Solo en uno de los contratos por los que ayer fue capturado Misael Cadavid Jaramillo, el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, la Fiscalía investiga un presunto detrimento que resulta escandaloso, pues de un valor total de $4.000 millones se habría embolsillado, según los investigadores, $3.000 millones, o sea tres cuartas partes.
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Pero lo capturan no solo por este contrato. El presunto peculado por apropiación, por el que le tocará responder, tiene que ver con contratos por más de $17.000 millones con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.
Además, sería solo la punta del iceberg. Ha sido también mencionado por testigos como el presunto articulador de una red de contactos dentro de la negociación que se habría dado para “vender” la gerencia y la contratación en Afinia, la filial de EPM en la Costa Atlántica, también durante la administración Quintero (2020-2023).
La aprehensión se produjo este lunes, en una redada sorpresa, cuando Cadavid estaba en su consultorio, y aparte la Fiscalía dictó captura contra otras cinco personas más involucradas en el caso: tres de ellas ex funcionarias del AMVA, dos ex subdirectoras ambientales, Ana María Roldán y Diana María Montoya, y María Yaneth Rúa, que habría sido la supervisora de los contratos. Y otros dos de bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona, el tesorero, y Elkin González, representante de la entidad.
Hace tiempos que las autoridades venían trabajando sobre estos temas. De hecho, de la sede de los bomberos de Itagüí se habían llevado varios componentes tecnológicos en busca de pruebas. Esa diligencia se realizó hace varios meses, aunque se mantuvo bajo absoluta reserva. Algunas versiones indican que los agentes se centraron en dos computadores, discos duros y papelería. El propio Cadavid le confirmó a este medio que sí ocurrió la visita, pero aseguró que no fue un allanamiento; además, que lo que pidieron fueron varias memorias USB.
“Se los llevaron y a los pocos días los devolvieron”, dijo una fuente dando a entender que esto ocurrió por el tiempo preciso como para sacar copias espejo de los archivos digitales.
Esa inspección habría sido clave, ya que se hallaron evidencias fuertes de los sobrecostos en insumos para atender la pandemia y en capacitaciones para los cuerpos de socorro. A ese material se habrían sumado interceptaciones y los testimonios de varios implicados que han delatado a sus presuntos cómplices para buscar principios de oportunidad.
Los contratos se firmaron entre 2020 y 2022, por un total de $17.654 millones, cuando Cadavid encabezaba los bomberos de Itagüí —algo que seguía haciendo hasta ayer 6 de octubre—. La Veeduría Todos por Medellín denunció no solo que fueron entregados a dedo sino que habría ocurrido una malversación de recursos públicos cercanos a $6.000 millones.
En todo esto al parecer hubo modificaciones de facturas y hasta falsificación de firmas, según les dijo un investigador a periodistas de este diario.
Debido a esa misma contratación, en septiembre de 2023 la Procuraduría le abrió una investigación al entonces director del Área, Juan David Palacio, y comenzó a buscar si otros funcionarios de esa época habrían incurrido en conductas irregulares. Investigadores le contaron a EL COLOMBIANO que los testigos estarían hablando del papel que habrían jugado otras personas, entre ellas Palacio. Por eso no se descartan nuevas capturas en las próximas horas.
Cabe recordar que, entre los conocedores del poder alrededor de Daniel Quintero, Palacio era visto como ficha de Miguel Quintero, el hermano del alcalde, quien en realidad movía los hilos no solo dentro del AMVA, si no también manejaba la contratación en Metroparques, el Inder y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), por interpuestas personas.
¿Qué hizo en el caso Afinia?
Otra arista de las investigaciones contra Cadavid, que se basan igualmente en testimonios de presuntos implicados, tiene que ver con el rol que habría jugado en la supuesta negociación de la llamada “franquicia” en Afinia para el control de la contratación durante el periodo 2020-2023. De acuerdo con lo dicho por el alcalde Federico Gutiérrez, ese fue un negocio por el que habrían pagado 8 millones de dólares en la administración de su antecesor, Daniel Quintero.
Según las declaraciones, personas que tenían poder dentro de la administración de Quintero —o el propio exalcalde— le habrían “vendido” al excongresista William Ortega el derecho a nombrar gerente e incidir en contrataciones billonarias de esta filial de EPM en la costa.
En esa maraña aparecen además nombres como el de Sebastián Ortega —el hijo de William Ortega— quien habría fungido como representante de su papá para mover todo el andamiaje de poder en la Costa y como vínculo con personajes controvertidos como Alfonso “El Turco” Hilsaca y Emilio Tapia, protagonista en el Carrusel de la Contratación de Bogotá y más recientemente en el escándalo de Centros Poblados.
Según un testigo, la primera reunión para negociar la “franquicia” de Afinia habría contado con la presencia de Cadavid, pero fue más allá al señalar que este habría sido fundamental para hacer el primer enlace con su viejo aliado político Ortega. Ambos coincidieron en campañas electorales como la que quemó al primero —el jefe de bomberos— en su aspiración a la Cámara de Representantes y al segundo para la Alcaldía de Bello, a nombre de Cambio Radical, en los comicios de 2022.
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Tampoco se puede pasar por alto que Sebastián Ortega fue mencionado en otro caso como quien fungió de anfitrión en el apartamento 1301 del edificio Salamanca, en la reunión en la que Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde de Medellín, le habría ofrecido a un constructor el lote de Carabineros con un pago oficial y otro bajo cuerda.
Además, a finales de 2021 y estando a pocos meses de las elecciones para el Congreso, se conoció un audio en el que Cadavid se jacta con el interlocutor de una llamada telefónica sobre el apoyo que, según dijo, le iba a brindar Daniel Quintero.
“Ya tengo fórmula para el Senado de la República, va a ser David Luna. Nos sentamos con Daniel Quintero y con Luis Pérez; entonces Daniel nos va a ayudar muchísimo desde la Alcaldía (sic)”, le dijo a otra persona y después completó:
“¿Por qué no le envías tu hojita de vida a (Vorágine, el medio que publicó el audio omitió el nombre para proteger a la fuente), porque ellos nos dijeron que nos iban a ayudar con unos carguitos para mirar a ver si te conseguimos algo bueno para ti”.
Días después y al conocerse la anterior información, Luna, que se presentaba al Senado, renunció a tener fórmula en Antioquia para la Cámara.
Dos encuentros secretos
Varios exfuncionarios de EPM han dado declaraciones a las autoridades de cómo Daniel Quintero presionó para imponer el nombre del polémico Javier Lastra como gerente de Afinia, a pesar de que los miembros antiguos de su junta recomendaron que se ratificara a Blanca Liliana Ruiz, que estaba teniendo un buen desempeño.
Ruiz había trabajado en EPM durante 25 años y la Superintendencia de Servicios Públicos aplaudió sus primeros meses al frente: “Afinia presenta un cumplimiento de metas del 94%. La obras e inversiones entre enero y marzo de 2021 mejoraron la prestación del servicio a más de 800.000 usuarios en cuatro departamentos”.
A pesar de sus buenos resultados, antes de cumplir un año, sacaron a Blanca Liliana, para poner al cuestionado Javier Lastra, a quien el Consejo de Estado le quitó su investidura como concejal de Bogotá y a quien también habían sacado de ser interventor de Electricaribe, en medio de investigaciones de la Contraloría.
Nada de eso pareció importarle a Daniel Quintero. Simplemente removieron a los integrantes de la junta directiva y continuaron con lo suyo.
Entre las cosas dichas por testigos estaría el relato de cómo habría influido Cadavid en la entrega del supuesto control de esa empresa a Ortega y habría evidencias de dos reuniones para finiquitar el asunto. La primera, el 7 de diciembre de 2020 en el Club Unión de El Poblado, donde, entre otros habrían estado William y Sebastián Ortega, así como Javier Lastra, a quien nombraron en agosto del año siguiente.
El segundo encuentro para redondear detalles habría sido en un reconocido restaurante, entre mayo y junio de 2021, donde habrían estado un secretario de la alcaldía de Medellín; William y Sebastián Ortega así como el venezolano Juan Biord Pereda. Aeste último lo han mencionado varios testigos como integrante de una especie de comité que tenía contacto con el exalcalde Quintero para cobrar coimas por contratos.
De ahí en adelante abundan los testimonios de presuntas citas en fincas de la Costa para alinear la contratación del lado de controvertidos empresarios y acerca de jugadas de los directivos que llegaron con Lastra a Afinia para sacar de escena a competidores tradicionales.
Para corroborar las reuniones, los investigadores ya contarían con el registro de ingresos al Club Unión, fotos en San Carbón, lo mismo que informes sobre la ubicación de las líneas telefónicas de los aludidos en esas fechas.
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