Colombia camina hacia las puertas de un apagón, con un riesgo creciente de desabastecimiento eléctrico a partir de 2026 y 2027. Las alarmas ya están encendidas porque, si los proyectos de generación y transmisión no entran en operación a tiempo, la seguridad energética del país podría quedar en entredicho.
Según el operador del sistema eléctrico XM, los números hablan por sí solos. En 2025 el déficit proyectado de energía firme superará los 1.300 GWh, y si nada cambia, la brecha podría alcanzar más de 3.100 GWh en 2027. Eso se traduce en balances negativos de -1,6% en 2025, -2% en 2026 y hasta -3,5% en 2027.
Lea más: Las generadoras deben invertir hasta $13 billones anuales para garantizar la energía en firme
“Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un fenómeno climático extremo como el fenómeno de El Niño, o contingencias en los proyectos, ya no tenemos suficiente energía para cubrir el consumo. Este déficit de energía presiona los precios al alza y obliga a usar más respaldo térmico, lo que podría ocasionar restricciones en la atención de la demanda”, advirtió la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez Jaramillo.
Incluso, las nuevas proyecciones sobre el balance eléctrico advierten que, a partir de 2027 y 2028, la demanda de energía en Colombia superará la oferta disponible, según el Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), con base en cifras de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme) y el operador XM.
De acuerdo con ese análisis, aun con el aporte de las plantas termoeléctricas, solares y eólicas, la capacidad instalada será insuficiente frente a la demanda media proyectada hasta 2037.
El problema es que, mientras el consumo seguirá creciendo de forma sostenida en los próximos años, la expansión de la oferta avanza a un ritmo mucho más lento. Por ejemplo, en agosto de 2025, la demanda de energía fue de 7.212,14 gigavatios/hora, lo que significó un aumentó de 3,83% en comparación con 2024, cuando fue de 6.972,98 gigavatios/hora.
Entérese: Ante alerta de racionamiento en octubre, MinEnergía asegura que garantizará abastecimiento de energía y gas
En ese mismo sentido, César Acevedo, director del Programa de Ingeniería en Energía y Sostenibilidad de la Unab, explicó: “Este estrechamiento entre oferta y demanda implica que ante cualquier evento de estrés, por ejemplo, una sequía prolongada, retrasos adicionales en proyectos clave, o restricciones en el suministro de gas, que el sistema en un futuro cercano podría no tener el respaldo suficiente para cubrir la demanda, especialmente en horas pico, lo cual aumenta el riesgo de cortes programados o racionamientos”.
Las lluvias dan un alivio al sistema de energía eléctrico en Colombia
Por ahora, la coyuntura juega a favor. Las lluvias han sido generosas, por eso, los embalses están en su mejor nivel en los últimos años, con un 81% de capacidad y aportes hídricos por encima del promedio histórico.
Además, Hidroituango aporta unos 1.200 megavatios con cuatro unidades en operación, y la infraestructura de gas tiene respaldo de la regasificadora de Cartagena, que está activa, y la de Buenaventura que entrará en 2026.
Esto significa que ni en 2025 ni en 2026 se esperan graves racionamientos de energía, según los expertos. Pero el panorama cambia a partir de 2027, cuando los riesgos aumentan si no se materializan los proyectos renovables adjudicados en la subasta de 2021 y en la de cargo por confiabilidad de 2024, que aún no logran arrancar.
Le puede interesar: Hay riesgo de racionamiento de energía en octubre para cinco departamentos, ¿cuáles y por qué?
“Desde Acolgen hemos insistido en la necesidad de revisar con seriedad las señales que se han dado al mercado en función del balance oferta-demanda de los próximos años, para dar señales de política pública responsables, respetuosas de un diseño de mercado exitoso y que lejos de alejar la inversión, la atraigan. No tenemos margen de error y dependemos ahora de políticas públicas responsables. Este es un sector que ha demostrado ser resiliente y fuerte en los últimos 30 años. Sin una gestión adecuada por parte del Gobierno Nacional se puede poner en riesgo la seguridad energética y la fortaleza financiera del sector”, aseveró Gutiérrez.
A su vez, a mediano plazo, entre 2027 y 2029, la alerta es mayor porque los balances de energía proyectan déficits a partir de 2027, si la expansión de generación y transmisión no avanza. Por ejemplo, las líneas de transmisión troncales, como Colectora 500 kV, son críticas para evacuar energías renovables.
En ese orden, Orlando Palomino, director de la Maestría en Recursos Energéticos de la Udes y magister en Sistemas Energéticos Avanzados, dejó claro que no se proyecta un apagón inmediato entre 2025 y 2026, si el clima, los proyectos de energía y el gas acompañan, “pero el riesgo de déficit estructural aumenta a partir de 2027 si se retrasan obras”.
El cuello de botella: proyectos de energía que no arrancan en Colombia
El gran problema está en la lenta entrada de nuevos proyectos de generación. El rezago es evidente. Por ejemplo, en 2021 solo entró en operación el 7% de la energía esperada. En 2022, el 28%. En 2023, apenas el 17%. En 2024, el 25%. Y en lo corrido de 2025, apenas 1,9%.
Lo mismo ocurre con las redes de transmisión, hay proyectos clave con retrasos de hasta 13 años en el Sistema de Transmisión Nacional y de 11 años en el Regional, lo que dificulta evacuar la energía de nuevas plantas solares y eólicas.
“Es preocupante que los proyectos lineales de transmisión, que en condiciones normales no deberían tardar más de tres años, estén demorando entre cinco y siete por cuenta de consultas previas, permisos, problemas de seguridad y bloqueos de distintos grupos de interés”, advirtió Julio César Vera, presidente de la fundación Xua Energy.
Conozca más: Creg arranca la convocatoria para la subasta que busca asegurar la energía en Colombia en 2029 y 2030
Para el experto, la solución no pasa necesariamente por nuevas normas, sino por gestión más efectiva. “Lo que se necesita es un acompañamiento integral de la institucionalidad. Algunos de estos proyectos deberían ser declarados estratégicos, de manera que tengan prioridad en las políticas públicas, respaldo de las entidades operativas y, sobre todo, mayor seguridad y control territorial que permitan viabilizar su construcción”, señaló.
Por eso, el profesor Acevedo confirmó que, en los últimos años, Colombia ha conectado apenas entre un 15% y 25% de la capacidad eléctrica que se proyectaba anualmente. “Esto no solo afecta la disponibilidad futura de energía, sino también la capacidad operativa del sistema para mantenerse confiable ante contingencias. A esto se suma el envejecimiento de las redes de distribución a nivel local, que ocasiona fallas en la continuidad del suministro de energía”.
En palabras simples la dirigente gremial lo resumió así: “Si no logramos que entren más proyectos de generación y transmisión, el sistema se vuelve frágil y todos los colombianos podríamos enfrentar apagones”.
Además lea: Colombia necesita $40 billones en energía para no quedarse a oscuras: ¿de dónde saldrá la plata?
Otros obstáculos que limitan la expansión del sistema de energía en Colombia
Gran parte de los retrasos de la entrada en operación de proyectos de energía, según expertos y gremios, son las barreras en los trámites de licenciamiento ambiental, la conflictividad social en territorio y los procesos de consulta previa. “Cuando preguntamos a las empresas por las razones de la demora, la respuesta es clara, no existe un solo factor, sino una combinación de problemas”, afirmó Gutiérrez.
Uno de los puntos más críticos son los trámites ambientales. “Más del 58% de las empresas de Acolgen considera que el proceso de licenciamiento se ha vuelto más difícil”, señaló. A esto se añade otro cuello de botella: “Hoy no hay nuevas líneas de transmisión en construcción y la asignación de capacidad está suspendida, lo cual limita la entrada de proyectos”.
En esos casos Vera reconoció que las consultas previas son un requisito ineludible en el desarrollo de proyectos energéticos en Colombia. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de cómo se están aplicando en la práctica. “Hay que acabar con el poder de veto y, en muchos casos, de chantaje que se ha generado alrededor de estas consultas. Lo que necesitamos es ajustar, acotar y precisar los tiempos a través de normas y reglamentos claros”.
Lea aquí: Colombia ya supera 3 gigas en energías renovables, pero aún está lejos de cumplir la meta del Gobierno Petro
La seguridad en los territorios es otro factor que pesa. “El 100% de las empresas encuestadas coincidió en que la situación de seguridad empeoró en 2024”, destacó Gutiérrez. Su conclusión fue tajante: “Los retrasos son el resultado de trámites largos, consultas que no se resuelven y, en muchos casos, la falta de condiciones de seguridad para operar en regiones estratégicas”.
El académico Acevedo agregó que el problema no está en escoger entre desarrollo energético y respeto por las comunidades, porque ambos pueden ir de la mano. El lío es que hoy los procesos de licenciamiento ambiental y participación social marchan en contravía de la urgencia del sistema.
“En muchos casos hay desarticulación institucional, falta de información clara hacia las comunidades y ausencia de beneficios tangibles para los territorios, lo que termina alimentando resistencias legítimas y desconfianza frente a los proyectos”, explicó.
Para Acevedo, la salida pasa por ajustar la manera en que se gestionan los proyectos energéticos en el país. “La consulta previa necesita reformarse, debe ser un proceso eficiente, con plazos definidos y estándares claros, que garantice participación real, pero que no se convierta en un bloqueo indefinido”, afirmó.
Lea aquí: Petro pondría a estratos altos a pagar deudas por subsidios a gasolina y opción tarifaria; también viene cobro extra
Además, propuso cambios concretos: “Hace falta una ventanilla única ambiental y social que centralice los trámites y mejore la coordinación entre entidades. También es clave garantizar beneficios visibles para las comunidades —empleo, inversión local, infraestructura— como parte de un desarrollo territorial justo. Y, sobre todo, un acompañamiento técnico-social del Estado que facilite el diálogo entre comunidades, empresas y autoridades, especialmente en zonas conflictivas”.
El sector privado asume inversiones de cerca de $13 billones anuales
Pese a este panorama crítico, las empresas hacen las inversiones en los proyectos a riesgo propio y con recursos propios, no con recursos del Presupuesto General de la Nación. Se estima que sus inversiones anuales ascienden a los $13 billones para garantizar la prestación del servicio, además de las inversiones ambientales y sociales.
Por eso, el profesor Palomino advirtió que, en un escenario de incertidumbre, la confianza de los inversionistas no se gana con anuncios coyunturales, sino con reglas claras y consistentes. “La confianza del inversionista depende menos de los discursos y más de la estabilidad de las reglas de juego”.
En su criterio, el Gobierno debería enviar señales firmes y sostenidas en tres frentes. “Primero, garantizar estabilidad regulatoria: que los marcos de remuneración —como el Cargo por Confiabilidad, la asignación de energía firme o las tarifas de transmisión— se mantengan predecibles y sin cambios retroactivos”, explicó.
Entérese más: Las cuentas que no cuadran en el polémico proyecto del gobierno para bajar el recibo de la luz
El segundo punto es la certidumbre en la gestión de los proyectos. “Se necesitan hojas de ruta claras y verificables para trámites ambientales, consultas previas y obras de transmisión. Cumplir esos cronogramas es clave para que los inversionistas puedan planear sin sobresaltos”, agregó.
Por ejemplo, para llenar los vacíos de los rezagos (en los últimos cinco años solo ha entrado el 20% de la oferta que se esperaba), Isagén ha anunciado billonarias inversiones para que el portafolio, en una década, sea mitad hídrico y mitad solar. El objetivo es adquirir proyectos solares en fusiones y adquisiciones para sumar 1.000 megavatios más de capacidad de generación en tres años y completar 3.000 megavatios adicionales en los próximos diez años.
Solo el año pasado Isagén ya tomó acciones y compromisos contractuales para casi 500 megas porque el país necesita energía nueva, proyectos nuevos, lo que coincide con una visión de oportunidad de Colombia de largo plazo.
Consulte aquí: Con embalses recuperados, Colombia reactivará desde el 22 de julio exportaciones de energía generada con hidroeléctricas
El último punto, según Palomino, es el compromiso político. “Se requiere un mensaje unificado desde Presidencia, Minenergía y la CREG que respalde el papel de la inversión privada como motor de la transición energética. Eso debe ir acompañado de mecanismos de mitigación de riesgos, como seguros regulatorios, contratos de largo plazo o apoyo directo en las negociaciones con las comunidades”.
Tal es el caso de Celsia, compañía que ha insistido en que el sector eléctrico colombiano enfrenta una alta incertidumbre regulatoria que ha afectado la confianza de los inversionistas, teniendo en cuenta que algunas señales emitidas por el Gobierno han generado preocupación, llevando a que empresas —incluidas extranjeras— frenen sus inversiones o se retiren del país.
“Para que las compañías sigan apostando por desarrollos en generación y transmisión, se requieren condiciones de estabilidad jurídica y financiera. Esto implica reglas claras, predecibles y respetuosas de la propiedad privada, que se mantengan en el mediano y largo plazo. Las inversiones en este sector son multimillonarias: por ejemplo, un parque solar de apenas 20 megavatios puede costar entre 20 millones de dólares y 30 millones de dólares”, dijo Celsia.
Por eso, según la empresa, la expectativa es que, tanto en lo que resta del actual periodo gubernamental como en el próximo, se tomen decisiones acertadas y se den señales claras de confianza y continuidad, fundamentales para garantizar las inversiones necesarias en generación y transmisión, y así asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico en los próximos años.
Hoy las empresas agremiadas en Acolgen destinan alrededor de $3,1 billones al año, pero las necesidades reales del sistema se calculan entre $10 billones y $13 billones anuales.
“Esto significa que debemos quintuplicar el ritmo de inversión si queremos asegurar la confiabilidad. Para lograrlo se requieren ajustes urgentes como derogar normas que distorsionaron el mercado y obligan a escoger entre vender energía en contratos o participar en el esquema de confiabilidad; definir reglas claras y estables en la subasta de expansión”, enfatizó Gutiérrez.
En definitiva, la inversión privada en energía es esencial y representa más del 90% del desarrollo del sistema energético nacional. Sin confianza, esa inversión se detiene, se encarece o migra a otros sectores o países.
Además: “Mientras hay agua de sobra, precio de energía en bolsa se dispara 10 veces”: MinMinas pide investigar a generadores
Medidas urgentes para evitar la crisis eléctrica
A partir de los análisis de los expertos Vera, Acevedo y Palomino, estas son las medidas prioritarias para mitigar la crisis:
1. Agilizar nuevos proyectos, es decir, simplificar trámites, acelerar decisiones regulatorias y acompañar técnicamente la entrada de nuevas plantas de generación y líneas de transmisión.
2. Blindar el soporte térmico para garantizar abastecimiento de gas natural con nuevas fuentes, ampliar SPEC LNG y acelerar Pacífico LNG para dar respaldo firme.
3. Destrabar la transmisión crítica y priorizar como utilidad pública proyectos estratégicos como la línea Colectora 500 kV, vital para conectar hasta 1 GW de renovables.
4. Impulsar almacenamiento y flexibilidad, como subastar sistemas de baterías (BESS), fortalecer la respuesta de la demanda y mitigar la variabilidad de las renovables.
5. Promover autogeneración y eficiencia para masificar programas de ahorro energético, apoyar comunidades energéticas sostenibles y acelerar la adopción de medición avanzada.
6. Fortalecer la planificación hidro-térmica, con el manejo prudente de embalses, monitoreo climático y reservas estratégicas para anticipar sequías.
7. Dar señales claras al inversionista con estabilidad regulatoria, cronogramas cumplidos y mensajes unificados de respaldo político a la expansión energética.
8. Saneamiento de deudas y tarifas para saldar obligaciones pendientes en subsidios y opción tarifaria, reduciendo la exposición a la bolsa y mejorando precios de energía.
Regístrate al newsletter