La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) manifestó su preocupación frente a la compleja coyuntura social y económica que enfrenta el sector de la caña de azúcar en Colombia.
Según el gremio, la combinación de varios factores ha configurado un escenario de alta presión para productores micro, pequeños, medianos y grandes, así como para trabajadores, proveedores y municipios cuya economía depende en gran medida de esta actividad agroindustrial.
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Entre los principales elementos que afectan al sector se encuentran la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y la reducción de los niveles de productividad como consecuencia de las lluvias.
Inseguridad y más de 5.000 hectáreas afectadas en el norte del Cauca
Procaña advirtió que la presencia de estructuras delincuenciales ha agravado la situación en varias regiones productoras.
Según el gremio, el incremento de secuestros, actos terroristas y extorsiones, así como las invasiones que han afectado más de 5.000 hectáreas —especialmente en el norte del Cauca—, elevan el riesgo operativo y humano en el territorio.
Señaló que estas condiciones generan un entorno de incertidumbre que compromete la sostenibilidad de la actividad agrícola y la estabilidad de las comunidades rurales vinculadas a la cadena productiva.
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Industria de la caña hace llamado Gobierno
Procaña enfatizó que esta coyuntura pone en riesgo la estabilidad del empleo formal en el sector, que suma 280.000 puestos de trabajo y beneficia a más de 1,2 millones de personas en el país.
Ante este panorama, el gremio hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias de seguridad rural y garantizar los derechos humanos de trabajadores, sus familias y cultivadores de caña.
Asimismo, solicitó la implementación de medidas integrales que protejan la sostenibilidad del sector y la estabilidad social en las regiones productoras.
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El gremio reiteró la necesidad de priorizar la compra de etanol de origen nacional, al considerar que esta decisión fortalece la soberanía energética, protege el empleo formal y asegura los ingresos de miles de personas vinculadas a la cadena agroindustrial.
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