Los primeros meses de 2025 encontraron a Ecopetrol en el centro de una fuerte controversia que puso en entredicho la continuidad de su presidente, Ricardo Roa, y reavivó tensiones entre la administración de la compañía, su Junta Directiva y el Gobierno Nacional.
Los rumores sobre una eventual salida de Roa se intensificaron tras la revelación de un contrato por US$5,8 millones con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, que pasó de ser una asesoría jurídica puntual a una investigación interna de mayor alcance. Inicialmente, el acuerdo tenía un valor de US$875.000, pero fue ampliado mediante un otrosí firmado el 31 de diciembre de 2024, decisión que generó fuertes reparos al interior de la Junta Directiva.
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La polémica tomó mayor fuerza luego de una reunión a puerta cerrada entre el presidente Gustavo Petro y Roa, de la que no trascendieron detalles oficiales. Poco después, el propio Roa sorprendió con una breve intervención ante la Junta Directiva de Ecopetrol, a la que asistió apenas por 10 minutos, y en la que habría puesto sobre la mesa la discusión sobre su permanencia en el cargo.
En ese momento, quien era el presidente de la Junta Directiva, Guillermo García Realpe, calificó la modificación del contrato como “grave y abusiva” y aseguró que el órgano directivo no había otorgado su aval para el otrosí. Según explicó, en marzo se ordenó suspender esa ampliación contractual, pero la investigación formal solo se activó tras las revelaciones publicadas por un medio nacional.
A este episodio se sumaron las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación contra Roa, relacionadas con presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente, de la cual fue gerente. De concretarse su eventual llegada a un cargo ministerial, el proceso cambiaría de instancia y pasaría a manos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
En paralelo, comenzó a tomar fuerza la versión de que el presidente Petro tendría la intención de designar como nuevo presidente de Ecopetrol al actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, lo que avivó aún más la incertidumbre en torno al futuro de la petrolera.
Frente a los rumores, Roa fue enfático en señalar que no ha presentado su renuncia. “No es cierto. De ser así, eso tendría que hacerse ante la Junta Directiva y no he tenido sesión”, afirmó en su momento.
Así, Ecopetrol inició 2025 en medio de cuestionamientos sobre su gobernanza, tensiones políticas y decisiones contractuales que dejaron a la principal empresa del país bajo escrutinio público y con un panorama institucional cargado de incertidumbre.
Caída reputacional y financiera
Pero no solo ese enroque que se gestaba al interior del Gobierno marcó el año de “la joya de la corona”. A lo largo de 2025, también enfrentó un deterioro de su reputación corporativa y una fuerte caída en sus resultados financieros, factores que profundizaron el clima de incertidumbre alrededor de la compañía.
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En materia reputacional, el más reciente ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) 2025 confirmó una alerta que ya venía tomando fuerza en los pasillos de la industria: Ecopetrol está perdiendo oxígeno institucional. La petrolera cayó al puesto 17, un retroceso de 11 posiciones frente a 2024 y de 15 lugares respecto a 2022, cuando aún disputaba el primer lugar del escalafón.
El contraste es contundente. En 2019, Ecopetrol lideraba el ranking nacional; este 2025 atravesó uno de los desplomes reputacionales más severos de su historia, golpeada por cuestionamientos éticos, turbulencias financieras y una creciente crisis de confianza que pone en entredicho su rol como columna vertebral de las finanzas públicas.
El deterioro reputacional se dio en paralelo a un desempeño financiero más débil. En los resultados del tercer trimestre de 2025, la compañía reportó ingresos por $29,8 billones entre julio y septiembre, lo que representó una contracción de 13,8% frente al mismo periodo de 2024, cuando alcanzaron los $34,6 billones.
Las utilidades también reflejaron el impacto del entorno adverso. La ganancia neta cayó 29,8%, al pasar de $3,6 billones un año atrás a $2,5 billones en el mismo lapso de 2025, confirmando que el año estuvo lejos de ser tranquilo para la principal empresa del país.
Según Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, con los resultados del tercer trimestre de 2025 se completaron ya 11 trimestres consecutivos de caída en las utilidades de Ecopetrol, una tendencia que evidencia el deterioro financiero de la principal empresa del país.
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De acuerdo con su análisis, solo en los primeros tres trimestres de 2025 la caída acumulada de las utilidades alcanzó el 32%. En ese mismo periodo, el Ebitda se redujo de $42,3 billones a $36,7 billones, mientras que el margen Ebitda pasó del 43% al 40%.
Acosta detalló que esta tendencia negativa se ha mantenido de manera persistente desde 2023. En ese año, las utilidades cayeron 4,9% en el primer trimestre, 61% en el segundo, 46,5% en el tercero y 42% en el cuarto trimestre. En 2024, los retrocesos continuaron con descensos de 29,1% en el primer trimestre, 17,4% en el segundo, 28,3% en el tercero y 7,8% en el cuarto. Para 2025, la situación se agravó nuevamente, con caídas de 22,1% en el primer trimestre, 46,4% en el segundo y 29,8% en el tercero.
Entre los factores que explican este deterioro, Acosta señaló en primer lugar el precio internacional del crudo. Mientras en 2024 el barril se cotizó en promedio en US$82, en lo corrido de 2025 el precio promedio ha descendido a US$70,8. Actualmente, el crudo Brent —referencia para las exportaciones de Ecopetrol— se ubica alrededor de US$63,62 por barril.
En segundo término, el exministro advirtió que la revaluación del peso, cercana al 17% frente al dólar, ha afectado de manera significativa los ingresos de la compañía, al reducir el valor en pesos de sus exportaciones. A ello se suma el incremento en el costo de levantamiento del barril, que pasó de US$10 en 2023 a US$12, presionando aún más los márgenes operativos.
Otro factor relevante, según Acosta, ha sido el estancamiento y la caída de la producción, afectada por bloqueos y atentados contra la infraestructura de transporte de crudo. Aunque la producción total cayó cerca de 5%, al pasar de 754.000 a 751.000 barriles diarios, este descenso fue parcialmente compensado por un incremento del 17% en la producción del Permian, en Estados Unidos.
En este punto, el exministro calificó como un “dislate” la insistencia del presidente Petro en desinvertir en la cuenca del Permian, al señalar que se trata de la inversión más rentable del Grupo Ecopetrol. “Mientras el margen Ebitda consolidado de la compañía es del 40,4%, en el Permian alcanza el 76%”, subrayó.
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Acosta advirtió que la situación financiera de Ecopetrol también se ha visto afectada por decisiones fiscales y regulatorias. En particular, mencionó el Decreto 0572, que anticipa el pago de la autorretención en la fuente y elevó la tarifa para la industria petrolera del 5,6% al 7%.
A esto se suma la intención de la Dian de cobrar un IVA del 19% sobre las importaciones de combustibles, una interpretación que calificó como “amañada y errónea” y que, de prosperar, podría desestabilizar financieramente a la empresa.
Caída en la calificación crediticia
Al deterioro financiero y reputacional también se sumó un aumento en la percepción de riesgo. Una semana después de rebajar la calificación soberana de Colombia, Fitch Ratings hizo lo propio con Ecopetrol y redujo su calificación global de BB+ a BB, con perspectiva estable, evidenciando el estrecho vínculo entre la petrolera estatal y el perfil crediticio del soberano.
Aun así, la calificadora mantuvo el perfil crediticio individual (SACP) de Ecopetrol en ‘bbb-’, dentro del grado de inversión, al resaltar su relevancia estratégica como el principal productor de hidrocarburos del país.
Al explicar su decisión, Fitch subrayó el peso de la relación con el Estado. “Las calificaciones reflejan la participación del 82% del Gobierno en Ecopetrol. Las notas de la compañía están limitadas por la calificación soberana debido a la ausencia de una separación legal que aísle sus flujos de caja, así como al **acceso y control significativos que el Gobierno ejerce sobre la empresa”, puntualizó la agencia.
Para Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, otro factor clave de preocupación es el aumento sostenido del endeudamiento de Ecopetrol, que ya se aproxima a niveles que empiezan a afectar el riesgo crediticio y bursátil de la compañía, enviando señales de inestabilidad al mercado.
Movimientos internos y otras polémicas
En 2025, la petrolera también registró cambios internos significativos y enfrentó cuestionamientos sobre su gestión. Uno de ellos fue el nombramiento de Ángela María Robledo como nueva presidenta de la Junta, mientras que Guillermo García Realpe, quien se desempeñaba como miembro independiente, presentó su renuncia.
Robledo llegó a reemplazar a Mónica de Greiff, cuya salida se hizo efectiva en octubre, fecha en la que también se confirmó que Álvaro Torres Macías asumía como vicepresidente de la Junta.
Estos cambios se produjeron en un momento crítico, en el que la petrolera enfrentó un debate interno sobre su rumbo estratégico en medio del complejo contexto energético del país. La llegada de Robledo al cargo generó cuestionamientos y controversia, debido a su cercanía política con el presidente Petro.
Robledo fue representante a la Cámara y candidata a la Vicepresidencia en 2018 junto a Petro. Se incorporó a la Junta de Ecopetrol en marzo de 2024 y, aunque su trayectoria incluye experiencia en administración, alta dirección y liderazgo, así como en gestión de asuntos gubernamentales y política pública, no evidenciaría experiencia laboral ni académica en el sector de hidrocarburos, lo que, para algunos analistas, añade un matiz crítico al debate sobre la independencia y la idoneidad del órgano directivo de la compañía.
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Desde la óptica de Vera, estos constantes y permanentes cambios en el equipo directivo de Ecopetrol y sus filiales, y la forma en que se hicieron, respondieron más a intereses políticos o personales y no institucionales.
Por otro lado, otra polémica relevante fue la relacionada con Bernardo Enrique Forero Duarte, vicepresidente para la Región Andina Oriente. Reportes de alerta sobre su patrimonio, incluyendo un presunto incremento de $7.000 millones, permanecieron 10 meses sin avances internos, a pesar de haber sido entregados al presidente Roa. Forero negó irregularidades y aseguró que su patrimonio proviene de ingresos laborales, prestaciones y valorización de activos.
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Sin embargo, la controversia llevó a que, en un convenio con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Ecopetrol solicitara investigar las transacciones de varias personas vinculadas a la empresa, incluidos miembros de la Junta Directiva, vicepresidentes, exfuncionarios, sindicalistas y proveedores. El problema es que, en algunos casos, estos seguimientos se habrían realizado sin una orden judicial, lo que encendió fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de los procedimientos internos.
Así las cosas, Ecopetrol cerró 2025 en un escenario de incertidumbre institucional, presión financiera y desgaste reputacional, marcado por tensiones políticas, cambios directivos y cuestionamientos legales.
De cara a 2026, la compañía enfrenta el reto de recuperar la confianza del mercado, reforzar su gobernanza y garantizar la transparencia en todos sus procesos para sostener su papel estratégico como pilar de la economía colombiana y evitar que los conflictos internos y externos comprometan su estabilidad financiera y operativa.
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