En mayo de 2025, el congresista electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció que, durante ese año y el anterior, la Unidad de Víctimas habría usado más de $200.000 millones de pesos del presupuesto en “eventos, politiquería y logística”. Para noviembre del mismo año, aseguró que aquel gasto para aquel rubro había subido a más de $400.000 millones. Hoy, la denuncia vuelve a salir a flote tras un lío judicial.
Gloria Cuartas, directora de la entidad, quedó en el medio de la polémica. “La Alcaldía de Bogotá no puede esperar que la Unidad para las Víctimas destine los recursos que tiene asignados para procesos de retorno, al pago de albergues”, le dijo a la prensa en medio de la crisis humanitaria y de orden público que había en la capital debido al éxodo de la comunidad Emberá, que pedía atención a sus derechos.
”La Unidad de Víctimas no puede pagar albergues”, insistió, diciendo que tomarían acciones puntuales con algunas familias Emberá, y que desde la entidad se centrarían en el retorno de las comunidades a sus territorios.
Briceño le contestó con los gastos que encontró: “La Unidad para las Víctimas, entidad que usted dirige ha DERROCHADO en los últimos 2 años $127.867.636.435 en buses, tarimas, chivas, refrigerios, eventos y politiquería. Sin embargo, para pagar el atención de victimas en Bogotá “no hay plata”. Lamentable”, dijo.
Tras aquella denuncia de control político, Gloria Cuartas, directora de la entidad, aseguró que la denuncia de Briceño era “inexacta”, por lo que presentó una acción de tutela ante un Juzgado en la que pedía rectificación por parte del legislador.
Briceño así lo hizo. El 15 de octubre hizo la primera rectificación mediante un video publicado en sus redes. “Dije que la Unidad de Víctimas se había gastado $250.000 millones en cosas que no tenían que ver con las víctimas”, dijo. Sin embargo, el video se puso tenso cuando, tras recalcar esa primera denuncia agregó: “aquí va mi rectificación”.
En la rectificación, Briceño dijo que el gasto no era de $250.000 millones, sino de más de $300.000 millones. “Es decir, me equivoqué al poner una suma inferior del gasto en la Unidad de Víctimas, lo cual aclaro en este momento, es decir, fue mucha más plata”.
Ante aquella rectificación, Cuartas presentó un recurso asegurando que eso no había sido una rectificación, sino otro ataque en contra de la Unidad de Víctimas, y le pidió al juzgado que le pidiera a Briceño repetir el ejercicio. El 5 de diciembre de 2025, el congresista electo así lo hizo. Fue en ese video en el que Briceño aseguró que el gasto en eventos y tarimazos era de más de $460.000 millones, pero que no todos los gastos habían sido por parte de Cuartas.
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Según la matriz publicada por el político (y que volvió al centro de la polémica este 5 de julio), la mayor parte de los recursos se concentró en contratos de operación logística, entre los que se destacan los adjudicados a Servicios Postales Nacionales S.A.S., que recibió contratos por más de $214.000 millones, además de contratos otorgados a empresas como Unión Temporal Espectra 2024, Publica S.A.S., UT UARIV Logística DQS 2023, Adescubrir Travel & Adventure SAS y el consorcio VU-23.
En el componente de alimentación se firmaron tres contratos principales: uno por $54.834 millones y otro por $58.978 millones con Servicios Postales Nacionales S.A.S., además de un contrato por $71.187 millones con la Alianza Pública para el Desarrollo II.
Para transporte se adjudicaron contratos a Satena, que recibió varios acuerdos por más de $10.000 millones en conjunto, así como a Agrobolsa S.A. Comisionista de Bolsa, Gold Tour S.A.S. y Subatours SAS. Este último obtuvo un contrato por $3.833 millones.
En materia de pauta y divulgación, se celebraron contratos con Servicios Postales Nacionales S.A.S. por $2.200 millones, con RTVC por $370 millones y con Canal Capital por $407 millones.
Adicionalmente, un día antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías de 2025, se firmaron cuatro convenios por un valor conjunto de $94.263 millones.
Cuartas volvió a pedir rectificación, pero Briceño no la hizo. El juzgado lo interpretó como desacato y ordenó un día de arresto contra el congresista electo y una multa de un salario mínimo legal vigente. Sin embargo, el político del Centro Democrático presentó una solicitud de nulidad para aquella sanción, pues aseguró que no sabía que debía volver a rectificar.
Uno de los argumentos centrales de la solicitud se relaciona con las notificaciones. Briceño explicó que dejó su cargo como concejal el 5 de diciembre de 2025 y, por tanto, perdió acceso al correo institucional que había servido como canal de comunicación dentro del expediente.
De acuerdo con documentos expedidos por el Concejo de Bogotá, la cuenta fue desactivada y posteriormente habilitada nuevamente por razones técnicas, aunque él asegura que nunca recuperó el acceso.
Sobre el fallo, aseguró: “En el fondo hay un desespero por parte del gobierno nacional de ocultar que la Unidad de Víctimas ha malgastado $460.124.110.320 en eventos, viajes, chivas, refrigerios, tarimas y politiquería, mientras las víctimas son abandonadas”.
Falta conocer la decisión del despacho.
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