En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del operativo que dio con la deportación desde Colombia del ciudadano estadounidense Donald Earl Johnson. El hombre es señalado de presuntamente promover el turismo con fines de explotación sexual a través de redes sociales y plataformas digitales en Medellín.
Según información de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la inadmisión del extranjero se produjo tras una investigación desarrollada por unidades especializadas de la institución, que recopilaron elementos de análisis para solicitar a Migración Colombia la aplicación de la medida preventiva.
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Según las autoridades, el caso fue trabajado por la denominada Task Force Feria Segura, un grupo conformado por capacidades de inteligencia, investigación criminal y cooperación interinstitucional, creado para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes durante la temporada de mayor afluencia de visitantes a Medellín, que es la Feria de las Flores.
Las labores investigativas incluyeron actividades de policía judicial, vigilancia, seguimiento, interceptación de comunicaciones y otras diligencias técnicas y de campo, que permitieron establecer presuntos vínculos del extranjero con conductas relacionadas con la promoción del turismo sexual.
De acuerdo con el reporte oficial, Donald Earl Johnson es identificado como creador del movimiento informal Passport Bros, integrado principalmente por hombres gringos que viajan a distintos países, entre ellos Colombia, con el propósito de buscar relaciones sentimentales con mujeres locales. La información recopilada por las autoridades lo relacionaría con la difusión de contenidos asociados al turismo con fines de explotación sexual.
Una vez emitida la orden de inadmisión, funcionarios del control migratorio detectaron al ciudadano a su llegada al país y procedieron a impedir su ingreso, ordenando su retorno inmediato a Estados Unidos.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la actuación de las autoridades en su cuenta en X (antiguo Twitter) y aseguró que la ciudad mantendrá una política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas.
“En plena Feria de las Flores ya hay quienes quieren venir a Medellín con otras intenciones. Aquí no los vamos a dejar entrar”, escribió el mandatario, quien destacó que la investigación permitió reunir los elementos necesarios para solicitar la inadmisión del gringo ante Migración Colombia.
Gutiérrez también resaltó los resultados obtenidos por la Task Force durante este año y afirmó que, gracias al trabajo articulado entre las diferentes autoridades, se han registrado 107 inadmisiones de ciudadanos extranjeros en Antioquia durante 2026 por situaciones relacionadas con presuntos casos de viajes a Medellín para explotar mujeres sexualmente.
Por su parte, la Policía Metropolitana informó que, en los primeros seis días del operativo especial dispuesto para la Feria de las Flores, han sido inspeccionados más de 190 vuelos internacionales y verificadas más de 500 personas en los principales puntos de ingreso al Valle de Aburrá.
Como resultado de esos controles, 15 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos al detectar factores de riesgo o posibles intenciones ilícitas asociadas con su ingreso a Colombia.
Las autoridades señalaron que estos operativos buscan anticiparse a cualquier amenaza contra la integridad de menores de edad y reforzar la prevención de delitos como la explotación sexual comercial durante una de las temporadas de mayor movimiento turístico en Medellín.
Cifras oficiales muestran que, en lo corrido de 2026, cerca de 150 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en diferentes puestos de control migratorio del país por presuntos vínculos con turismo de explotación sexual. De ese total, 107 casos corresponden a procedimientos realizados en Antioquia.
La Policía Nacional anunció que la estrategia Task Force Feria Segura continuará activa durante toda la Feria de las Flores, con controles migratorios permanentes y trabajo coordinado entre autoridades nacionales e internacionales para detectar oportunamente cualquier conducta que represente un riesgo para los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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