“No habrá más cámaras de fotomultas trampa en Medellín”. Con esta frase, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció ayer el cambio radical que tendrá este sistema de sanciones, que tendrá como prioridad la pedagogía y la información al ciudadano. Con estos cambios, “quien sea sancionado es porque quiere”, tal como manifestó el mandatario.
Estos cambios están ligados a la finalización de la concesión por 20 años que tenía UNE, que comenzó el 1 de enero de 2006 con la operación de todos los trámites de la Secretaría de Movilidad de Medellín y que para 2011 se extendió a las fotodetecciones.
La finalización del convenio 5400000003 de 2006 será este 31 de diciembre, luego de que la Alcaldía de Medellín le anunciara a esta compañía de telecomunicaciones que no renovará este convenio. A partir del 1 de enero de 2026 el manejo de todo este sistema quedará a cargo de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), la misma que administra más de 3.2000 cámaras de seguridad y 120 de reconocimiento de placas de la ciudad.
“Las fotodetecciones no se acaban. El 1 de enero de 2026, cuando tengamos nosotros ya el control total del sistema, lo que queremos es prevenir y no multar, que salvemos vidas, no que las personas caigan en las cámaras para tener más recursos”, señaló el mandatario distrital.
La administración de estas cámaras a través de la ESU se hará mediante un convenio interadministrativo, el cual ya fue verificado y cuenta con todas las reglamentaciones legales para evitar líos, aseguró el alcalde Gutiérrez.
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La primera modificación que tendrá este sistema, a partir del primer día de 2026, es que cada uno de los puntos donde se encuentren estas cámaras contarán con una señalización notoria para que la gente se alerte de la presencia de las mismas.
“Tendremos señalización a 200 y 100 metros antes de cada cámara, tanto en los laterales de las vías como en el punto de la fotomulta, y también señalización de piso. La idea es que no sean cámaras trampa”, explicó Gutiérrez.
Para esta señalización se tendrán tres tipos de señales verticales, a lo que se suma un pasacalle y una marca en el suelo. Con esto se busca que los conductores tengan presentes los puntos donde se hacen estos controles y que estén pendiente tanto de reducir la velocidad y de no pasarse el semáforo en rojo como de verificar si tiene pico y placa o si tiene vencidos documentos como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) o la Revisión Técnico-Mecánica (RTM).
Las señalizaciones aplicarán tanto para los puntos donde están los dispositivos fijos como en los que se pueden ubicar las cámaras móviles, según la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entidad encargada de la regulación de este sistema de sanción en Colombia desde el 2018.
También se hará una articulación con la información de los conductores en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) para informar a los conductores desde un mes antes sobre el vencimiento tanto del Soat como de la Técnico-Mecánica. De hecho, se harán varias notificaciones antes del día que pierden vigencia.
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“Estaremos informando mediante llamadas, correos y mensajes de texto sobre el vencimiento de estos documentos con un plazo de 30, 15, ocho y un día antes. De hecho, si podemos, seremos más insistentes con estas alertas”, aseguró Gutiérrez.
El alcalde fue insistente con la gente para que actualice su información en el Runt y agilizar así la notificación de estos documentos, sobre todo con aquellos que cambian recurrentemente sus números celulares y sus correos.
Finalmente no se aplicarán sanciones si una persona se pasa el semáforo en amarillo o si está bloqueando la intersección, aunque este último punto tendrá vigencia principalmente en caso de congestiones, accidentes o si es necesario darle paso a una ambulancia o vehículo de atención de emergencias.
“Lo más importante es que este sea un sistema justo. Queremos es que haya cultura ciudadana, que disminuya la accidentalidad; no ver esto como un negocio, por eso las decisiones que hemos tomado con las cámaras en la ciudad”, expresó el mandatario.
Con la finalización de este convenio, también cambia la operación de la Secretaría de Movilidad de Medellín, tanto en la realización de algunos trámites como del manejo de otras tecnologías vinculadas a la entidad.
En la actualidad, UNE opera la atención en las tres sedes de la entidad –Caribe, Premium Plaza y Sao Paulo– además del centro de control que se encuentra en la sede de Caribe y que permite verificar el estado de las vías, principalmente.
A esto se suma que tienen el control sobre trámites como la expedición de matrículas, licencias de conducción, cambios de placas, cambios de color y traspasos, entre otros.
También estaban a cargo del soporte y mantenimiento a toda la infraestructura tecnológica de este despacho y de la gestión administrativa y económica de las multas, tanto las hechas por los guardas como las fotodetecciones.
La decisión de que sea la ESU la que opere este sistema y no UNE repercute, inicialmente, en que serán más ingresos para la ciudad con el recaudo de las sanciones.
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Actualmente, debido a la concesión que finaliza este año, la Alcaldía de Medellín solo recibía el 29,3% de la plata recaudada por las fotodetecciones y el 52,4% por los trámites y los comparendos hechos por los agentes de tránsito.
En plata blanca, esto significaba que a Medellín solo le estaban entrando cada año $44.369 millones, mientras que a partir del año entrante, si se mantiene la tendencia sancionatoria de la actualidad, el distrito podría percibir hasta $100.000 millones anuales, lo que se traduce en un incremento del 125%.
Estos dineros permitirían que se haga una mayor inversión en infraestructura pública y mantenimiento de la malla vial, avanzar en proyectos de transporte público, la modernización de la red semafórica y hacer una mayor inversión en campañas de cultura ciudadana y educación vial.
Con la finalización de este convenio, toda la inversión realizada por UNE desde 2006 en la Secretaría de Movilidad de Medellín pasará a manos del distrito, tal como ocurre con las obras en concesión cuando finaliza el contrato y este no es renovado.
Serán en total 1.335 activos avaluados en $31.208 millones, entre los que se destacan 46 elementos de infraestructura tecnológica como servidores, UPS y plantas eléctricas.
También se recibirán 730 elementos periféricos como cámaras de fotodetección, cámaras ARS, cámaras CCTV y comparenderas.
Finalmente serán propiedad del Distrito 43 equipos de redes como firewall, switches, access point y 516 equipos complementarios como computadores, impresoras, huelleros, entre otros elementos necesarios para realizar los trámites en esta secretaría.
“Lo que queremos es prevenir y no multar, que salvemos vidas, no que las personas caigan en las cámaras para tener más recursos; eso no es lo que nos interesa, nos interesa la vida de la gente”, concluyó el mandatario.
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