Un lujoso penthouse arrebatado a la mafia habría terminado como base de operaciones del hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero y varios altos exfuncionarios implicados en investigaciones por presunta corrupción. En una movida que todavía es un misterio, los reflectores del escándalo se han posado sobre dos nuevos personajes: el depositario que tenía el apartamento a su cargo cuando Miguel Quintero ingresó y el director regional de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) de la época, quien salió salpicado en el entramado del senador Mario Castaño.
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La situación quedó al desnudo en una investigación de la Fiscalía, en la que ese ente accedió a una serie de videos en los que se observa al hermano del exalcalde paseándose campante por la propiedad y tomándose selfies junto a un jacuzzi con el exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, hoy imputado por corrupción e inhabilitado por nueve años para ejercer cargos públicos por cuenta de un proceso disciplinario emprendido por la Procuraduría.
Sin que se sepa en qué condición Quintero resultó con las llaves de un apartamento avaluado en $2.101 millones, ya que su nombre nunca ha aparecido en el historial de propiedad del inmueble ni en ningún contrato en poder de la SAE, las dudas se centran en un depositario de esa sociedad que quedó a cargo del apartamento y que fue removido un año después de la grabación de los videos.
Aunque ni el depositario, ni el hermano del exalcalde han salido a dar explicaciones sobre el tema, la polémica subió rápidamente de temperatura, luego de que saliera a flote una auditoría de la Contraloría en la que se advertían presuntas irregularidades en el manejo del inmueble.
El historial del apartamento
Aunque a simple vista recorrer un apartamento deshabitado no despertaría mayores suspicacias, el historial de la propiedad es complejo, tal como se desprende de su certificado de tradición y libertad, en el que puede observarse cómo resultó en manos del Estado tras resultar arrebatado a uno de los implicados en la operación Nueva Generación, un megaoperativo contra el narcotráfico realizado hace más de 25 años.
Para el momento de la grabación del video, la propiedad estaba bajo el cuidado de un depositario de la SAE identificado como Uver Gildardo Muñoz Valencia.
Por ahora no es clara la relación entre Muñoz Valencia y los hermanos Quintero. Lo único que se sabe es que para el momento de los hechos el funcionario responsable en Bogotá de la SAE era el vicepresidente de bienes muebles e inmuebles, Andrés Ávila, quien en declaraciones entregadas a la Unidad Investigativa del diario El Tiempo aseguró que, si se hizo un negocio, habría sido a sus espaldas.
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“Yo retiré al depositario en 2021”, dijo a ese periódico, señalando que el director regional de la época también le había señalado que la entrada de Miguel Quintero no habría sido autorizada.
Por otro lado, vale recordar que, de acuerdo con la cronología de los chats, para el momento de los hechos el director de la regional Occidente de la SAE, era Julián Alberto López Marín, quien ejerció ese cargo desde 2015, antes de la llegada del gobierno Duque, y allí se mantuvo hasta 2021.
Si bien tampoco la presunta participación de López Marín en la situación es clara, su nombre no ha sido ajeno a controversias.
A mediados de 2023, el medio de periodismo investigativo Casa Macondo señaló por ejemplo cómo su nombre aparecería relacionado en presuntas irregularidades en unos bienes que quedaron en manos del fallecido exsenador Mario Castaño, con un gran poder en Caldas en donde la regional Occidente de la SAE tenía injerencia.
“Las gestiones para adquirir las fincas pronto incluyeron a Julián Alberto López Marín, gerente de la regional occidente de la SAE con sede en Caldas, el departamento de Castaño. En una llamada del 13 de septiembre de 2021, Juan Carlos Martínez, mano derecha de Mario Castaño y prófugo de la justicia, recibió la confirmación de que López Marín ya le había enviado la información del inmueble y que podían agendar una cita con el depositario”, plasmó ese medio de comunicación.
No obstante, el señalamiento más grueso para la territorial de la SAE vino por cuenta del presidente Gustavo Petro, quien pese a ser aliado del exalcalde Quintero, adujo que los medios de comunicación supuestamente querían enlodarlo por un caso ocurrido en los tiempos del gobierno Duque.
“No sé si el hermano de Daniel Quintero estaba vinculado al grupo uribista. Pero lo que hizo la prensa ayer al ocultarle a la ciudadanía esta información, fue trasladar la profunda corrupción del gobierno de Duque en la administración de la SAE en Medellín, al Pacto Histórico”, dijo, señalando que la territorial de la SAE habría sido entregada al uribismo.
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Lo ocurrido en la SAE durante ese periodo tiene además especial relevancia, sobre todo teniendo en cuenta que en mayo pasado la Contraloría General de la República culminó una auditoría en la que precisamente ese penthouse, ubicado en el edificio Sierralta, hizo parte de sus preocupaciones.
La alerta central de la Contraloría, además de considerar que las entidades a cargo del apartamento no habían sido efectivas para ponerlo en venta, fue una millonaria afectación para las arcas públicas, precisamente por los traumatismos para negociarlo.
“Durante el tiempo transcurrido la entidad dejó de percibir los valores referentes a canon de arrendamiento, teniendo en cuenta la ocupación irregular que presentaba el inmueble, no se ejecutaron las acciones necesarias a tiempo, a fin de recuperar el bien en proceso. Lo anterior por deficiencia operativa y de control en la administración de los bienes, lo que genera pérdidas económicas para la Entidad, ya sea por no percibir cánones de arrendamiento o una posible pérdida definitiva del dominio sobre el bien”, aparece en una de las observaciones reseñadas en la auditoría, en la que se alude a un hallazgo fiscal por $154 millones.
Por otro lado, se estima que la SAE también está colgada en por lo menos $142 millones en cuotas vencidas de la administración del edificio.
“Ya tengo las llaves”
Aunque el tema se mantuvo en secreto por varios años, los videos de la polémica se conocieron este mes, en medio de las diligencias judiciales que tienen contra las cuerdas a varios exfuncionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por un presunto entramado corrupto en esa entidad.
Durante las audiencias en las que el exlíder de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, fue enviado a la cárcel y señalado de participar en un peculado de $2.481 millones, salió a relucir el nombre del hermano del exalcalde Daniel Quintero, Miguel Quintero.
Los indicios más comprometedores vinieron por cuenta de un correo electrónico que destapó la Fiscalía, en la que un ciudadano le aseguró que Miguel sería la figura a la sombra que presuntamente habría coordinado el direccionamiento de los contratos entre los bomberos y el Área Metropolitana.
Además de ese correo, a la opinión pública se filtraron varios mensajes enviados a través de un chat grupal de WhastApp titulado “Amigos”, en el que, además de Miguel, también participaban Sebastián Ortega, hijo del excongresista William Ortega (el mismo que salió salpicado en el escándalo de Afinia) y Álvaro Villada, quien fue subdirector de Finanzas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
El primer medio en poner la lupa a dichos chats fue Noticias Caracol, que publicó múltiples conversaciones entre los integrantes del grupo compartiendo hojas de vida y refiriéndose a procesos contractuales en el Área Metropolitana. Los mensajes en poder de la Fiscalía fueron enviados entre el 31 de enero de 2020 y marzo de 2021.
Dentro de las múltiples publicaciones resaltó un video grabado el 16 de mayo de 2020, en el que aparecía Miguel recorriendo el apartamento de la controversia cual propietario.
“Viejo, es increíble, las cosas se acaban más fácil sin utilizarlas”, se escucha al hermano del exalcalde absorto. “Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios”, añadía, aludiendo al parecer a alguna propiedad empleada también para realizar reuniones.
“Muy muy bacano. Que sea el nuevo inmueble. ¿O ya no queremos inmueble?”, dijo Sebastián Ortega en el chat ese mismo 16 de mayo.
“¿Cuándo vamos a ir a verlo? Ya tengo las llaves, ya me lo entregaron. Mejor dicho, ya ese apartamento es mío, pongámoslo así de esa manera”, replicaba Miguel. “Hay que bregar a pegarle una organizadita a una goterita que tiene. Ese apartamento tiene dos pisos. Uno de los baños como que tiene una fuguita y está cayendo en la cocina, entonces hay que mandar a organizar el drywall de la cocina y creo que el drywall del balcón del segundo piso. Este apartamento queda en el último piso. Tiene puertas blindadas. Es muy bonito güevón. Hay que meterle una platica, pues una organizadita para ponerlo decente”.
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO consultó al depositario de la SAE, Uver Gildardo Muñoz, sin contar con ninguna respuesta. Entre tanto, la SAE publicó un comunicado en el que señaló no tener en sus archivos documento alguno que vincule a Miguel Quintero con la propiedad.
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