Causó revuelo hace un par de semanas la revelación de Cambio sobre el uso de un helicóptero de la Policía por parte de Juliana Guerrero, una poderosa funcionaria de 23 años adscrita al Ministerio del Interior, para viajar desde Valledupar hasta Aguachica con el fin de supuestamente modificar los estatutos de la Universidad Popular del Cesar (UPC), que es pública, y con eso permitir la reelección de Rober Romero, actual rector.
Si bien la utilización de una aeronave para esos fines clasificados como una “misión secreta” por el Gobierno podría constituir un hecho irregular e injustificable –la Procuraduría abrió una investigación preliminar–, lo cierto es que la historia va mucho más allá e involucra a otros altos funcionarios del Ejecutivo, clanes políticos y congresistas de la región.
EL COLOMBIANO investigó los detalles de la puja por la UPC, un fortín político y burocrático considerado como una “pequeña gobernación”, pues es la entidad más grande en cuanto a presupuesto –aproximadamente $170.000 millones anuales– y planta de personal, después de la Alcaldía de Valledupar y de la Gobernación del Cesar; la UPC, además, está en capacidad de contratar proyectos de infraestructura de miles de millones de pesos.
En elecciones, como las que vienen en 2026, será uno de los escenarios de disputa para conquistar a los más de 17.000 estudiantes matriculados.
La trama por el control de esa universidad incluye parrandas vallenatas entre familiares y amigos íntimos que estarían tomando decisiones sin declarar conflicto de intereses, “fuego amigo” entre aliados del alto Gobierno y congresistas de sectores tradicionales rondando.
El protagonista que no se conocía hasta ahora es Alfredo Saade, el polémico jefe de despacho presidencial que pide públicamente la reelección de Petro, cerrar el Congreso y medios de comunicación.
Lazos estrechos detrás del CSU
Hay dos bandos: el de Saade que busca la reelección del rector Romero, con quien tiene cercanía, y el de Juliana Guerrero, quien es la delegada del presidente desde abril de este año y se opone a la reelección del rector.
La disputa es por la mayoría en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la institución, máximo órgano de dirección y gobierno, que se encarga, entre otras funciones, de la organización académica, administrativa y financiera y, en esta coyuntura, de decidir por votación si el rector puede reelegirse sin tener que renunciar y no como es actualmente que debe hacerlo tres meses antes de las elecciones de marzo de 2026 para poder estar en igual de condiciones que el resto de candidatos.
El CSU está compuesto por 10 integrantes, de los cuales nueve tienen voz y voto. Estos son el delegado del ministro de Educación, una delegada del presidente de la República, la gobernadora del departamento (o su delegado), un representante del sector productivo, un representante de los exrectores, un representante de egresados, un representante de los estudiantes, un representante de las directivas académicas, un representante de los profesores y el rector (sin voto).
De ahí, cinco nombres son claves. El representante de los docentes, Guillermo Echavarría Gil; el de las directivas académicas, Armando Cotes de Armas; la delegada de la Gobernación, Yazmín García (o la gobernadora Elvia Sanjuán del clan Gnecco); el delegado del MinEducación, Xavier Estrada, y la delegada del presidente, Juliana Guerrero.
Para cambiar el requisito de renunciar y poder aspirar a la reelección se necesitan cinco votos de los nueve integrantes del CSU. Actualmente, en esa línea están Echavarría, Cotes y la Gobernación. En contra están Guerrero; el representante del sector productivo, Joaquín Manjarrés; el representante de los egresados, José Carlos Pérez, y el representante de los exrectores, Carlos Darío Morón. Entre los indecisos o que no han fijado postura (al menos públicamente) están Estrada y el representante de los estudiantes, Juan Camilo López.
De manera que la movida que está liderando en la sombra el jefe de despacho presidencial Saade, según varias fuentes consultadas, sería sacar del camino a Juliana Guerrero, quien se opone a cambiar ese requisito, para nombrar a alguien que vote sí. A la espera de ese movimiento estaría Xavier Estrada, quien en privado está del lado del rector Romero.
Estrada necesitaría esos apoyos para una futura aspiración a la Asamblea del Cesar, pero no ha manifestado esto públicamente por la postura de Petro en contra de que los rectores se perpetúen en las universidades públicas y porque resultaría sospechoso que el voto de los dos delegados del Gobierno en el CSU no tengan una posición unificada.
Así las cosas, con una hipotética salida de Guerrero por alguien que vote sí, Estrada no tendría problemas para hacer público su apoyo y completarían los cinco votos necesarios para reformar los estatutos de la UPC y eliminar la norma que prohíbe la reelección inmediata.
Más allá de estas cuentas, lo cierto es que en el CSU se estarían moviendo intereses familiares y personales en favor del rector Rober Romero, según indagó este diario.
Cuotas de Saade y la parranda
El representante de las directivas académicas, Armando Cotes, es cuota de Alfredo Saade por medio de una de sus hijas: Amelia Rocío Cotes Cortés. Ella, a su vez, es cuota de Saade en el Ministerio del Interior, en donde fue directora de Asuntos Religiosos. De ese cargo salió luego de que el exministro Juan Fernando Cristo la declarara insubsistente y de una pelea legal que terminó con denuncias de acoso (aseguraba ella) y de malas gestiones (decía Cristo), pero que tuvo final feliz para Cotes cuando fue nombrada directora de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, puesto en el que sigue actualmente.
Por otra parte, Xavier Estrada, además de ser delegado del ministro Rojas es su amigo personal y de parrandas vallenatas. “Xaxi”, como le dicen en el Gobierno, fue cercano primero al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, con quien tiene una relación laboral desde su paso por el Senado de la República, pues fue miembro de su Unidad de Trabajo Legislativa entre 2018 y 2022, y luego lo apoyó en su fallida candidatura a la Gobernación del Cesar.
Estrada, oriundo de Valledupar, llegó al Ministerio de Educación en septiembre de 2024 cuando Daniel Rojas lo nombró jefe de Control Disciplinario Interno, pero antes había trabajado con él en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). En febrero de este año el ministro lo designó delegado ante el CSU. Allí “se encontró” con el rector Rober Romero, de quien es cercano. Tanto así que hace menos de un mes lo invitó a una parranda con motivo del baby shower de su hijo que viene en camino, según fotos en poder de este diario.
Por su parte, el representante de los docentes, Guillermo Echavarría, tendría un vínculo familiar con el rector y su elección habría tenido algunas inconsistencias. El vínculo de él con Romero fue advertido, curiosamente, por Rosy Margarita Cotes Cortés, la otra hija del delegado ante el CSU Armando Cotes. En agosto de 2024, ella denunció un posible conflicto de intereses de Echavarría por ser compadre de sacramento con el rector.
De hecho, Rosy Cotes y el representante de los profesores son dos viejos conocidos de la UPC, pues en 2012 compitieron en las elecciones para ser representante estudiantil ante el Consejo. La elegida fue ella y él intentó que se excluyeran unos votos, pero el Tribunal de Garantías Electorales de la universidad se lo negó y confirmó que Cotes fue la vencedora.
Así mismo, una investigación del portal “El periódico Prensa Libre” reveló en diciembre de 2022 que Echavarría, además de ser cercano a Rober Romero, se inscribió como candidato a representante de los profesores como “auxiliar” y no como asistente (así lo estipulan las reglas para postularse) y publicó un comprobante de pagos de la UPC que soportaban esa condición laboral.
Clanes y viejos amigos
Frente a todo lo anterior, fuentes de Presidencia le contaron a este periódico que la presunta interferencia de Alfredo Saade en la elección del rector de la UPC tiene molesto al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes han dado apoyo a la delegada Juliana Guerrero y le han asegurado que no la sacarán del cargo ante el Consejo Superior, a menos que no cumpla con las instrucciones del mandatario o renuncie.
“Saade está buscando ‘escampadero’ para el 26 y quiere demostrar que tiene poder, por eso anda metido preguntando y queriendo interferir en la UPC”, dice bajo reserva una fuente del Pacto Histórico en esa región.
El tema ya llegó hasta la Casa de Nariño porque algunos congresistas también tendrían interés en la movida de esa universidad para aceitar la maquinaria electoral. “Ahí la pelea más grande en la región es entre el congresista Apello Cuello y el clan Gnecco”, agrega otra fuente.
De hecho, el rector Romero es reconocido políticamente en el Cesar por haber sido presidente del Directorio Liberal en ese departamento, secretario de Gobierno en la Alcaldía de Valledupar y gerente de la lotería La Vallenata; en este último cargo conoció a William Saade, hermano de Alfredo, quien era el jefe de gabinete de Lucas Gnecco. Tanto Romero como Saade dejaron esos cargos tras serios cuestionamientos.
Lea además: Acusaciones de traición, remezón ministerial y la estatua de libertad en Colombia: las polémicas frases de Petro durante el consejo de ministros
En 2015, Romero se lanzó a la Alcaldía de la capital, pero se quemó al quedar en quinto lugar. Desde el 17 de julio pasado es miembro de la Junta Directiva del Icetex para el periodo 2025-2027 como representante de Universidades Públicas.
El papel del ministro Daniel Rojas en esta situación ha sido sostener que la instrucción de la cartera de Educación es que sus delegados no aprueben la propuesta de eliminar el requisito de renunciar en caso de reelección y que esa propuesta la hizo el representante estudiantil; al mismo tiempo, mantiene una relación cercana con el rector Rober Romero, el delegado Estrada, con quienes comparte parrandas vallenatas cada vez que va a Valledupar.
El bloque J y la otra sede
Pero la disputa no tiene que ver exclusivamente por la reelección del rector. Hay dos proyectos de infraestructura en ciernes que suman alrededor de $280.000 millones y por los cuales hay interés del sector de Romero.
Primero, la construcción del bloque J de la Sede Sabana-Valledupar de la UPC que costaría $32.569 millones. Actas del CSU de finales de 2023 certifican que se aprobó la construcción de esa obra, pero hasta ahora está empezando el proceso. Hace tan solo dos días, Findeter (entidad financiera de desarrollo territorial) hizo pública la convocatoria por ese valor y el MinEducación publicitó ese y otros proyectos.
Segundo, la sede de la UPC en el municipio La Jagua de Ibirico, proyecto de cuatro hectáreas que el Gobierno Petro y autoridades locales prometieron en 2023 y cuyos avances son mínimos. Según el medio local El Pilón, esa sede se construiría por fases, aunque el valor total sería de $249.000 millones.
Además de los notables retrasos, lo extraño es que el rector Romero le dijo a ese medio en febrero de este año que esperaban conseguir el cierre financiero para construir la primera fase antes de finalizar el mes de marzo, cuyo valor ascendería a los $70.000 millones.
Pero cuando EL COLOMBIANO buscó a Romero hace unos días para preguntarle por este asunto, el funcionario respondió que no iba a dejar contratado ni iba a abrir licitación por ninguno de los dos proyectos de infraestructura, el Bloque J y la nueva sede en La Jagua de Ibirico.
¿Qué responden los implicados?
El rector Romero también le dijo a este diario que “no existe proyecto de reforma en tal sentido (reelección inmediata) y en ninguna sesión del CSU se ha incluido ni propuesto” esa posibilidad, también señaló que su relación con el delegado del ministro y compañero de parrandas, Xavier Estrada, era como la de cualquier miembros del Consejo y afirmó que no tiene “relación personal con el consejero Xavier Estrada que le genere impedimento para tomar ninguna decisión que le incumba al CSU”.
Otros miembros lo contradicen bajo reserva, pues dicen que el tema de la reforma se habla informalmente todo el tiempo y que Estrada estaría moviendo hilos con algunos consejeros a pesar de la instrucción del presidente Petro.
Por su parte, el consejero Guillermo Echavarría no confirmó ni negó que el rector Rober Romero fuera su compadre, aunque reconoció que lo conocía y su “cercanía” con él, pero insistió en que eso no comprometería su imparcialidad ante el Consejo, pues sus decisiones “tienen que ser confirmadas con los de más docentes”. Sobre la reelección afirmó que no se ha evaluado esa posibilidad en sesiones del CSU desde marzo pasado, a pesar de que en abril y mayo, según otros consejeros, se habló al respecto. Echavarría también dijo que el documento revelado por el portal Prensa Libre correspondía a información desactualizada sobre su vinculación laboral.
Entre tanto, Armando Cotes negó la posibilidad de entregar un comentario sobre esta investigación alegando que es un “tema trillado”.
Estrada respondió a EL COLOMBIANO que desde que hace parte del CSU en febrero de este año, no se ha presentado ningún proyecto que busque modificar la reelección del rector sin renunciar.
Frente a su relación con Romero, señaló que “es de carácter institucional y para el ejercicio de la función pública encomendada como consejero” y niega cualquier relación personal o impedimentos que interfieran con su desempeño como miembro del CSU.
Además, frente al escenario en el que la modificación de la reelección se votara dice que es “hipotético de algo que no está pasando ante el CSU; dar opiniones sobre un hecho incierto podría hacer que incurra en causales de recusación si efectivamente y de manera posterior llegaren a suscitarse dichas discusiones”. Señala que Petro y Rojas “han orientado públicamente la posición política del Gobierno en distintos escenarios de discusión en asuntos de controversia al interior del sector educativo” y que ante cualquier decisión “políticamente sensible” consultará con el jefe de esa cartera.
Rojas, a su vez, respondió también a este medio: “Xavier Estrada es funcionario del Ministerio, egresado de universidad pública y ha hecho muy bien su trabajo, aunque está claro que la línea editorial de EL COLOMBIANO es la línea editorial de un medio de extrema derecha (que) quiere desprestigiarlo”, dijo el jefe de esa cartera y agregó: “Sin embargo, mi posición ha sido la de no apoyar la reelección de ningún rector y mis delegados han cumplido con esa instrucción”.
Rojas también dijo desconocer la cercanía Estrada y el rector Romero: “Xavier ha actuado de forma transparente como consta en actas, en beneficio de la comunidad académica” y concluyó que el cuestionario enviado es “un ataque al Gobierno”.
El ministro Antonio Sanguino (Trabajo) dijo no tener ninguna injerencia en este asunto, pues señala que, aunque Estrada trabajó en su UTL, él es funcionario del ministro Rojas desde cuando dirigía la SAE.
Ni el jefe de despacho presidencial Alfredo Saade —sobre quien este diario ha revelado su poder desmesurado y quejas en Presidencia— ni el congresista Ape Cuello contestaron nuestras preguntas.
Fuentes cercanas a Juliana Guerrero dijeron a este medio que la polémica funcionaria estaba esperando el avance de la investigación preliminar de la Procuraduría sobre este y otros asuntos para dar declaraciones.
Mientras tanto, la UPC sigue siendo uno de tantos escenarios de disputa entre miembros del propio Gobierno Petro que operan como ruedas sueltas.
Faltando un año para que termine el mandato del petrismo, a pesar de que Saade pide públicamente reelección presidencial inmediata como Nayib Bukele en El Salvador, no son pocos los funcionarios que están buscando conservar cierto poder o influencia por si pierden las elecciones en 2026.
El problema en este caso, dicen varias fuentes de la región, es que la comunidad educativa sigue esperando que se construyan las obras prometidas y que haya transparencia para elegir a un nuevo rector.
Regístrate al newsletter