La medida está pensada para facilitar la deportación de inmigrantes irregulares. Los ojos están puestos en la propuesta, que algunos sectores de la población y varios políticos demócratas han calificado como xenofóbica y peligrosa.
La administración del presidente Donald Trump ha vuelto a colocarse en el centro de la polémica al considerar la suspensión del habeas corpus, una garantía constitucional que protege a las personas contra detenciones arbitrarias.
Según declaraciones de Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y uno de los asesores más cercanos de Trump, el Ejecutivo está evaluando “seriamente” eliminar temporalmente este derecho con el fin de acelerar la detención y deportación de migrantes.
“El presidente busca ampliar su poder legal para actuar ante lo que consideramos una invasión migratoria”, declaró Miller el pasado viernes. “La Constitución es clara: el habeas corpus puede suspenderse en caso de invasión. Es una opción que estamos considerando activamente”.
Las declaraciones desataron una oleada de reacciones inmediatas tanto en el ámbito político como en el académico. El profesor Steve Vladeck, especialista en Derecho Constitucional en la Universidad de Georgetown, advirtió que esta amenaza “eleva la temperatura a un nivel completamente nuevo” y alertó sobre el peligro de un precedente que socave el equilibrio entre poderes en el país.
El habeas corpus, expresión en latín que significa “tendrás el cuerpo”, obliga al Estado a justificar ante un juez la detención de una persona. Su origen se remonta al derecho consuetudinario inglés y fue incorporado en la Constitución de Estados Unidos como un freno a los abusos del poder ejecutivo.
La Carta Magna establece que solo puede suspenderse en casos de “rebelión o invasión”, y la última vez que esto ocurrió fue durante la Segunda Guerra Mundial, tras el ataque a Pearl Harbor.
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Aunque la suspensión del habeas corpus aún no se ha concretado, la posibilidad de que se utilice como herramienta para facilitar deportaciones masivas ha encendido las alarmas sobre el respeto al debido proceso.
De acuerdo con datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), numerosos migrantes y estudiantes detenidos han recurrido al habeas corpus para solicitar su liberación ante los tribunales. Si esta vía legal desaparece, quedarían prácticamente indefensos ante detenciones arbitrarias.
El Gobierno de Trump ha utilizado con frecuencia términos como “invasión” para referirse al aumento en la llegada de migrantes a la frontera sur del país. En esta narrativa ha encontrado un resquicio legal para justificar el uso de medidas extremas.
Incluso se ha apelado a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a cientos de migrantes venezolanos y salvadoreños sin un proceso judicial adecuado, alegando vínculos con bandas criminales como la MS-13 o el Tren de Aragua. Sin embargo, los tribunales en diversos estados y el propio Tribunal Supremo han bloqueado estas acciones por inconstitucionales.
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Las voces de alerta no se han hecho esperar. La senadora demócrata por Minnesota, Amy Klobuchar, declaró en la red social X: “El Congreso no va a revertir el habeas corpus. Y no, el presidente no puede hacerlo por sí solo”.
Lee Kovarsky, profesor de Derecho en la Universidad de Texas, fue aún más contundente: “Si esta garantía se llegara a suspender, sería un desastre histórico nacional. El Gobierno podría detenerte sin que tuvieras forma legal de impugnar esa detención”.
El senador Chris Murphy, de Connecticut, advirtió sobre los peligros de esta propuesta: “La pendiente hacia el despotismo puede ser resbaladiza y rápida”.
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