Este martes, y luego de dos aplazamientos, empezó la audiencia de imputación de cargos en contra del exalcalde Daniel Quintero, 11 exsecretarios y contratistas por el escándalo de Aguas Vivas.
La diligencia comenzó hacia las 2:30 de la tarde. Así va el minuto a minuto:
6:18 PM: El abogado de Daniel Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, pidió que no se permita que la Alcaldía de Medellín asista a las audiencias en condición de víctima, considerando que no era adecuado que esta pudiera intervenir el proceso.
6:13 PM: La Procuraduría consideró que, aunque la Fiscalía se extendió mucho en la narración de los hechos, la imputación se había realizado conforme a la ley y dándole luces a los imputados para ejercer su derecho a la defensa.
4:55 PM: Se reanuda la audiencia. La fiscal expuso los hechos para imputar al exalcalde Daniel Quintero Calle y Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General, como presuntos responsables de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
Además, imputó peculado por apropiación a José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
4:37 PM: Se declara un receso de 10 minutos. Luego continuará la exposición de la fiscal para imputar a las demás personas vinculadas al caso.
3:33 PM. La fiscal comenzó su exposición. Anticipa que cuenta con evidencia para imputar a Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Control y Gestión Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exasesor de despacho del alcalde y exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; y Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección de Proveedores, como presuntos responsables del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
3:20 PM: El juez no accedió a aplazar la audiencia de imputación y ordenó a González Montoya y Pedroza Gómez retirarse de la audiencia.
3:18 PM: La fiscal explicó que no se romperá la unidad procesal del caso y que dentro de un plazo legal de 240 días podrá practicar la audiencia de imputación a las dos procesadas que no tenían abogado defensor para la presente diligencia.
3:10 PM: El apoderado de la Alcaldía de Medellín pidió que para evitar que el proceso se siga dilatando, era necesario que se imputaran a las personas que se habían presentado y posteriormente unificar los casos.
3:07 PM: La fiscal 133 del grupo anticorrupción, delegada para adelantar la diligencia, solicitó continuar la audiencia con la imputación a las otras 11 personas indiciadas. Los abogados de otros implicados cuestionaron a la fiscal y le pidieron argumentar la decisión.
3:03 PM: Las indiciadas Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana, y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad, manifestaron que su abogado defensor no pudo asistir a la audiencia porque tenía una audiencia presencial en la ciudad de Cali. Por esta razón, pidieron reprogramar nuevamente la diligencia en aras de que se garantizara su derecho a una defensa.
2:38 PM: A las 2:38 p.m. de este martes 8 de abril empezó, por fin, la audiencia de formulación de imputación de cargos en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y varios de sus exfuncionarios por el caso de Aguas Vivas, en el que son investigados como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
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La diligencia fue reprogramada para esta fecha el pasado primero de abril, tras dos aplazamientos avalados por los jueces, tras ser solicitados por los abogados defensores de algunos de los investigados, entre ellos dos exsecretarios y el propio Quintero, lo que levantó múltiples críticas entre quienes consideran que se está dando una estrategia dilatoria en el proceso, uno de los mayores escándalos de presunta corrupción denunciados durante la administración pasada.
Los 10 exfuncionarios de Daniel Quintero implicados en el escándalo de Aguas Vivas
Carlos Mario Montoya es uno de los 10 exfuncionarios de Daniel Quintero implicados en el escándalo de Aguas Vivas. Los demás son Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario General; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Alethia Carolina Arango Gil, quien ejerció como subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector de Planeación de Medellín; Ingrid Vanessa Gonzalez Montoya, exsecretaria de Gestión Humana; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Proveedores; y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad.
De igual forma, en el proceso aparecen vinculados José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
Montoya Serna es uno de los exfuncionarios clave en este proceso, pues de acuerdo con lo que se sabe, la Subsecretaría de Catastro, entidad entonces bajo la tutela de la secretaría a su cargo (Gestión y Control Territorial), realizó un nuevo avalúo comercial del terreno de Aguas Vivas, la nuez del asunto, y su valor pasó de $2.711 millones a la exorbitante cifra de $42.719 millones, en un presunto acto de corrupción que es lo que las autoridades tratan de establecer en el proceso penal.
Ha trascendido además que el exsecretario habría rechazado las sugerencias y recomendaciones de los técnicos de la Alcaldía de Medellín sobre la inconveniencia de hacer las movidas con Aguas Vivas.
Este es el ABC del caso Aguas Vivas
El escándalo de Aguas Vivas estalló en diciembre de 2021, mes en el que EL COLOMBIANO empezó a denunciar el presunto negociado ilegal que se estaba fraguando con un megalote a nombre del Municipio de Medellín.
Aguas Vivas es una propiedad ubicada entre El Poblado y Las Palmas, de un área de 147.000 metros cuadrados y que puede observarse desde el segundo mirador de la avenida Las Palmas.
El caso en mención se remonta al 29 de diciembre de 2014, cuando dos empresas, identificadas como IDC Inversiones y Técnicas Constructivas compraron el terreno.
Apenas tres meses después de concretar esa primera transacción, ambas empresas le traspasaron por un valor de $361 millones al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, un 11% de dicho terreno, y un 4% restante a dos hermanos de él, Alberto, Darío y Mario.
A mediados de 2015, se selló una tercera transacción en la que los Pérez Gutiérrez aumentaron a un 39% su participación conjunta para el terreno.
Al año siguiente, en marzo de 2016, la familia del exgobernador hizo otra movida con el terreno, volviendo a entregar a las dos empresas iniciales sus participación sobre el predio y recibiendo a cambio otra finca aledaña, de nombre Las Brisas, y en donde ya tenían participación previamente.
Todas movidas fueron constatadas por EL COLOMBIANO tras revisar documentos que reposaban en los archivos de la Notaría 25.
En 2017 los privados empezaron a pedir pista para traspasarle al municipio de Medellín el primer lote en cuestión, el de Aguas Vivas.
A pocos días del cambio de gobierno, se suscribió una escritura pública en la que la cesión fue aceptada, tal como quedó consignado en una escritura emitida por la Notaría 19 de Medellín, fechada el 27 de diciembre de 2019.
Tras dicho acto, en el que el predio se avaluó en $2.711 millones, quedó pendiente no obstante hacer el registro del título ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
Dicho traspaso se hizo además como una compensación urbanística, una figura que obliga a los constructores a entregar espacio público a la ciudad cuando adelantan un proyecto. Por esta razón, en dicho traspaso no se le exigió a la Alcaldía un pago.
Cabe recordar que el terreno de Aguas Vivas aparecía en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como una zona destinada para un ecoparque, razón que le restringía a sus dueños su uso para cualquier proyecto habitacional.
Bajo esa lógica, dicha cesión se explicaría para esas empresas posteriormente pudieran cerrar algún acuerdo económico con algún tercero dispuesto a pagar por aquel terreno y así cumplir con alguna compensación urbanística pendiente.
En su investigación, la Fiscalía busca determinar quiénes fueron los responsables y cómo se habría producido una serie de movidas administrativas con las que el lote Aguas Vivas, ubicado en Las Palmas, fue avaluado por la Alcaldía en $48.234 millones en 2021, presuntamente para beneficiar a privados.
De igual manera, se investiga el papel del exalcalde Quintero en dicho caso, sobre todo por cuenta de la firma de un decreto que le cambió el uso al suelo en cuestión, luego de que la justicia no le permitiera a la Alcaldía realizar una conciliación en la que pagaría $40.509 millones a los privados.
