Jorge Pineda sabía que la gente le tenía aprecio a él y a su negocio, pero solo hasta esta semana comprobó la huella que ha dejado entre la gente durante 30 años de servicio y compañía a los miles de caminantes que ascienden cada semana el cerro de las Tres Cruces.
Resulta que tras meses de zozobra, a Jorge le llegó un ultimátum para desalojar el puesto de trabajo que montó su papá en los 90, el primer negocio que hubo en las Tres Cruces y que se convirtió en el punto de encuentro e hidratación por excelencia en este que es uno de los siete cerros tutelares en Medellín. Pero la noticia del inminente desalojo se regó por redes sociales y ante la ola de indignación, la alcaldía de Federico Gutiérrez lo buscó para encontrar alguna solución.
La historia de La Primera Estación se remonta a mediados de los 90. El padre de Jorge llegó al cerro de las Trece Cruces en 1992 a trabajar con la familia Estrada, dueña de parte del cerro. Pero en ese entonces no era más que un morro al que casi nadie subía, uno de los picos de la ciudad donde nadie se atrevía a asomar cabeza. En 1994 al papá de Jorge se le ocurrió que podía empezar a vender agua, banano y naranjas para las pocas personas que tímidamente subían cada tanto, sobre todo los fines de semana. Y de agua en agua, el negocio se fue creciendo a medida que aumentaba también la cantidad de personas atraídas por trepar el difícil cerro y disfrutar un rato de la naturaleza y la vista que se disfruta desde la cima.
Jorge ayudó siempre a su papá, desde los 12 años junto a su hermano madrugaban cuando todavía estaba todo oscuro para mover las frutas y el agua que en ese entonces guardaban en un espacio pequeño que les prestaban en el colegio Padre Manyanet. El papá de Jorge murió, pero el negocio familiar siguió hasta convertirse en punto de referencia de todas las miles de personas que convirtieron en hábito trepar el cerro.
Pero eventualmente los problemas llegaron. En 2018, cuenta Jorge, cuando empezó el movimiento en el cerro por el interés de la Alcaldía de Medellín de adquirir los predios a los privados para adelantar acciones de conservación ecológica, empezaron los temores de que pudieran sacarlos del lugar que llevaban ocupando ya un cuarto de siglo para entonces. Años atrás, relata, la familia Bernal había hecho un intento en un proceso que terminó en la comisaría de Belén, en la que la familia propietaria alegaba que debían salir del negocio porque llevaban un par de años invadiendo terreno privado. Pero bastó con un par de evidencias para que demostraran que ya llevaban allí más de una década y que no solo no tenían por qué salir, sino que ya tenían derecho a iniciar procesos de pertenencia.
En 2018, entonces, llegaron funcionarios de la alcaldía y le manifestaron que sí, que efectivamente en ese proceso de adquisición de predios también debían negociar con él por la cantidad de años que llevaba la familia laborando allí. Le pidieron una documentación y él puso el asunto en manos de una abogada y se concentró en seguir camellando día a día, desde las 3:30 de la madrugada hasta bien tarde pasadas las 8:00 de la noche, atendiendo caminantes y acompañándolos también, porque dice que lo que siempre la manifiestan es que cuando ven el negocio abierto se sienten un poco más seguros en el cerro.
Pero según cuenta, el proceso de pertenencia nunca avanzó y la alcaldía finalmente tampoco decidió negociar con él. De eso se enteró hace poco cuando llegó la notificación de desalojo, el cual iba a hacerse efectiva incluso con presencia policial. Así que fue donde la abogada y se enteró de que nunca avanzó el proceso para comprobar pertenencia, que no se movió un dedo. Desorientado y preocupado lo único que se le ocurrió junto a su familia fue publicar un video en redes, dice que inicialmente lo único que quería era desahogarse y, si además se podía, encontrar algunos consejos de personas que le orientaran qué podían hacer.
Pero no contaban con la respuesta de la gente que regó el video en Instagram y le dejó claro que, prácticamente, lo consideran un patrimonio del cerro.
La indignación suscitada luego que Jorge contara la historia fue tal que inmediatamente desde la alcaldía se contactaron con él para intentar hallar alguna solución. Dice que Simón Molina, secretario privado de Federico Gutiérrez, lo contactó directamente para conocer en detalle el caso y para comprometerse a abrirle un espacio con el alcalde. “Dicen que ellos no buscan perjudicar al trabajador, y yo espero que sea así porque lo único que hemos hecho con mi familia es trabajar acá e intentar prestar el mejor servicio posible a las personas que visitan el cerro”, apunta.
El desalojo se frenó por la bulla, es un triunfo parcial. Pero ahora espera que de ese espacio que puedan tener con la alcaldía se pueda llegar a un acuerdo para que, por lo menos, les entreguen en comodato ese pedacito en el que laboran él, su esposa, su hija, su hermano, su sobrina, un negocio familiar en el que los caminantes encuentran agua, fruta y conversa para seguir su camino o sentirse acompañados en un cerro que, pese a su belleza, también presenta problemas de seguridad.
El comodato les permitiría tener margen de maniobra para comenzar con otros abogados un nuevo proceso que avale la pertenencia a la que dicen que tienen derecho por haber estado allí ya por más de tres décadas. “En todos estos días tan ajetreados le dije a un amigo, ‘¿cómo es posible que nos tengamos que ir así sin más de acá? Que no tengamos derecho a nada, ni siquiera a lo mínimo, que es el derecho al trabajo”.
Ahora planea hacer un nuevo video contando en qué va la situación, pero sobre todo agradeciendo a la gente que mostró su cariño a ese pequeño negocio familiar.
