En una decisión de última hora, el Consejo de Estado frenó las intenciones del Gobierno Nacional de mover masivamente los ahorros de miles de trabajadores desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones.
Es decir, el Consejo de Estado suspendió el decreto del Gobierno que buscaba el traslado de los ahorros personales de fondos privados a Colpensiones.
La medida cautelar de urgencia suspende los efectos de una parte clave del Decreto 415 de 2026, el cual buscaba acelerar el traspaso de recursos incluso antes de que las personas cumplieran los requisitos para jubilarse.
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$25 billones de fondos de pensiones al Gobierno
Cabe recordar que, a contrarreloj, y con plazos que en algunos casos vencían en menos de dos semanas, el Consejo de Estado optó por suspender de manera parcial el decreto en discusión.
La decisión se produce tras la demanda de nulidad presentada por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez contra el acto administrativo que obligaba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a transferir cerca de $25 billones correspondientes a afiliados acogidos al llamado “traslado de oportunidad”.
El decreto establecía que el 50% de esos recursos debía girarse en un plazo de 20 días, y el saldo restante en los 10 días siguientes.
El demandante califica la medida como un “salto al vacío” normativo. Sostiene que, conforme al marco legal vigente, los recursos pensionales deben permanecer bajo la administración de las AFP hasta que el afiliado consolide su derecho a la pensión, sin posibilidad de traslado anticipado al Estado.
En su acción judicial, Baena Álvarez plantea un conjunto de reparos jurídicos que incluyen un presunto exceso en la potestad reglamentaria, al considerar que el Ejecutivo habría intentado reescribir la ley, así como alertas sobre riesgos financieros derivados de la urgencia de liquidez del Gobierno.
Adicionalmente, la demanda advierte una posible desviación de poder, al sugerir que el decreto tendría como objetivo asegurar flujos de caja antes de un pronunciamiento definitivo de la Corte Constitucional sobre la Ley 2381 de 2024.
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