Una reciente verificación de antecedentes realizada por la Policía Metropolitana de Bogotá y el Gaula ha encendido las alarmas sobre la seguridad en el transporte público de la capital.
Luego de un exhaustivo cruce de bases de datos que incluyó a 500 conductores de taxi, se reveló que el 60 % de los verificados, alrededor de 300 personas, registra algún tipo de anotación judicial o registro penal. Las bases para su respectivo análisis fueron suministradas de manera voluntaria por algunas empresas del sector de transporte.
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Esta investigación fue impulsada por la Secretaría de Seguridad y ejecutada por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá y su detonante principal fue la crisis de seguridad generada por los “paseos millonarios”.
Específicamente, se alude al secuestro de Diana Ospina y el asesinato del docente Neil Cubides, sobre el cual el alcalde Carlos Fernando Galán ha afirmado públicamente que, según las investigaciones, el mismo taxi fue utilizado en ambos crímenes.
Sobre el sondeo, la Policía y la Secretaría de Seguridad han aclarado que esta cifra corresponde a una muestra específica de 500 nombres suministrados voluntariamente por algunas empresas del sector y no representa la totalidad de los conductores en Bogotá.
Asimismo, expresaron que el objetivo de este tamizaje fue apoyar indagaciones judiciales actuales y no construir una estadística general del gremio, por lo que las autoridades piden evitar la estigmatización de los miles de taxistas que ejercen su labor honestamente.
Las cifras reveladas por las autoridades también sirvió para que se dieran una serie de sugerencias para que desde el gremio de taxistas se recuperara la confianza de los ciudadanos que acuden a este servicio.
Una de las propuestas de las autoridades distritales es solicitarle al Ministerio de Transporte la creación de un registro mediado por la revisión de antecedentes, donde quien tenga registros penales no pueda conducir transporte público.
La administración distrital también plantea que los taxis utilizados para cometer delitos sean objeto de extinción de dominio inmediata para indemnizar a las víctima.
Junto al tamizaje, se hizo un llamado a las empresas para que realicen una acción preventiva rigurosa al contratar a quienes tienen la vida de los ciudadanos en sus manos cuando se suben a sus vehículos.
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