La Junta Directiva de Ecopetrol vuelve a reunirse este lunes 6 de abril en un intento más por destrabar una decisión que ya completa dos semanas en suspenso, la continuidad de Ricardo Roa como presidente de la petrolera más importante del país.
La última sesión, el pasado 30 de marzo, terminó sin una determinación de fondo, pese a que el caso ya ha sido discutido en al menos tres encuentros.
El pulso ahora escala. Siete de los nueve miembros del órgano directivo sostendrán un encuentro con el presidente Gustavo Petro para evaluar escenarios que van desde la permanencia hasta una eventual salida o licencia.
Dado que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, cualquier decisión deberá ser reportada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), lo que añade presión internacional al proceso.
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¿Por qué crece la presión para la salida de Roa?
El origen del conflicto se remonta a mediados de marzo, cuando la Unión Sindical Obrera (USO) pidió la salida de Roa por las investigaciones en su contra que adelanta la Fiscalía.
Desde entonces, la tensión ha escalado. El sindicato ha advertido incluso sobre una posible huelga nacional si el directivo es ratificado.
A esto se sumó el malestar de accionistas minoritarios durante la Asamblea General del 28 de marzo. Allí, aunque no prosperó la inclusión de un punto para evaluar su renuncia, sí quedó en evidencia la preocupación por los efectos de su permanencia en los mercados.
Voces como la del presidente de la USO, Martín Ravelo, ya hablan de un “mapeo de riesgos” con asesoría legal internacional, mientras que desde la Asociación de Amigos de Ecopetrol se advierte un posible conflicto de intereses en las decisiones de la Junta.
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Investigaciones, resultados financieros y riesgo reputacional
El caso de Roa no se explica por un solo factor. Sobre su nombre pesan investigaciones por presunto tráfico de influencias, relacionadas con la compra de un apartamento vinculado a intereses en Ecopetrol, y por la posible violación de topes en la campaña presidencial de 2022, en la que fue gerente de la campaña Petro.
A esto se suma un deterioro financiero que tampoco pasa desapercibido. Por ejemplo, las utilidades de la compañía cayeron de $33,4 billones en 2022 a $9 billones en 2025, un desplome del 73% en tres años, en un contexto global retador para los hidrocarburos.
El blindaje político y la defensa de Roa
Pese al ruido, Roa se mantiene firme. Ha reiterado que no renunciará y sostiene que su situación jurídica no ha alterado la matriz de riesgos de la compañía.
Además, asegura que Ecopetrol ha actuado con transparencia ante los mercados, notificando el caso mediante formularios 6-K y en el reporte anual 20-F ante la SEC.
Su permanencia también encuentra respaldo político. Varios miembros de la Junta, como Hildebrando Vélez, Alberto Merlano, Ángela Robledo, Lilia Tatiana Roa, Juan Gonzalo Castaño y Carolina Arias, habrían estado a favor de desestimar los hechos en la sesión del 24 de marzo.
El propio presidente Petro ha salido en su defensa, atribuyendo las presiones a sectores políticos. En un mensaje público, el mandatario sugirió que detrás del intento de remover a Roa hay intereses ligados a contratos de petróleo y gas por cerca de $20 billones que están próximos a adjudicarse.
¿Qué está en juego para Ecopetrol?
Más allá del nombre de Roa, lo que está en juego es la credibilidad de Ecopetrol en los mercados. La compañía enfrenta una tormenta perfecta con tensiones sindicales, cuestionamientos de gobernanza, presión política y un entorno financiero desafiante.
La Junta ha insistido, en cabeza de su presidenta Ángela María Robledo, en que cualquier decisión debe ser objetiva, documentada y respetuosa de la presunción de inocencia. Sin embargo, el tiempo empieza a jugar en contra.
Aunque La Unión Sindical Obrera, USO, y un grupo de accionistas han pedido que se aparte del cargo, Roa ha encontrado blindaje político entre varios miembros de las Junta Directiva y el presidente Gustavo Petro, quienes se respaldan en la presunción de inocencia para mantenerlo en su asiento.
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