La reforma tributaria que impulsa el Gobierno de Gustavo Petro sigue en el centro del debate, pues busca asegurar los recursos necesarios para cumplir con las metas del Presupuesto General de la Nación del 2026.
A través de esta nueva Ley de Financiamiento, el Ejecutivo pretende recaudar $16,3 billones, monto con el que respaldaría el Presupuesto aprobado por el Congreso, que asciende a $546,9 billones.
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Desde la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes indicaron que el informe de la ponencia debe presentarse en un plazo no superior a 15 días calendario, esto a partir del recibo de la comunicación para los congresistas, el cual se dio el 30 de octubre de 2025.
Es decir, en las dos primeras semanas de noviembre la ponencia para el primer debate de la tributaria deberá estar lista.
“Nosotros estamos listos para la presentación y la discusión que sea necesaria. Estamos en los tiempos normales, recuerden que hace poco se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2026. No hay motivos de alarma de que haya una demora particularmente especial”, señaló Carlos Betancourt, viceministro de Hacienda.
El Congreso corre contra el reloj para tramitar la reforma tributaria
Apenas el pasado 31 de octubre, el Congreso designó el equipo de coordinadores y ponentes encargado de redactar la ponencia para el primer debate del proyecto de ley de financiamiento en la Cámara de Representantes.
Los legisladores tienen un plazo máximo de 15 días calendario para entregar el informe que abrirá las discusiones y votaciones.
Por ahora, la agenda de las comisiones Tercera y Cuarta de Cámara y Senado no incluye el proyecto, por lo que, si la ponencia se presenta al límite del plazo, el debate arrancaría la semana del 18 de noviembre.
De cumplirse ese cronograma, el Congreso contaría con solo cinco semanas de sesiones ordinarias, hasta el 16 de diciembre, para completar los cuatro debates que requiere una ley de este tipo —la cual, además, modificaría el Estatuto Tributario—.
En caso de que no alcance a aprobarse antes del cierre de sesiones, el trámite podría retomarse en febrero de 2026, durante el segundo periodo legislativo, que concluye el 20 de julio. En ese escenario, la reforma solo entraría en vigencia en 2027, por lo que el Gobierno no recibiría los ingresos adicionales durante su actual mandato, salvo por los impuestos de aplicación inmediata, como el IVA.
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El ministro encargado de Hacienda, Carlos Betancourt, aseguró que el Ejecutivo no contempla un plan B de recorte de gasto si la ley no se aprueba. Según explicó, la “apuesta decidida” del Gobierno es lograr el aval del Congreso, ya que los $16,3 billones que se buscan recaudar son cruciales para cerrar la financiación del Presupuesto General de 2026, estimado en $511 billones.
“Estamos convencidos de que lograremos los consensos necesarios porque estos recursos son indispensables para ajustar las finanzas públicas, mantener la inversión y cumplir el compromiso de retornar a la senda de la Regla Fiscal”, afirmó Betancourt.
Los principales cambios de la reforma tributaria en Colombia para 2025
Luego de los consensos a los que se llegó, con el fin de reducir en $10 billones la reforma, el Gobierno y algunos miembros de las comisiones económicas han señalado que el IVA a la cerveza ya no iría en la Ley de Financiamiento.
Aunque de igual manera, el sector licorero ha alertado que los demás licores y vinos podrían ser susceptibles de estar incluidos en la canasta gravable.
“La reforma tributaria que propone aumentar hasta en 40% los impuestos a los licores no solo amenazan la industria, sino miles de familias colombianas que dependen de ella, quienes trabajan en restaurantes, bares, hoteles y eventos en todo el país”, indicó Catalina Lasso, directora ejecutiva de Prolicores.
Algo parecido sucedería con el IVA a la gasolina, el cual, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya no estaría incluido en el texto que se discutiría. Al igual que los artículos que conforman la canasta familiar.
“La ley de financiamiento no tocará los artículos fundamentales de la canasta familiar. Será progresiva y concentrará el esfuerzo en los ingresos más altos”, señaló Ávila.
Otra de las propuestas de la reforma es un recargo de hasta 19% de IVA en productos del extranjero. Por lo que estos artículos le saldrían más costosos gracias a que ya no estarán exentos de las obligaciones tributarias.
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Mientras que algunos tributos que seguirían sería el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, el gravamen al sector financiero y algunos impuestos ambientales.
“El Congreso entendió la importancia de llegar a consensos. Esperamos que ocurra lo mismo con la reforma, que se presentará a finales de este mes y debería aprobarse antes de terminar el año”, apuntó Ávila.
Por su parte, Anif también había alertado que algunas de las propuestas planteadas en la Ley de Financiamiento antes del recorte de $10 billones podían llegar a desincentivar el ahorro y la inversión. Añadieron que esas modificaciones de tasas a ciertos sectores llevarían al país a tener que lidiar con las consecuencias fiscales.
Distribución del gasto del Presupuesto 2026 en Colombia
Desde MinHacienda indicaron que $358,1 billones (65,4%) iría para gastos de funcionamiento del Estado “que tienen por objeto atender las necesidades de operaciones estatales relativas al cumplimiento de sus funciones”.
Mientras que $100,4 billones (18,3%) serían para el servicio de la deuda por los créditos tomados por el Estado. Los $88,4 billones (16,1%) restantes serían para inversión, “que son los recursos que invierte el Gobierno en políticas públicas e infraestructura para materializar los objetivos de su programa”.
Es decir, en caso de no aprobarse la tributaria, el Presupuesto volvería a estar desfinanciado.
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A la carrera contra el tiempo se suma un ambiente político adverso. Varios partidos y congresistas ya han manifestado su rechazo a cualquier incremento de impuestos, una posición que también responde a la cercanía de las elecciones legislativas, previstas dentro de seis meses.
Inicialmente, algunos legisladores alertaron sobre posibles aumentos en impuestos a la gasolina y la cerveza, pero el presidente Gustavo Petro decidió reversar esa intención tras la polémica que generó el articulado.
Pese al ajuste, analistas y expertos advierten que los gravámenes contemplados podrían afectar la inversión privada, aunque reconocen que una reforma tributaria es necesaria para cerrar el déficit fiscal, que este año podría bordear el 7% del PIB.
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