La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) lanzó una alerta por el incremento sustancial en el uso indebido de los mecanismos de insolvencia en el país.
Según el gremio, esta figura legal, diseñada para ayudar a personas con dificultades reales de pago, está siendo utilizada de forma fraudulenta para evadir obligaciones financieras.
El fenómeno no solo involucra deudas con entidades bancarias, sino también compromisos con el sector solidario, empresas Fintech, compañías de telecomunicaciones y organizaciones del sector real.
De acuerdo con el análisis del gremio, en los últimos dos años se ha registrado un aumento significativo en las solicitudes de insolvencia, muchas de las cuales presentan irregularidades y actuaciones de mala fe.
Así opera el denominado “cartel de la insolvencia”
El “cartel de la insolvencia”, integrado por abogados asesores y centros de conciliación, consiste en recurrir a maniobras irregulares para facilitar el acceso indebido a este mecanismo.
Entre las prácticas detectadas se encuentra la creación de deudas ficticias para cumplir los requisitos legales y promover acuerdos que terminan perjudicando a los acreedores reales. También se ha identificado la participación de supuestos prestamistas, conocidos como “quiroamigos”, que aparecen en múltiples procesos de insolvencia e incluso, en algunos casos, están privados de la libertad.
Además, Asobancaria señala indicios de coordinación sistemática entre ciertos abogados y centros de conciliación, evidenciada en patrones repetitivos donde los mismos actores intervienen en múltiples procesos con inconsistencias.
Riesgos legales: delitos y posibles condenas
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, advirtió que estas prácticas no solo afectan al sistema financiero, sino que generan graves consecuencias para los involucrados, como el deterioro de la reputación crediticia, reportes negativos en centrales de riesgo y restricciones para acceder a financiamiento.
Desde el ámbito penal, el abogado Iván Cancino señaló que quienes participen en estas maniobras —incluidos abogados, deudores y prestanombres— podrían enfrentar delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento.
De ser condenados, los implicados podrían enfrentar penas de prisión.
Impacto en el crédito y la confianza del sistema financiero
El uso indebido de la insolvencia tiene efectos más amplios en la economía. Según Asobancaria, estas prácticas afectan la confianza en los deudores, elevan las exigencias para otorgar crédito y encarecen el costo del financiamiento.
Esto se traduce en mayores barreras para quienes sí requieren acceder legítimamente a soluciones financieras, generando un impacto negativo en el sistema en su conjunto.
Llamado a autoridades y advertencias a ciudadanos
Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, enfatizó que la insolvencia fue concebida exclusivamente para personas en situación de crisis real, no como un mecanismo para evadir obligaciones.
Asimismo, advirtió que los abogados que promuevan estos procesos de forma fraudulenta pueden enfrentar sanciones disciplinarias, incluida la pérdida de su tarjeta profesional, además de consecuencias penales.
Asobancaria hizo un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de control y supervisión, y a los ciudadanos para hacer un uso responsable de las herramientas legales.
El gremio reiteró que participar en este tipo de prácticas puede acarrear multas, sanciones disciplinarias y penas privativas de la libertad, al tratarse de conductas que implican engaño al sistema judicial.
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