La policía andaba en Manrique haciendo operativos contra diversos delitos, en el marco de la estrategia de focalización de zonas con mayores índices de criminalidad en Medellín, cuando dieron con un hombre de 45 años andando en una motocicleta, y al detenerlo para hacerle una requisa rutinaria se llevaron una sorpresa.
En medio de las actividades de vigilancia, registro y control que adelantaban las patrullas solicitando identidad para verificar antecedentes y posibles irregularidades en la documentación de vehículos, la policía ordenó al hombre que viajaba en motocicleta que se detuviera un momento. El sujeto inmediatamente se puso nervioso, demasiado como para tratarse de un conductor normal que se dirige hacia su destino, trabajo o casa. Por eso la policía decidió verificar el contenido del baúl de la moto y bastó no más con abrirlo para toparse con un montón de fajos, casi todos de billetes de $100.000.
Al ser interrogado sobre el origen del dinero, el hombre comenzó a gaguear, las autoridades esperaban que les demostrara tal vez un recibo de transacción bancaria, algún elemento que permitiera demostrar la procedencia legal del dinero, pero el hombre quedó en blanco y no logró demostrar su origen.
El hombre quedó detenido mientras la policía contaba el dinero, en total, fueron 16 fajos que sumaron $147.050.000. El capturado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación, junto con el dinero incautado y la motocicleta, como parte del proceso de judicialización. Además, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, se adelantarán labores para determinar el origen del dinero y establecer si estaría vinculado a alguna estructura delincuencial que delinque en la capital antioqueña.
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¿Es legal detener a un ciudadano por tener altas sumas en efectivo?
A la luz de la jurisprudencia, el procedimiento que anunció la Policía Metropolitana plantea algunos interrogantes. En una reciente sentencia de 2020, la Corte Suprema de Justicia, revisó el caso de una persona judicializada por tener una alta cantidad de dinero en efectivo “no justificada”, y concluyó que las autoridades nunca tuvieron material suficiente, más allá de una postura subjetiva respecto a lo que significa “alta suma” y “no justificada”.
Según el alto tribunal, la Fiscalía no logró superar el estándar de conocimiento exigido para demostrar la concurrencia de todos los elementos que integran los tipos penales imputados. El Tribunal, por su parte, erró al exigir que la defensa desvirtuara la hipótesis de una acusación que no fue suficientemente probada y, al no encontrar colmado ese requerimiento, acudió a una defectuosa creación de indicios para justificar la decisión de condena. En Colombia, la carga de la prueba le corresponde a la Fiscalía, es decir, es el ente acusador el que tiene la obligación de demostrar, en estos casos, por ejemplo, que la plata en efectivo tiene un origen ilegal.
Pero, además, no existe sustento normativo en Colombia para que la policía exija respuestas por parte de un ciudadano sobre el porqué tiene en su poder altas sumas de dinero en efectivo ni cuál es su origen. Según un concepto del abogado Santiago Trespalacios en el portal del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos, “considerar lo contrario sería tal como afirmar que toda persona que tenga patrimonio, constituido por cualquier medio, se encuentra en un estado de sospecha permanente lo cual rompe las cargas públicas o conjunto de deberes ciudadanos, de manera insoportable de cara a las libertades” y también opinó el abogado que “ninguna persona debe ser capturada por el solo hecho de portar altas sumas de dinero pues de una actividad plenamente lícita no se puede desprender un mínimo de tipicidad, y tampoco se encuentra obligada a ‘dar explicaciones’ sino hasta el momento en que se acredite el origen o destinación ilícita de dichas sumas por parte de las autoridades”.
Habrá que ver, entonces, si la particular captura que informó la Policía Metropolitana en Manrique supera las exigencias legales y, posteriormente, anuncia eventuales hallazgos respecto a hechos delictivos a partir de la captura y la incautación que realizó.
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