“Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, fue la frase que dijo el presidente Daniel Noboa cuando anunció este miércoles, en horas de la tarde, que impondría una tasa del 30% a las importaciones colombianas. Así, un conflicto político y de seguridad terminó teniendo consecuencias económicas. Pero ¿qué pasa en la frontera?
Hay 586 kilómetros compartidos entre ambas naciones. Es una de las fronteras más cortas de Colombia, ubicándose únicamente tras Panamá, con quienes compartimos apenas 266 kilómetros. Sin embargo, aquel espacio ha sido suficiente para crear rencillas.
La violencia en Nariño
Los departamentos que colindan con Ecuador son Nariño y Putumayo: dos regiones que viven en carne propia y en primera fila las acciones y consecuencias del actuar ilícito de varios grupos armados. Así lo señalan recientes alertas de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Fundación Ideas Para la Paz (FIP) y Human Rights Watch (HRW).
En septiembre, la violencia recrudeció, sobre todo en el municipio costero de El Charco, en el Pacífico nariñense. Allí, en menos de un mes, 1.900 familias tuvieron que huir del territorio en medio de enfrentamientos por tierras, minería ilegal, contrabando y control de cultivos ilícitos.
Aquello ya había sido advertido en 2024 por la Defensoría del Pueblo, ente que emitió una alerta temprana sobre la situación. Mientras tanto, quienes se quedaron en el territorio lo hicieron en medio del control y del miedo.
“Hay viviendas y escuelas ocupadas por actores armados, lo que implica una transformación total de la cotidianidad de la comunidad además de que es una clara violación del Derecho Internacional Humanitario. La crisis se agrava por la falta de acceso a servicios esenciales: la violencia ha interrumpido suministro de agua, salud y educación, mientras que la comunicación quedó seriamente limitada por el aislamiento de la zona”, narra el último informe de Pares, donde registraron testimonios que datan la situación en El Charco.
La situación es tan crítica que se han reportado enfrentamientos entre los grupos armados ilegales y la Fuerza Pública que duran varios días. La misma situación se presenta en otros municipios nariñenses como El Peñol, donde localizaron una motocicleta bomba cerca de pasos que utilizan el Ejército Nacional.
Y aunque El Charco no queda cerca a la frontera, las olas migratorias se han dirigido, en parte, hacia allí. Las familias que deben huir de la violencia acuden a otras ciudades del departamento, como Ipiales, justo al lado de Ecuador. Allí, el municipio enfrenta otros retos, como el tráfico de armas con destino a la frontera, el tráfico de drogas y el tráfico de personas.
Por ejemplo, el 2 de septiembre de 2025, la Policía de Ipiales —con apoyo de la Fiscalía General de la Nación y la Agencia del Servicio Secreto de los Estados Unidos (USS)— capturó en flagrancia a un hombre en el sector de Rumichaca, zona del municipio urbano de Ipiales (Nariño), por los delitos de falsificación de moneda o extranjero y tráfico, elaboración nacional y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.
Durante el procedimiento se logró la incautación de 754.700 dólares estadounidenses falsos, cuyo destino final era la ciudad de Quito (Ecuador), donde pretendían ser introducidos en el sistema financiero.
Sin embargo, el casco urbano de Ipiales no es el único afectado por la delincuencia. En zonas rurales aledañas, el grupo armado conocido como Comuneros del Sur no ha dado tregua, a pesar de encontrarse inmerso en el proceso de Paz Total del Gobierno Nacional.
La mesa de conversación con ellos aún sobrevive, pero el 22 de septiembre, en la zona rural de Cumbal (Nariño), el Ejército Nacional tuvo que iniciar un operativo en su contra. Y es que, según los reportes, el grupo ilegal estaba intimidando a las comunidades indígenas de la frontera, además de adelantar actividades relacionadas con la minería ilegal, tráfico de estupefacientes, extorsión y secuestro.
Como resultado de aquel operativo no se reportaron miembros de la Fuerza Pública heridos. Además, las autoridades incautaron armas y equipos de comunicación y capturaron a 4 personas.
En aquella ocasión, el teniente coronel Alexandre Da Silveira, comandante del grupo Mecanizado N° 3 General José María Cabal de Ipiales resaltó que los operativos se llevaban a cabo con ayuda de Ecuador, con una estrategia que denominó “espejo”.
"Son operaciones que venimos avanzando en la zona fronteriza. Esto fue una operación coordinada con el Ejército del Ecuador dentro del marco de cooperación nacional en seguridad, es una operación conjunta o tipo espejo, donde veníamos haciendo seguimiento a esta estructura", explicó.
La lista de casos es larguísima, e involucra no solo a miembros de los grupos ilegales, sino también a civiles y autoridades. Solo en 2025, en Ipiales, cinco policías fueron capturados para colaborar con una red de trata de migrantes entre Ecuador y Colombia. Además, el 11 de septiembre, un grupo de civiles ejecutó un intento de asonada contra policías que intentaban hacer operativos anticontrabando, también en Ipiales.
En la zona se ha registrado la presencia de grupos como Comuneros del Sur, Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencias de Iván Mordisco, ELN, Autodefensas Unidas de Nariño y Comandos de la Frontera, un grupo armado que también tiene amplia influencia en el Putumayo.
La situación de violencia en Putumayo
Distintos líderes de Putumayo han pedido lo mismo durante meses: quieren que pare la violencia en contra de la Fuerza Pública del departamento.
En septiembre, dos uniformados fueron rociados con gasolina y prendidos fuego en la vereda Siloé, zona rural de Villagarzón.
El subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz participaban en la destrucción de un laboratorio para el procesamiento de cocaína cuando aproximadamente quince personas los rodearon. El ataque dejó al subteniente con quemaduras en el 75% de su cuerpo y al soldado con lesiones en el 30%, lo que motivó su traslado inicial a Florencia (Caquetá) y posteriormente al Hospital Militar de Bogotá.
Su caso no es aislado. La frontera entre el departamento colombiano y Ecuador ha sido escenario de asonadas y enfrentamientos entre autoridades y ciudadanía, pese a los esfuerzos de ambos gobiernos.
Por otro lado, Según Human Rights Watch, los grupos armados ilegales han reforzado su control sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y cometido graves abusos contra la población civil, en particular contra las comunidades indígenas. Es decir, el conflicto en la zona no tiene únicamente dos frentes.
Desde 2023, varios grupos armados de la zona hacen parte de las mesas de conversación de la Paz Total. Allí, los Comandos de la Frontera resaltan, pero no por razones positivas. Su accionar ha trascendido el territorio colombiano y se ha convertido en un factor de inestabilidad regional, a pesar de estar en un proceso de paz.
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Y es que, en el otro lado de la línea limítrofe, su presencia ha sido vinculada a hechos de alto impacto que han encendido las alertas de las autoridades ecuatorianas y deteriorado aún más la seguridad en la Amazonía binacional. De hecho, en mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados en medio de una emboscada de aquel grupo armado.
La frontera es, además, una ruta clave para el tráfico de economías ilegales. Informes de la Fuerza Pública advierten que por esta zona se movilizan cargamentos de droga que terminan en manos de organizaciones criminales que operan tanto en el sur de Colombia como en provincias ecuatorianas cercanas al Pacífico.
Esa red logística no solo sostiene el narcotráfico, sino que también explica la acumulación de bienes, tierras y negocios usados como fachada para lavar dinero.
En Ecuador, los operativos contra estas estructuras han dejado al descubierto la magnitud de su expansión. Capturas masivas, extinción de dominio sobre grandes extensiones de tierra y la incautación de propiedades rurales y urbanas evidencian que los grupos armados no solo disputan control armado, sino también económico, apoyándose incluso en actividades agrícolas legales para financiar sus operaciones.
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Mientras tanto, en Putumayo, el impacto sobre la población civil sigue siendo profundo. Aunque algunos de estos grupos participan en diálogos con el Gobierno, líderes sociales, comunidades indígenas y trabajadores humanitarios coinciden en que la violencia no ha desaparecido.
Por el contrario, denuncian que continúan los asesinatos selectivos, el reclutamiento de menores, las restricciones a la movilidad y la imposición de castigos comunitarios bajo normas dictadas por los propios armados.
Organizaciones de derechos humanos advierten que, en muchos casos, el temor impide denunciar. Las comunidades aseguran que incluso las cifras oficiales de homicidios no reflejan la realidad, pues hay presiones para ocultar los crímenes y evitar cualquier contacto con las autoridades.
El panorama es complejo, y una lectura amplia del mismo deja la duda sobre cómo se solucionará la guerra comercial que inició como consecuencia del conflicto.
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