En la tarde de este lunes, mientras un juez aplazaba la audiencia por la presunta corrupción que hubo en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2023, en la que el protagonista principal es Miguel Quintero (el hermano del exalcalde Daniel Quintero), un mensaje en las redes del alcalde Federico Gutiérrez hizo que la opinión pública pusiera sus ojos en una de las cuatro personas que está siendo imputada en este momento: Vanesa Álvarez.
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La razón esbozada por el mandatario local es que esta tuvo contacto entre el año pasado y este con los procesos de contratación en el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda, una entidad creada en el Gobierno Nacional para hacer frente a la destrucción originada por la emergencia invernal ocurrida entre 2010 y 2011. En 2025 su presupuesto fue superior a $668.000 millones.
“Ojo Presidente @DELAESPRIELLAE, en este momento avanza la imputación del hermanito del jefe de la banda Miguel Quintero y otras tres personas, entre ellas la abogada Vanesa Álvarez Restrepo, quien según la Fiscalía hizo parte de la estructura que se creó para desfalcar los recursos de la ciudad”, apuntó el mandatario en su cuenta de X.
Y a renglón seguido colgó unos extractos sacados de la plataforma de contratación pública Paco que dan cuenta de que Álvarez figura en una contratación por $355 millones que abarcaba de diciembre del año pasado a diciembre de 2026.
El objeto de esa contratación fue “prestar servicios profesionales como abogado brindando apoyo en las etapas precontractual, contractual y postcontractual, incluyendo la elaboración y revisión de documentos, así como el seguimiento y gestión de los proyectos a cargo del Fondo de Adaptación”.
Al verificar las minucias de ese contrato uno se encuentra con que específicamente a nombre de Álvarez figura un contrato por $58.410.872 por prestación de servicios entre el 2 de octubre de 2025 y el 2 de febrero de 2026, es decir que por mes ganaba más de $14.500.000.
Según Gutiérrez, es como si el gobierno de Gustavo Petro la hubiera premiado después de hacer parte, presuntamente, de un esquema con el que habrían desfalcado el erario de la capital antioqueña.
También en Paco figuran los contratos de Vanesa Álvarez como asesora jurídica en el Área Metropolitana, un rol por el que justamente ahora es investigada y por el que la Fiscalía pediría medida de aseguramiento contra ella mientras concluyen las indagaciones.
Igualmente, están los contratos de cuando fue parte del equipo de apoyo de Lucas Cañas en el Concejo de Medellín (enero a julio de 2022) y el Hospital La María.
Estos antecedentes demuestran que si algo parece caracterizar la trayectoria de Vanesa Álvarez —hoy enredada en el escándalo de presunta corrupción en el Área Metropolitana durante el anterior periodo— es su descollante carrera y su capacidad para relacionarse en altos círculos del poder.
Esta última es una característica que ha estado unida a la dedicación para estudiar y la capacidad de trabajo que le reconocen quienes han estado en entidades donde ella se ha desempeñado.
No obstante, este lunes, dentro de la audiencia de imputación de cargos por presunto interés indebido, lo que se notó fue justamente el intento de su defensa por bajarle el perfil a la actuación de Álvarez dentro del organigrama del Área Metropolitana que intervenía en la contratación.
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Su abogada Katherine Meneses le pidió a la fiscal que especifique cuál fue el papel directo de su defendida en la comisión de los hechos presumiblemente punibles que se investigan en este caso. Por ejemplo, cuál fue su actuación en la presunta reunión para negociar una rebaja en la coima exigida por la contratación con los bomberos de Itagüí, cuáles fueron los elementos que constituyeron dolo y cuáles sus actitudes omisivas dentro de las competencias que tenía como contratista, no funcionaria de planta del Área Metropolitana.
En esta misma diligencia, Miguel Quintero está siendo imputado como presunto determinador de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación, al igual que Villada, en tanto que Sebastián Ortega responde por presunto peculado por apropiación.
Roles en el presunto entramado currupto
El jueves pasado, 10 de septiembre, la fiscal 40 anticorrupción les leyó a estas cuatro personas los cargos, con una explicación de cuál habría sido su rol en un desfalco que habría alcanzado los $2.481 millones dentro de seis contratos por un monto total de $17.656 millones que celebraron el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
En el caso concreto de la abogada Álvarez, la delegada de la Fiscalía detalló que esta, como parte de la subdirección Administrativa y Financiera, cuya cabeza era Villada, habría elaborado los estudios previos y habría participado en una reunión, de junio de 2020 en la que, según la funcionaria judicial, junto con su jefe, pactó con Misael Cadavid, quien era el gerente de los bomberos, una rebaja de la comisión ilegal por los contratos, del 20% al 15%.
Los demás abogados defensores también pidieron precisiones de la Fiscalía y en general tienen que ver con que se discrimine concretamente cuál fue el papel de cada uno en los presunto hechos que iban contra la ley.
El abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, comenzó cuestionando que el tipo penal que la Fiscalía le está aplicando a su defendido sea el adecuado, pues aseguró que si el dinero del que, según la fiscal, se habrían apropiado, ya se suponía que hacía parte de las ganancias de un particular (los bomberos), no se habría configurado peculado (que obra sobre un bien público).
La segunda inquietud tuvo que ver con la posición que supuestamente tenía Miguel Quintero en el presunto tinglado corrupto dentro del Área. La Fiscalía aseguró que era el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero el que daba las instrucciones para la comisión de la conducta presuntamente delictiva; por ello, Trespalacios solicitó precisar cómo este dio las directrices y cuáles fueron los destinatarios de las mismas.
Así mismo, pidió precisar cuándo ocurrieron las conductas que le atribuyen a su defendido con relación a cada contrato, igual que los sitios donde esto sucedió.
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Debido a que la fiscal 40 anticorrupción, que lleva el caso, había pedido tener tiempo suficiente para responder de manera coherente y completar las preguntas de los colegas que conforman la contraparte, el juez 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías decidió dar un receso hasta este martes 15 de septiembre a las 2:00 pm.
BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- ¿Qué papel habría tenido Vanesa Álvarez en el presunto desfalco del Área Metropolitana?
- Según la Fiscalía, Vanesa Álvarez, quien hacía parte de la Subdirección Administrativa y Financiera del Área Metropolitana, habría elaborado estudios previos de contratación y participado en una reunión de junio de 2020 en la que, junto con su jefe Álvaro Villada, presuntamente se acordó reducir del 20 % al 15 % la comisión ilegal relacionada con los contratos con los Bomberos de Itagüí.
- ¿De cuánto eran los contratos entre el Área Metropolitana y los Bomberos de Itagüí investigados por la Fiscalía?
- Los seis contratos investigados sumaban $17.656 millones, mientras que el presunto desfalco o esquema de cobro de comisiones ilegales habría alcanzado $2.481 millones, según la imputación de la Fiscalía.
- ¿Qué cuestionamientos hizo la defensa de Vanesa Álvarez durante la audiencia de imputación?
- La defensa pidió a la Fiscalía precisar cuál habría sido la actuación directa de Álvarez en los hechos investigados. Entre otros aspectos, solicitó que se estableciera cuál fue su participación en la reunión en la que supuestamente se negoció la reducción de la comisión, qué elementos demostrarían el dolo y cuáles habrían sido sus posibles omisiones dentro de las funciones que tenía como contratista.
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