La firma del decreto por parte del presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular, a pesar de la negativa previa del Congreso, ha provocado una fuerte ola de reacciones en el país, especialmente en Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, han sido enfáticos en señalar lo que consideran una grave afectación a la institucionalidad y la democracia colombiana.
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El presidente Petro formalizó la convocatoria a la consulta popular a través de la red social X, declarando que el decreto solo se derogará si el Congreso, específicamente el Senado, acoge positivamente los puntos de la reforma laboral que pretende preguntarle al pueblo. Esta condición ha sido interpretada como un “chantaje” por diversos sectores políticos y de la sociedad. La decisión presidencial se tomó a pesar de que el Senado ya había votado negativamente la convocatoria el pasado 14 de mayo, con 49 votos por el NO y 47 por el SÍ.
Gobernador Rendón: “Del lado opuesto de las dictaduras”
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, no tardó en responder a la publicación del presidente Petro en X, expresando su rotundo desacuerdo con la iniciativa presidencial. En su declaración, Rendón manifestó que no le gusta “ni un pedacito que usted (Petro) quiera parecerse tanto a los dictadores de Venezuela que llevaron a la pobreza y a la miseria a nuestro país hermano, que solapadamente fueron desmantelando las instituciones, agitando las mismas banderas que usted hoy promueve”.
El gobernador subrayó la postura del departamento frente a estas acciones, afirmando que “en Antioquia estamos del lado opuesto de las dictaduras”. Remarcó además una diferencia fundamental entre la consulta promovida por Petro y la consulta apoyada por su gobierno que se prepara en el suroriente de Antioquia, esto después de que el presidente Petro, en su alocución en Cali en la noche del miércoles, señalara una supuesta contradicción al apoyar una y rechazar otra: “La diferencia, presidente Petro, entre la consulta suya y la mía es que la nuestra SÍ la aprobó el Congreso”.
Rendón enfatizó la importancia del respeto por las instituciones, la Constitución de 1991 y el Congreso, que “ya habló y le dijo, ‘No a su consulta popular’”. Concluyó reafirmando que en Antioquia seguirán resistiendo “el modelo socialista fracasado” que el presidente busca imponer, estando “del lado de los derechos de los trabajadores, de la economía de mercado con fraternidad y del lado opuesto de las dictaduras”.
Alcalde Gutiérrez: “Materializando su sueño de ser dictador”
Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó también con contundencia ante la decisión del presidente. En su mensaje, el mandatario local declaró que la firma de este decreto “marca un antes y un después para Colombia”.
Gutiérrez acusó al presidente Petro de estar “materializando su sueño de ser dictador” y advirtió que “hoy la institucionalidad en nuestro país está a prueba”.
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El alcalde de Medellín señaló su confianza en el poder judicial, pidiendo que la Corte Constitucional actúe como garante de la legalidad: “Confiamos en la Justicia, es el momento de que la Corte Constitucional siga siendo nuestra faro del respeto a la constitución y la Ley. Nadie está por encima de la Ley” concluyó.
Un contexto de controversia y ruptura institucional
La decisión de Petro ha sido calificada como una “ruptura institucional” y un “autogolpe de Estado” por diversos actores políticos y juristas, quienes argumentan que el decreto es “a todas luces ilegal”.
Aunque el Gobierno argumenta la legalidad del decreto basándose en una supuesta votación “fraudulenta” en el Senado y una decisión judicial que ordenaba una apelación, estas afirmaciones han sido contrastadas y desvirtuadas por expertos, ya que el Senado sí se pronunció negativamente y la decisión judicial no invalidaba la votación.
Ante este escenario, la oposición y otros sectores de la sociedad han anunciado acciones legales. Por ejemplo, se ha presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado para suspender el acto administrativo. Además, fuentes de la Registraduría General de la Nación han indicado que es probable que no se realice la consulta hasta que un alto tribunal se pronuncie sobre la legalidad del decreto, ya que la Registraduría puede abstenerse de aplicar un “decreto viciado”. El procurador Gregorio Eljach también se ha opuesto al decreto, afirmando que la consulta fue “negada formalmente y no cabe discusión jurídica”.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) destacadas también han expresado su preocupación, advirtiendo que “convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes”, y que es fundamental el respeto a los procedimientos y la división de poderes para evitar que “un régimen presidencial se convierta en un régimen autoritario”.
La coyuntura actual pone a prueba el equilibrio de poderes y la institucionalidad colombiana, con un gobierno que insiste en la consulta popular como un mecanismo de presión al Congreso y, según algunos críticos, una plataforma de cara a las elecciones de 2026
