Hace más de tres décadas, Colombia enfrentó un apagón que marcó a toda una generación: los relojes se adelantaron para aprovechar la luz del día y los cortes de energía se convirtieron en parte de la rutina. Hoy, con un consumo eléctrico en constante aumento y señales de alerta sobre la capacidad del sistema, ese recuerdo vuelve a proyectarse como una amenaza latente.
Y aunque hoy parezca impensable vivir sin electricidad —un servicio que los colombianos damos por sentado, en parte porque desde entonces no ha habido un apagón generalizado—, esa aparente seguridad puede resultar engañosa. En la región ya hay países cuyos sistemas eléctricos colapsaron, obligándolos a volver al racionamiento, un escenario que Colombia no puede darse el lujo de ignorar.
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La situación interna refuerza esta alerta. Según datos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del mercado mayorista de energía, en los últimos cinco años la capacidad de generación que realmente entró en operación estuvo muy por debajo de lo previsto para cubrir la demanda: en 2021, en plena pandemia, apenas se incorporó el 7% de lo esperado; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%, y en lo corrido de 2025 solo el 1,4%, equivalente a 50 megavatios (MW) de los 3.517 MW estimados.
Ese rezago ya comienza a proyectarse hacia el futuro. La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) estima que, de mantenerse esta tendencia, el país enfrentará un déficit de energía del 4% en 2028 y del 6% en 2030.
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Racionamientos en Ecuador, ¿un espejo para Colombia?
En los últimos cinco años, varios países de la región enfrentaron apagones: Ecuador, México, Argentina, Venezuela, Brasil, Panamá, Perú, Guatemala y El Salvador han sufrido cortes de energía que alteraron la vida cotidiana de millones de personas.
Uno de los casos más recientes y cercanos es el de Ecuador, donde el año pasado se registraron racionamientos de hasta 14 horas diarias. Aunque la explicación inmediata fue la drástica reducción de las reservas hídricas —resultado de la peor sequía en más de seis décadas, en un país donde el 70% de la energía proviene de hidroeléctricas—, la raíz del problema estaría en la falta de apertura a la inversión privada y en una infraestructura incapaz de responder al crecimiento de la demanda.
Jorge Luis Hidalgo, experto reconocido del sector eléctrico ecuatoriano, ha advertido que ese país enfrenta un déficit de 1.080 megavatios, equivalente al 20% de su capacidad de generación. Aunque el Gobierno atribuye la crisis a la “grave falta de lluvias”, el especialista sostiene que se trata de un problema estructural que no tendrá solución en el corto plazo.
“Para cubrir la demanda, Ecuador ha incrementado la importación de energía desde Colombia y reforzado la generación termoeléctrica. Solo en los últimos dos años, el país ha gastado más de US$650 millones en la compra de electricidad al vecino país”, resaltó el experto ecuatoriano.
Este escenario no resulta ajeno para nuestro país. Según Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, la causa de lo que ocurre en Ecuador es muy similar a la situación colombiana: ambos dependen, en gran medida, de la generación hídrica y a esto se suma el atraso en la ejecución de proyectos de generación y transmisión, consecuencia de la estatización del sector y de la falta de espacio fiscal.
“En Colombia, el sector eléctrico llegó a absorber el 45% de la deuda pública, limitando las inversiones necesarias. Además, de los 3.000 MW de capacidad instalada en plantas térmicas, solo 700 MW están operativos por obsolescencia y falta de mantenimiento”, aseveró Acosta.
Otro factor crítico, añadió, son las tarifas, “fijadas por el Ejecutivo más por decisiones políticas que por criterios técnicos. Y, finalmente, la sequía actúa como detonante del riesgo de apagón: como diría Warren Buffett parafraseando, cuando baja el nivel de los embalses, se ve quién ‘venía nadando desnudo’”.
Desde la óptica de Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, la situación de Ecuador también guarda similitudes con el apagón que hubo en Colombia en 1992, un episodio que evidenció las consecuencias de la falta de previsión, inversión y señales claras al mercado.
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“Hace unos 10 años, Ecuador tomó una decisión y fue decir: ‘no quiero inversionistas privados en el sector eléctrico’. Y lo vetó por Constitución. ¿Por qué esto se parece al caso nuestro? Porque era exactamente lo mismo que teníamos antes del año 91: el único que hacía inversiones en el sector era el Gobierno”, recordó, advirtiendo que Colombia no puede repetir ese error.
Y es que, en aquel entonces, las inversiones en el sector eléctrico colombiano dependían exclusivamente de capital público, con recursos limitados y un alto nivel de endeudamiento. Como consecuencia, el Estado tuvo que asumir pasivos cercanos a US$2.000 millones; las empresas enfrentaban graves problemas de insolvencia y deficiencias administrativas, lo que obligaba al Gobierno a asumir sus deudas y tomar el control de estas.
De esa experiencia, ha habido una lección fundamental: las inversiones en energía son cuantiosas y no pueden aplazarse. En Colombia, en los últimos 30 años, por ejemplo, se han invertido más de $140 billones, lo que permitió casi duplicar o triplicar la capacidad de generación, transmisión y distribución, logrando un servicio de calidad.
Y eso es lo que ha salvado al país en medio de la crisis financiera de las empresas comercializadoras de energía –por los $2,2 billones que el Estado les adeuda por subsidios–, de la escasez de gas natural y sobre todo por la falta de nuevos proyectos de energía en firme durante el gobierno de Gustavo Petro.
La situación es de alto riesgo de racionamiento, sobre todo, por la limitada oferta de energía, que reduce considerablemente la capacidad de maniobra del sistema.
Un sistema eléctrico que necesita firmeza
Con el aumento sostenido de la demanda de energía, resulta cada vez más urgente la incorporación de nuevos proyectos a la matriz eléctrica nacional. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ya convocó una nueva subasta de expansión del Cargo por Confiabilidad para el periodo 2029-2030, pero varios gremios del sector han advertido que este proceso debería incluir todas las tecnologías y no restringirse únicamente a renovables como solar y eólica.
La preocupación surge porque en la subasta anterior, que garantizará el suministro para 2027, el 99% de la capacidad fue asignada a proyectos solares y apenas el 1% a plantas térmicas con biomasa, lo que incrementa la dependencia de fuentes intermitentes y pone en entredicho la seguridad del sistema en momentos críticos.
Al respecto, Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), explicó que las fuentes eólica y solar son necesarias para diversificar la matriz, pero advirtió que no se puede descuidar ni relegar a las hidráulicas y térmicas, responsables de que el país no haya enfrentado apagones desde 1992.
Para ilustrar el riesgo de depender solo de renovables no convencionales, Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, puso como ejemplo lo ocurrido en España. Allí, la rápida incorporación de energía solar y eólica ha empezado a generar riesgos operativos, especialmente porque desplazó a las fuentes convencionales que proporcionan inercia y capacidad de respuesta rápida.
El caso más crítico se registró el pasado 28 de abril, cuando la Península Ibérica sufrió un apagón al superar la energía solar y eólica el 70% de la generación, rebasando el límite habitual del 65%. Las fluctuaciones de voltaje y frecuencia activaron protecciones automáticas que desconectaron centrales, causando una falla sistémica en cinco segundos. La escasez de fuentes síncronas, como térmicas e hidráulicas, dejó a la red sin inercia, y reactivar plantas de gas tardó entre 60 y 150 minutos, tiempo insuficiente para estabilizar el sistema.
Pero el desafío no se limita a diversificar la matriz. El sector también enfrenta el debate sobre la posible eliminación del cargo por confiabilidad –propuesta realizada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma–, un mecanismo clave que asegura que las empresas generadoras estén disponibles en momentos críticos, como durante las sequías, y que ha garantizado la estabilidad energética del país desde 2006.
Gutiérrez, de Acolgen, consideró que el mecanismo de confiabilidad está distorsionado debido a resoluciones de la Creg que crearon un trato desigual en la forma como se activa y se paga este ‘seguro’ energético.
“Esto genera un riesgo elevado de que el mecanismo se active incluso cuando no exista una verdadera condición de escasez. Además, provoca un impacto financiero negativo para las empresas, obligándolas a tomar decisiones que siempre afectan al usuario final: o participan en el mecanismo de confiabilidad o venden su energía mediante contratos a largo plazo”, explicó.
Para la líder de Acolgen, cada opción tiene un costo: enfocarse en solo confiabilidad reduce la oferta de contratos y expone a los usuarios a precios volátiles; mientras que priorizar contratos deja al sistema vulnerable ante fenómenos como El Niño.
A la espera de señales adecuadas
Uno de los grandes retos del sector es asegurar inversiones por al menos $40 billones en los próximos 10 años, para garantizar un suministro confiable y evitar un apagón.
Pero, al tratarse de proyectos de largo plazo, se depende en gran medida de la confianza inversionista. Según Castañeda, “las empresas invierten en el sector no porque exista un contrato o una concesión, sino porque confían y creen. ¿En qué? En la regulación. Aquí se invierte con señales claras; si no hay estabilidad, el capital no fluye”.
Para, Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, si bien se trata de proyectos que se extienden hasta 10 o 20 años, tiempo en que nadie sabe con certeza qué ocurrirá, se necesitan condiciones que brinden estabilidad.
“Como se dice en el entorno británico, el rule of law, que es la seguridad de que sus inversiones van a estar garantizadas y que, dado que se trata de decisiones de largo plazo con montos muy significativos, se respetarán y honrarán las condiciones iniciales bajo las cuales ingresaron”, agregó.
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Ahora, esa confianza también ha visto amenazada por la narrativa oficial contra las empresas del sector. El exministro Acosta advirtió que los mensajes del presidente Gustavo Petro sobre supuestos abusos de las compañías y la ilegalidad de las tarifas —a pesar de estar reguladas por la Creg desde 1994— minan la percepción de estabilidad jurídica y desalientan inversiones.
Así las cosas, solo con reglas claras y estabilidad regulatoria se puede mantener la luz encendida y el país en marcha, evitando que la historia energética vuelva a poner a prueba a los colombianos.
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