Al impacto del impuesto al patrimonio se añadió el incremento en las transferencias ambientales. Según Andeg, la carga total para hidroeléctricas y plantas térmicas ascendería a $330.000 millones, lo que podría generar nuevas presiones sobre las tarifas de energía.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, advirtió que las nuevas medidas tributarias adoptadas en el marco de la emergencia económica tendrán un impacto directo sobre el sector eléctrico y podrían traducirse en mayores costos para los usuarios.
Según explicó el dirigente gremial, los decretos expedidos por el Gobierno establecen dos cargas principales para las empresas generadoras de energía.
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La primera es un impuesto al patrimonio del 0,5% sobre el patrimonio de las compañías en 2025. La segunda corresponde al aumento en las transferencias ambientales asociadas al Sistema Nacional Ambiental.
En concreto, las generadoras hidroeléctricas y térmicas deberán transferir un 2% adicional de sus ventas brutas durante los próximos seis meses. Esta medida aplicará para aquellas que estén ubicadas u operen en cuencas hidrográficas afectadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Con este ajuste, las hidroeléctricas pasarán de pagar del 6% al 8%, mientras que las térmicas aumentarán su aporte del 4% al 6%, es decir, dos puntos porcentuales adicionales frente a lo que venían contribuyendo en el marco de la Ley 99.
En términos fiscales, Andeg estima que el incremento en las transferencias ambientales representaría alrededor de $70.000 millones para las empresas de generación hidráulica y térmica.
A esto se sumaría un impacto cercano a $260.000 millones por concepto del impuesto al patrimonio para el sector de generación eléctrica. En total, la carga adicional rondaría los $330.000 millones.
Según Castañeda, estos mayores costos podrían trasladarse parcialmente a los usuarios, generando presiones adicionales sobre las tarifas de energía en el país.
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Castañeda reconoció que existe una emergencia derivada de las lluvias, especialmente en departamentos como Córdoba. Sin embargo, subrayó que será clave que la Corte Constitucional evalúe la proporcionalidad de los nuevos impuestos frente a la necesidad de atender a las poblaciones afectadas.
También recordó que la Contraloría General advirtió que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres cuenta con cerca de $2,6 billones sin ejecutar, recursos que podrían destinarse a la emergencia.
A esto se suma la propuesta de algunos gobernadores de utilizar regalías para enfrentar la crisis.
Desde la perspectiva de Andeg, las nuevas medidas vuelven a recaer sobre sectores como el minero-energético, que ya enfrentan altas cargas tributarias, lo que podría afectar su competitividad.
El presidente del gremio señaló que el impuesto al patrimonio envía señales negativas a la inversión, en un contexto en el que la formación bruta de capital en Colombia se encuentra en uno de sus niveles más bajos en las últimas décadas.
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“Con este tipo de decisiones el mensaje para las empresas es que no inviertan”, advirtió.
Desde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) también expresaron su preocupación frente a este aporte extraordinario del 2%, el cual, dijeron, podría tener efectos estructurales sobre la operación del sistema eléctrico, incluyendo una eventual “intervención en el manejo de los embalses”.
Según el Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, este cambio en el flujo de los recursos podría modificar la forma en que se toman decisiones relacionadas con la gestión ambiental y, eventualmente, con la operación de los embalses.
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