Las masivas deportaciones del Gobierno de Donald Trump siguen dando de qué hablar en Estados Unidos y alrededor de mundo. Esta vez, la administración del republicano anunció la expulsión de ocho extranjeros a Sudán del Sur, siendo tres migrantes de origen latinoamericano.
Según explicó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense, Tricia McLaughlin, había indicado que los migrantes originarios de Cuba, Laos, México, Birmania, Vietnam y Sudán del Sur fueron enviados al país africano porque “ningún país en el mundo quería aceptarlos porque sus crímenes son especialmente monstruosos”.
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De acuerdo con la funcionaria, el Departamento de Estado de Trump encontró “un país que estaba dispuesto a aceptar a estos ilegales”. Entre los deportados a Sudán del Sur hay un mexicano y dos cubanos, de acuerdo con el DHS.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que Estados Unidos no informó a su gobierno de la deportación de uno de sus ciudadanos hacia esta nación, que es uno de los países más pobres del mundo y que está sumido en un conflicto interno.
“Es un ciudadano mexicano que estaba detenido en los Estados Unidos acusado de homicidio. No informaron a México para su retorno”, dijo la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina.
Sheinbaum dijo que al ser una persona privada de su libertad hay un “protocolo distinto” que debe seguirse. Añadió que su gobierno está verificando en qué parte de Sudán del Sur se encuentra para “ver si quiere ser repatriado”.
“Si quiere ser repatriado, pues Estados Unidos tendría que traerlo a México y en México tendrían que seguirse los protocolos porque muy probablemente estaría privado de su libertad”, dijo. “Se está revisando todo el caso”.
El martes pasado, un juez de Boston ordenó al gobierno de Trump “mantener la custodia” de los miembros del grupo que estaban siendo deportados a Sudán del Sur o a cualquier otro tercer país “para garantizar la viabilidad práctica del retorno si el tribunal determina que dichas expulsiones fueron ilegales”.
De acuerdo con algunos abogados de los extranjeros, esta decisión violaría una orden judicial que permite a las personas tener una “oportunidad” para expresar sus preocupaciones sobre ser deportados a un país diferente de su nación de origen, según recogió la prensa estadounidense.
Sin embargo, el gobierno estadounidense justificó la decisión al acusar al juez de “intentar obligar a Estados Unidos a llevar de vuelta a “estos monstruos bárbaros únicos”.
El presidente Trump, basó su campaña electoral en promesas de expulsar a millones de migrantes indocumentados, y desde que regresó a la Casa Blanca en enero ha tomado diversas medidas para acelerar las deportaciones.
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