¿Qué pasa con el proceso contra un exsubsecretario de la Secretaría de Movilidad durante la Alcaldía de Daniel Quintero? Esa es la pregunta que se hacen los vinculados en el caso luego de que se suspendiera por tercera vez la audiencia de imputación en su contra por el delito de firma de contrato sin cumplimiento de requisitos. Todo porque su defensa, bajo distintos argumentos, solicitó la postergación.
El procesado por estos hechos es Mauricio Alonso Zuleta Estrada, quien se desempeñó como subsecretario técnico de este despacho entre el 12 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, y sobre quien cursa este proceso por un contrato de 16.123 millones de pesos celebrado en julio de 2023, cuando estaba en vigencia la Ley de Garantías para la recuperación del transporte público en la ciudad.
Sin embargo, su abogado, Óscar Santamaría, cada que se programa una audiencia en contra de Zuleta Estrada, argumenta que tiene dificultades para asistir por otros compromisos o que está fuera del país, situación que ha venido colmando la paciencia de la rama judicial y del fiscal del caso, Jaime Alberto Duque.
Luego del anuncio de la tercera postergación, el fiscal manifestó: “Se me hace raro este aplazamiento. Estamos en una audiencia que la pues se puede realizar de manera virtual y bien podría el señor defensor conectarse de manera virtual desde el país donde se encuentra”.
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El primer aplazamiento se produjo el pasado 15 de agosto, cuando se hicieron las audiencias en contra de todos los vinculados con la irregularidad en esta contratación y la más reciente fue la del pasado jueves.
Por estos aplazamientos se solicitó que se compulsaran copias contra el abogado bajo el argumento de que se estaría buscando dilatar lo máximo posible este proceso contra este ingeniero en instrumentación y control y quien cuenta con dos especializaciones, una en gobierno público y la otra en vías y transporte.
Este proceso también vincula a quien se desempeñaba como secretario de Movilidad de ese tiempo, el coronel (r) Juan Carlos Torres Ojeda, a quien investigan en el marco de este contrato por el delito de falsedad ideológica en documento público, puesto que presuntamente expidió un oficio certificando un acta de comité de contratación con asistencia de funcionarios que, en realidad, no participaron en la reunión.
La tercera persona investigada por este caso es la abogada Estefanía Cuervo Sánchez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad, quien habría tramitado de manera irregular este contrato, el 46000098703 de 2023, el cual sería de carácter interadministrativo y se ejecutaría a través de Metroparques.
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Con este contrato, la idea era hacer a demolición de estructuras existentes, excavaciones y movimientos de tierra, construcción de obras complementarias y de urbanismo, adecuación de andenes y bahías, mantenimiento de pavimentos rígido y flexibles, y rehabilitación de corredores viales. Esos se planeaban hacer en el centro de Medellín y en las comunas 3 (Manrique), 4 (Aranjuez), 8 (Villa Hermosa), 15 (Guayabal) y 16 (Belén).
El inconveniente se generó porque este se firmó el 29 de junio de 2023, después de que entrara en vigencia la Ley de Garantías Electorales, que había comenzado a regir en el marco de los comicios de las administraciones departamentales y locales que se celebraron el 29 de octubre de ese año.
La Fiscalía argumentó que además de firmarse sobre la hora, este se había tramitado sin estudios previos completos ni análisis riguroso del sector y, mucho menos, justificación presupuestal. También, según el ente acusador, se usó una modalidad de contratación directa que se reserva para casos excepcionales, eludiendo así la licitación pública.
Finalmente, se presentaron irregularidades al incluir obras civiles que no eran competencia de la Secretaría de Movilidad, sino de la Secretaría de Infraestructura Física.
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