El nuevo esquema de seguridad social para los repartidores que trabajan mediante plataformas digitales podría tener un impacto económico y laboral mayor al previsto, según Alianza In Colombia, gremio que agrupa a empresas de aplicaciones móviles, plataformas digitales e innovación.
Su presidente ejecutivo, José Daniel López, aseguró en diálogo con EL COLOMBIANO que el Decreto 099 del 4 de agosto podría elevar en más de 200% el costo de la seguridad social para los repartidores de menores ingresos y generar la pérdida de decenas de miles de oportunidades de ingreso.
La alerta cobra relevancia por el tamaño que ya tiene esta actividad en Colombia. De acuerdo con la última medición anual realizada por el gremio, cerca de 625.000 repartidores entregaron al menos una orden durante un año a través de plataformas.
El gremio sostiene que el impacto sería especialmente fuerte entre jóvenes, migrantes y personas que utilizan el reparto como una fuente complementaria de ingresos.
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¿Qué cambió con el Decreto 099?
La discusión parte de la Ley 2466 de 2025, que incluyó un régimen especial de seguridad social para los repartidores independientes que trabajan mediante plataformas.
López explicó que durante la discusión de la reforma laboral hubo un consenso entre Gobierno, Congreso, plataformas y representantes de repartidores para establecer un modelo que permitiera mantener la flexibilidad de esta actividad y, al mismo tiempo, garantizar el acceso a la seguridad social.
La ley contempla dos posibilidades de vinculación: un contrato laboral tradicional o una relación independiente. Esta última es, según Alianza In, la modalidad que predomina ampliamente en el sector.
En ese esquema, el repartidor conserva la posibilidad de decidir cuándo trabaja, desde dónde lo hace y durante cuánto tiempo. Pero, a cambio, se estableció una fórmula especial para distribuir los aportes a seguridad social.
Las plataformas deben asumir el 60% de los aportes a salud y pensión, mientras el trabajador cubre el 40% restante. Además, las empresas deben asumir el 100% de los riesgos laborales.
El punto que el gremio considera determinante es que la Ley 2466 estableció que el ingreso base de cotización debía corresponder al 40% del ingreso real obtenido por el repartidor.
Para Alianza In, esta fórmula tenía una lógica económica porque buena parte de quienes trabajan en plataformas no lo hacen como una actividad de tiempo completo.
“Lo normal es que un repartidor primero complementa esa actividad o combina esa actividad con otras actividades económicas”, explicó López.
Además, un mismo trabajador puede recibir ingresos de varias plataformas durante un mismo mes, lo que hace que los ingresos individuales de cada aplicación puedan ser relativamente bajos.
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El problema que ve el gremio: cotizar por encima de lo que realmente se gana
Según López, el problema aparece porque el Decreto 099, en lugar de limitarse a establecer los mecanismos para aplicar la ley, introduce reglas que, a juicio del gremio, modifican la forma de determinar el ingreso base de cotización.
El caso de los riesgos laborales es uno de los ejemplos que más preocupa a las plataformas.
López explicó que, bajo las condiciones que interpreta del decreto, las plataformas tendrían que asumir el costo correspondiente a riesgos laborales sobre una base equivalente a un salario mínimo, independientemente de cuánto haya recibido el repartidor durante el mes.
Para dimensionar el efecto económico, planteó un ejemplo: un repartidor que realiza una sola entrega y obtiene $10.000 de ingreso podría generar para la plataforma un costo de aproximadamente $76.000 solamente por riesgos laborales.
Es decir, el costo de esa obligación sería más de siete veces superior al ingreso que produjo ese trabajador en el ejemplo.
“Una empresa de plataformas, vea un ejemplo absurdo, en donde un repartidor entregó una orden al mes y ganó $10.000, tiene que pagar por riesgos laborales $76.000”, señaló.
Ese valor, según López, está relacionado con la clasificación de riesgo correspondiente a quienes realizan labores de reparto en bicicleta o motocicleta.
Para Alianza In, el problema no es únicamente el costo individual de una cotización, sino el efecto que puede tener sobre el modelo de negocio de las plataformas.
Si mantener activo a un repartidor representa un costo fijo que puede superar ampliamente los ingresos que este genera durante un determinado periodo, el incentivo para las empresas sería reducir el número de repartidores disponibles.
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“Si usted le dice a una empresa de plataformas que para poder tener un repartidor tiene que entrar pagando $76.000 pesos mensuales, pues seguramente muchas plataformas van a optar por tener muchos menos repartidores”, afirmó López.
Pensión: el efecto de los cuartos de salario mínimo
El gremio también cuestiona la metodología prevista para los aportes a pensión.
López explicó que el decreto establece rangos determinados en cuartos de salario mínimo, lo que puede hacer que el ingreso sobre el cual se calcula la cotización sea superior al dinero efectivamente generado por el repartidor.
Por ejemplo, si una persona recibe $500.000 durante un mes en una plataforma, el cálculo no se realizaría exactamente sobre esos $500.000, sino que, según la explicación de López, el ingreso se llevaría al rango superior correspondiente a dos cuartos de salario mínimo, cercano a los $900.000.
El mismo efecto se presentaría con ingresos de alrededor de $1 millón, que terminarían llevándose al rango de tres cuartos del salario mínimo, cercano a $1,35 millones.
Para Alianza In, esto genera una distorsión económica porque el trabajador termina cotizando sobre una base superior a sus ingresos reales.
“Esa distorsión lleva a que el pago de pensión para los repartidores se vuelva más caro de lo que pretendía la ley”, sostuvo López.
El gremio considera que el efecto combinado de estas reglas puede hacer menos atractivo para las plataformas mantener una amplia base de repartidores y, al mismo tiempo, incrementar el costo de quienes reciben menores ingresos.
Un universo de 625.000 cuentas y un impacto que sería de decenas de miles
El tamaño del sector es uno de los principales argumentos de Alianza In para pedir una revisión de la norma.
La medición anual del gremio encontró cerca de 625.000 cuentas de repartidores que realizaron al menos una entrega. La cifra incluye cuentas y no personas, debido a que los trabajadores pueden operar simultáneamente en diferentes aplicaciones.
López sostiene que, aunque no es posible equiparar las cuentas con el número exacto de trabajadores, sí permite dimensionar la cantidad de personas que dependen de este tipo de ingresos.
Por eso, el gremio calcula que el eventual impacto en el mercado laboral podría traducirse en decenas de miles de oportunidades de ingreso menos si las empresas reducen el número de repartidores vinculados a sus plataformas.
El argumento económico de Alianza In es que el problema se concentra precisamente en los trabajadores de menores ingresos. Para quienes realizan pocas entregas o utilizan las plataformas solo durante algunas horas de la semana, un costo fijo de seguridad social puede representar una proporción muy elevada de lo que efectivamente generan.
Según el gremio, en esos casos el costo de la seguridad social podría aumentar más de 200% frente al esquema que consideran establecido en la reforma laboral.
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¿Por qué preocupa especialmente a jóvenes y migrantes?
Alianza In considera que el impacto no sería homogéneo. López señaló que una parte importante de quienes utilizan las plataformas de reparto son personas que buscan una fuente flexible de ingresos y que pueden combinar esta actividad con estudios, otro empleo, actividades independientes u otras plataformas.
Por esa razón, el gremio advierte que las nuevas reglas podrían afectar especialmente a jóvenes y migrantes, para quienes la posibilidad de conectarse a una aplicación y generar ingresos durante determinadas horas constituye una alternativa de entrada al mercado laboral.
Desde la perspectiva empresarial, además, el aumento de los costos podría modificar las decisiones de las plataformas sobre cuántos repartidores mantener disponibles.
El efecto, según el gremio, podría terminar trasladándose también al funcionamiento de un mercado que depende de una amplia oferta de trabajadores para atender los pedidos de los usuarios.
La disputa jurídica detrás del decreto
Más allá del impacto económico, Alianza In cuestiona la forma en que el Gobierno reglamentó la reforma.
López sostiene que la Ley 2466 de 2025 tiene una jerarquía superior al decreto y que, por esa razón, una reglamentación no podría modificar la fórmula establecida por el Congreso.
“La ley dice que el ingreso base de cotización es el 40% del ingreso. Pero el decreto lo que dice es que el ingreso base de cotización, por ejemplo, en riesgos laborales, es el salario mínimo mensual”, cuestionó.
El gremio asegura que presentó nueve observaciones al Ministerio del Trabajo durante el proceso de elaboración de la reglamentación, pero ninguna habría sido acogida en el texto definitivo.
Por ello, su solicitud al nuevo Gobierno es que revise la norma y adopte una nueva reglamentación.
Alianza In pide derogar el Decreto 099
La posición del gremio es que no basta con modificar algunos apartados del decreto.
“Nosotros creemos que el camino es derogar a la mayor brevedad este decreto y empezar también a la mayor brevedad la construcción de un nuevo decreto”, afirmó López.
La propuesta consiste en conservar el modelo de seguridad social que quedó consignado en la Ley 2466, pero desarrollar una reglamentación que, según el gremio, tenga en cuenta los ingresos efectivamente generados por los repartidores y la naturaleza flexible de esta actividad.
El debate, además, se produce en un momento de transición de Gobierno. López destacó que la expectativa del gremio es que la nueva administración revise la reglamentación con base en evidencia económica y en diálogo con las empresas y los trabajadores.
El otro frente: más de 1,2 millones de cuentas de conductores
Aunque el Decreto 099 se refiere específicamente a los repartidores, López también puso sobre la mesa durante la entrevista el debate pendiente sobre las plataformas de movilidad.
Según cifras de Alianza In, existen más de 1,2 millones de cuentas de conductores de vehículos particulares que han prestado servicios a través de plataformas durante un año. A esto se suman más de 200.000 cuentas de taxistas que utilizan aplicaciones para conseguir servicios.
El dirigente gremial reconoció que existen sectores del taxismo que se oponen a la operación de plataformas, pero sostuvo que la realidad del mercado muestra una relación distinta.
A su juicio, para muchos taxistas las plataformas dejaron de ser un competidor y se convirtieron en una herramienta para conseguir pasajeros e ingresos.
López agregó que las plataformas de movilidad tienen actualmente más de 8 millones de usuarios en Colombia y defendió la necesidad de avanzar hacia una regulación que permita a conductores y usuarios operar bajo reglas claras.
Ese debate, sin embargo, corresponde a otro frente regulatorio. La preocupación inmediata de Alianza In está concentrada en el Decreto 099 y en el costo que, según el gremio, puede representar para los repartidores de menores ingresos.
Para López, el objetivo final es evitar que una medida diseñada para ampliar la protección social termine produciendo el efecto contrario: encarecer el acceso a la seguridad social, reducir los incentivos para generar ingresos mediante plataformas y cerrar oportunidades de trabajo para miles de personas.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué establece el Decreto 099 para los repartidores?
- El Decreto 099 reglamenta el esquema de seguridad social de los repartidores que trabajan mediante plataformas digitales, incluyendo las condiciones para los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.
- ¿Cuántos repartidores podrían verse impactados?
- Según Alianza In, cerca de 625.000 repartidores realizan esta actividad en Colombia y hacen parte del universo que podría verse afectado por la nueva reglamentación.
- ¿Qué pide Alianza In al Gobierno?
- El gremio pide derogar el Decreto 099 y construir una nueva reglamentación que respete el esquema establecido en la reforma laboral y tenga en cuenta los ingresos reales de los repartidores.
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