Las organizaciones civiles Fundación Anáas y Red PaPaz criticaron esta semana la forma en la que está llevándose a cabo la mesa técnica convocada en el Congreso para tratar dos proyectos de ley que buscan actualizar el impuesto al consumo de tabaco, tanto elaborado (que incluye a los vapeadores) como en cigarrillo.
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Según Anáas y Red PaPaz, en ese espacio están presentes por invitación las compañías que producen estos productos, como British American Tobacco (BAT), Glu Cloud, Relx, Philip Morris y organizaciones que las representan como la World Vapers’ Alliance, Alterpro y Asovape.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil critican que, por el contrario, en este espacio de análisis no hay participación del Ministerio de Hacienda y “no incluye la intervención de organizaciones independientes de la financiación de la industria del tabaco, con la autoridad científica en asuntos de salud pública y fiscal para expresar posiciones sin conflicto de interés”.
Así las cosas, las agrupaciones señalaron que hay una “clarísima interferencia” por parte de esas empresas y de personas que tendrían conflictos de interés “en espacios de diseño de una política de control de tabaco, como en efecto es el impuesto sobre estos productos”.
Vale recordar que en febrero pasado el proyecto de ley en discusión fue aprobado en segundo debate por la plenaria de la Cámara de Representantes. Para ser ley, le falta ser aprobada en dos debates más en la Comisión Séptima y en la Plenaria del Senado de la República.
Al respecto, la red y la fundación señaló que la presencia de esas empresas del sector tabacalero “va en contravía con las disposiciones del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, adoptado por Colombia e incorporado en el marco normativo por medio de las Leyes 1335 de 2009 y 2354 de 2024”.
En ese sentido, añadieron que “en virtud de este Convenio Marco es responsabilidad del Congreso, como una de las ramas del poder público en Colombia, establecer y aplicar las políticas de control del tabaco y de proteger dichas políticas contra los intereses de la industria tabacalera”.
Las disposiciones de ese Convenio establecen que las naciones no deberían aceptar, apoyar ni respaldar ninguna oferta de asistencia o propuesta de legislación sobre el tabaco redactada por esa industria o con la colaboración de la misma.
Hay que destacar que, según la Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2019 del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) y el Ministerio de Justicia, la edad promedio de inicio de los fumadores está en los 17 años y al menos un tercio de la población, es decir, más de 16 millones de personas, han sido consumidores de estos productos al menos una vez en la vida. Del total de fumadores, aproximadamente 1,1 millones han sido usuarios de los llamados cigarrillos electrónicos o vapeadores que son publicitados como menos dañinos sin evidencia científica que respalde esta afirmación.
Finalmente, Anáas y Red Papaz que la versión actual del proyecto que enfrentará su tercer debate “define niveles de tarifas que pueden generar enormes ganancias en la salud de los colombianos y son sostenibles desde el punto de vista fiscal” e hicieron un llamado para “no echar para atrás los avances logrados en los debates anteriores”.
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