La Fiscalía General de la Nación, en operativo conjunto con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por su sigla en inglés), desarticuló este 5 de mayo una red criminal de siete personas acusadas de explotar sexualmente a menores de edad en Medellín y producir pornografía infantil que era comercializada en Estados Unidos.
Los hechos investigados ocurrieron entre junio de 2024 y agosto de 2025, principalmente en los sectores del corregimiento de San Cristóbal, el barrio San Michel, el barrio Santa Lucía y el sector de Las Palmas. Seis de los procesados contactaban a las víctimas dentro de su propio entorno familiar o vecinal, valiéndose de engaños para producir los videos que luego enviaban al exterior a través de aplicaciones de mensajería.
El séptimo capturado es el ciudadano mexicano Cein Quezada Ríos, también conocido como Carlos Hernández o El Mexicano, quien operaba de manera distinta: abordaba él mismo, o a través de otras personas, a menores en las inmediaciones de colegios y les ofrecía entre 80.000 y un millón de pesos para que se desplazaran a su residencia, donde los sometía a vejámenes sexuales. Además, usaba a las mismas víctimas para llegar a otras: “Instrumentalizó a menores de edad para que cometieran delitos, ofreciéndoles sumas de dinero a cambio de que le consiguieran otras menores para sostener dichos encuentros sexuales”, explicó Deicy Jaramillo, delegada para Seguridad Territorial de la Fiscalía.
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Tras las capturas, fiscales de la Unidad de Delitos Priorizados contra Niñas, Niños y Adolescentes de Medellín imputaron a los detenidos cargos por demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso carnal abusivo, uso de menores para la comisión de delitos, acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, pornografía infantil agravada y proxenetismo. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los siete procesados.
Varios de los menores que estaban siendo instrumentalizados por sus propios familiares fueron recuperados y puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.
El caso se enmarca en una problemática creciente en la ciudad. En lo corrido de 2025, en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se capturaron 56 personas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, 39 de ellas en el distrito de Medellín. Entre esos casos están el de tres adolescentes de 14 y 15 años halladas en un hotel del barrio Estación Villa, en la Comuna 10, donde sus captores les habían retenido los teléfonos; y el de una menor de 13 años explotada durante más de un año por su propio primo y dos mujeres cercanas, quienes la manipulaban con regalos y dinero para producir contenido sexual que luego vendían a ciudadanos extranjeros.
La magnitud del problema llevó a la Defensoría del Pueblo a pedir medidas urgentes. Según un informe presentado ante el Concejo de Medellín por la Mesa contra la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, el 75% de las víctimas son niñas y adolescentes, el 80% de los agresores son hombres y los casos han crecido exponencialmente desde 2010. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, advirtió además sobre el aumento del uso de redes sociales y plataformas digitales para captar víctimas, y exigió la creación de una mesa intersectorial que involucre a Medellín y al Área Metropolitana para enfrentar el problema de forma coordinada.
Ante estas alertas, la ciudad ha reforzado los controles migratorios en coordinación con otras entidades. En 2026, ya han sido rechazados más de 48 extranjeros que pretendían ingresar a la ciudad con fines de explotación sexual, una cifra que los primeros cuatro meses del año ya supera la mitad de los casos registrados en todo el año anterior.
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