunta es casi una especie de autocrítica o de confesión de incapacidad de resolver un problema complejo con los medicamentos.
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