Todo está listo para que este miércoles 21 de mayo, la Fiscalía impute cargos y solicite la medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD
González, quien también se desempeñó como director de la Dirección Nacional de Inteligencia y es cercano al presidente Gustavo Petro desde su militancia en el M-19, es señalado por la Fiscalía como una figura clave en una red de corrupción que habría desviado millonarios recursos destinados a la atención de emergencias.
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Hay expectativa por la diligencia toda vez que se desconoce si el exalto funcionario de Petro asistirá o no a la audiencia. Desde que su nombre apareció en múltiples páginas dentro de la investigación se conoció que González salió del país a pasar vacaciones, se especuló que estaba en España. Sin embargo, medios revelaron recientemente que el exfuncionario estaría solicitando asilo político en Costa Rica, lo que refuerza las sospechas de una fuga para evadir a la justicia.
Al parecer, en su petición ante el Gobierno de Rodrigo Chaves estaría argumentando una supuesta persecución como exalto funcionario de Petro. La tesis del exilio, sin embargo, pierde fuerza frente a los hechos: quienes lo señalan de corrupción no son opositores, sino excompañeros de gabinete y miembros de su propio partido, como Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y hoy testigo clave en su contra.
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Según testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, González habría ordenado el pago de sobornos a congresistas, incluyendo a los entonces presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, ambos ya detenidos, para asegurar el apoyo a reformas gubernamentales.
La Fiscalía le imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos.
Carlos Ramón es señalado de, presuntamente, haber abusado de su cargo para afectar el patrimonio público, ordenando a sus subalternos ejecutar actos ilegales destinados a comprar apoyo político en el Congreso mediante sobornos. De acuerdo con el expediente, habría diseñado una estructura con roles específicos asignados según la jerarquía de cada colaborador.
A Sandra Ortiz, por ejemplo, le habría encomendado “aceitar” a su amigo y entonces presidente del Senado, Iván Name, para garantizar respaldo legislativo al Gobierno. Según la acusación, Ortiz entregó $3.000 millones de pesos a Name a cambio de su “apoyo” en el Capitolio. Por estos hechos, ambos están hoy en prisión.
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La red de corrupción, que la Fiscalía califica como una organización criminal, operaba en paralelo a la institucionalidad. Bajo la fachada de contratos legales para comprar carrotanques y atender desastres naturales causados por sequías y el fenómeno de El Niño, se escondía un esquema de desvío sistemático de fondos públicos.
