Las reacciones contra la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra 23 de los cabecillas que forman parte de la mesa de la paz urbana continúan. En esta ocasión, Proantioquia señaló que esta decisión genera una seria incertidumbre en medio del proceso electoral que se vive en estos momentos.
“La solicitud del Gobierno Nacional a la Fiscalía de suspender las órdenes de captura bajo la figura de conversaciones de paz es una afrenta contra todos los colombianos víctimas de la violencia, que deja un mensaje desesperanzado sobre la noción de justicia”, dijeron desde la entidad en un comunicado.
Así mismo, lanzaron críticas no solo contra esta decisión, sino también contra el tarimazo del pasado 21 de junio en La Alpujarra, donde los integrantes de esta mesa de negociación compartieron escenario con el presidente Gustavo Petro y hasta le estrecharon la mano en la tarima instalada.
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“Esto envía un mensaje de desconfianza a la ciudadanía y siembra un ambiente de zozobra en medio del proceso electoral que vivimos”, señalaron desde Proantioquia, indicando que esto podría repercutir en unas elecciones que tienen como favorito, según las encuestas, a Iván Cepeda, el candidato de la continuidad de Gustavo Petro.
“Tiene errores jurídicos”: abogado sobre suspensión de ordenes de captura a cabecillas
Por otro lado, el abogado Alex Morales, experto en derecho internacional humanitario y penal y quien ha participado de diálogos con estructuras criminales del norte del Valle de Aburrá, aseguró que en la resolución 00072 de 2026 hay varios errores normativos que pueden afectar todo el proceso de paz urbana.
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“Considero indispensable advertir que la resolución expedida por la Fiscalía contiene errores jurídicos sustanciales que pueden afectar gravemente la seguridad jurídica, la dignidad y el futuro procesal porque desconoce este marco legal y reinterpreta la condición de los voceros como si fueran sujetos con órdenes de captura vigentes o como si existiera un riesgo real de reincidencia”, expresó.
Además, hace énfasis en que se habla de una suspensión generalizada de las órdenes de captura sin revisar cada caso, como si estos cabecillas tuvieran medidas vigentes o si existe alguna contra ellos, en particular.
“Esto no solo contradice la Ley 2272, sino que abre la puerta a que un futuro gobierno, con una orientación distinta o incluso adversa al proceso de paz urbana, utilice estos documentos para justificar revocatorias, persecuciones judiciales o decisiones administrativas regresivas”, expresó el abogado.
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