Un precio de oro por las nubes supondría una buena noticia para Colombia, que cuenta con dicha riqueza en su suelo. No obstante, ese brillo es apocado por la sombra de la informalidad que, sin mayor control, padece el país.
El precio del oro alcanzó los US$3.500 por onza troy, alcanzando un nuevo máximo histórico.
Solo para tener una idea del gran repunte que ha tenido, Según Bloomberg, el oro se ha valorizado cerca de 32% durante el presente año, superando el desempeño de casi todos los principales tipos de activos financieros.
Según los analistas, eso obedece a la incertidumbre de los inversores ante la guerra comercial que desató Donald Trump.
Y más reciente, por el temor que el presidente gringo pudiera solicitarle la renuncia al presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell.
La cuestión es que esto resulta una gran tajada para los grupos armados ilegales que se financian en parte con la extracción ilegal de este metal precioso.
El informe Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, apunta que el 85% del oro que se extrae para exportación tiene un origen ilegal en Colombia.
El documento precisa que se detectaron evidencias de explotación de oro
de aluvión con uso de maquinaria en tierra en Antioquia, ocupando el primer lugar, con 40.890 hectáreas.
Eso no es todo, según el Senado de la República, se estimó que la minería ilegal generaba entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en ganancias anuales, financiando a grupos armados ilegales y contribuyendo a la degradación ambiental.
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló en 2023 que el 73% de la explotación de oro de aluvión en Colombia se realizaba de manera ilícita, afectando más de 63.000 hectáreas. Antioquia y Choco son las regiones más afectadas.
El oro caro es una oportunidad, pero un desafío
Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM) esto precio representa una gran oportunidad económica para Colombia Antioquia y demás regiones y comunidades mineras.
Sin embargo, este escenario favorable también plantea serios desafíos para el país.
Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, argumentó: “Lamentablemente, el mayor beneficio de este auge lo están capturando actividades relacionadas con la extracción ilícita de minerales, que operan sin control ambiental ni social, aprovechando las restricciones normativas y la inseguridad que afecta de manera directa a la minería formal”.
Por cada onza de oro que se extrae legal y responsablemente, Colombia recibe cerca de 1,5 millones de pesos en regalías e impuestos, generando empleos, fortaleciendo instituciones en las regiones y asegurando prácticas sostenibles.
Por el contrario, la extracción ilícita de minerales priva al país de estos recursos clave, deteriora los ecosistemas, debilita el tejido social y profundiza los problemas de seguridad en los territorios.
Nariño apuntó que si Colombia quiere aprovechar esta coyuntura histórica, debe fortalecer la minería con políticas claras y efectivas que promuevan inversiones responsables y combatan decididamente la extracción ilícita de minerales.
Insistió en que la solución no está en la prohibición ni en mayores restricciones, sino en asegurar un marco regulatorio que permita al país aprovechar su enorme potencial minero con respeto ambiental, compromiso social y responsabilidad fiscal.
Los retos del oro caro para Colombia y Antioquia
En conversación con Luis Fernando Barrera, presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero de Colombia —APMC— advirtió los retos que suponen para el país el fuerte aumento del metal precioso en Colombia.
El líder gremial comentó que el país se enfrenta a varios riesgos críticos por la estrecha relación entre esta actividad económica y la ilegalidad.
1. Mayor atractivo para los grupos armados. La cuestión es que el hecho de que este activo esté tan costoso seduce de aún más a los grupos ilícitos.
Es sencillo, con un oro más caro, los criminales tendrán mayores ganancias ganancias ilícitas. Esta minería del oro se convierte en la fuente más atractiva para los ingresos de estos grupos armados y las bandas criminales, incluso, por encima del cultivo de la coca.
2. Aumenta el control territorial de los grupos armados, especialmente en los departamentos de Antioquia, Chocó y Nariño.
“Ya tenemos antecedentes en e bajo Cauca donde la minería y de ilegal se mezcla precisamente con el narcotráfico, con la extorsión y con el trabajo informal porque no cumple ninguno de los requisitos de seguridad social”, apuntó Barrera.
3. Se genera una mayor dificultad en el control de la trazabilidad del oro. Es decir, el sistema que permite rastrear el origen y recorrido de este metas desde su extracción hasta su comercialización por medio de tecnologías como la huella química y plataformas digitales.
La APMC sostuvo han identificado que mayores precios generar procesos de comercializaciones de falsas comercializadoras o informales, que comercializan este mineral hacia diferentes países como Venezuela, y luego se declara o legaliza como originario de ese país.
4. Controlar la pérdida patrimonial. Hay que tener en cuenta que en Colombia las empresas comercializadores de este metas deber cumplir requisitos por ley de el El REBICOM (Registro de Bienes de Comercio de Minerales) y ante la Dian.
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Al haber un mayor incentivo para la informalidad, pues el país recibe menores regalías y los municipios recibirán menos impuestos por el oro explotado.
“Esto en últimas qué va afectar la reputación del oro colombiano en mercados internacionales y hasta en convertirnos en países grises, en donde la comercialización del oro se convierte en una gran dificultad”, mencionó Barrera.
Lo que supone un riesgo para Colombia para mantener una buena reputación. De lo contrario se podría recibir sanciones y restricciones internacionales. Eso ocasiona la pérdida de confianza de las refinerías extranjeras y la dificultad en los tratados de libre comercio.
5. Posible aumento en los lavados de activos. Eso debido precisamente a que el oro es de fácil transferencia y transporte. De acuerdo con APMC se utiliza para blanquear recursos del narcotráfico y de la corrupción.
6. Podrían empeorar los conflictos socioambientales. El alza de los precios, como se mencionó antes, puede generar una expansión de las zonas extractivas e impactar a las comunidades.
“Lo que suele suceder es que las comunides empobrecen más, mientras los grupos armado ilegales se vuelven más ricos”, indicó Barrera.
Además, hay que recordar que esta minería es una de las causantes de la deforestación, que impacta al medioambiente, además de la contaminación por el mercurio en los ríos.
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